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Educación y los sindicatos de la UPV abren la negociación sobre el sueldo de los docentes

El monto de la subida y su extensión generalizada son los principales puntos pendientes

La consejería de Educación y todos los sindicatos representados en la UPV abrieron ayer de manera efectiva las negociaciones para mejorar las retribuciones del profesorado de la universidad pública. Tras tres jornadas de huelga respaldadas de forma abrumadora por los 4.200 docentes, la voluntad de diálogo anunciada por todas las partes se impuso en la reunión mantenida en Vitoria entre representantes del departamento, el Rectorado y las centrales. Con todo, éstas últimas condicionaron la renuncia a convocar nuevas movilizaciones en época de exámenes a un aumento de sueldos generalizado y cifrado por término medio en 6.000 euros brutos anuales, los principales puntos de fricción.

Los alumnos de la universidad pública pueden, por el momento, respirar tranquilos. Tendrán exámenes y profesores para evaluarles en este final de curso. El horizonte queda despejado al menos hasta el próximo 8 de junio, la fecha que han fijado las centrales, el Ejecutivo y el Rectorado para mantener una nueva reunión. Ésta es, sin embargo, la única certeza y el único punto en que coinciden las tres partes después de la reunión mantenida ayer. Tras dos horas de debate en el que la viceconsejera de Educación, Ibone Amezaga, estuvo secundada por un representante del departamento de Hacienda, resultó llamativo el optimismo mostrado por el Ejecutivo frente a la cautela cuajada de advertencias que desplegaron los responsables sindicales.

Mientras Amezaga hablaba de "principio de acuerdo", las centrales prefirieron limitarse a dar por iniciadas las conversaciones y a apreciar "un cambio cualitativo" en la postura del departamento dirigido por Tontxu Campos. Sin embargo, alertaron: "Este paso no es tan optimista y esperanzador como pudiera parecer".

Tras reiterar que la unidad sindical que ha caracterizado este enfrentamiento se mantiene sin cambios, los representantes de los docentes quisieron dejar claro que la posibilidad de convocar nuevas acciones y huelgas en pleno final de curso no ha desaparecido. "No renunciamos a utilizar los instrumentos de lucha sindical si el día 8 no se producen avances significativos", destacaron.

"Un proceso complicado"

Esos avances "significativos" se basan en los principales apartados que han marcado el discurso reivindicativo de las centrales durante los últimos meses. Por un lado, el carácter lineal del aumento salarial más allá de la limitación a profesores a tiempo completo que se establecía en el proyecto de decreto de complementos acordado por la consejería y el Rectorado, ahora paralizado. Por otro, el carácter "significativo" del incremento retributivo, calculado por las centrales en 6.000 euros brutos anuales por término medio. "Una subida residual alejada de nuestros parámetros no entra en nuestros cálculos. Si se produjera, entraríamos en otros términos de reivindicación", alertaron.

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Los representantes sindicales insistieron en el pronóstico de un "proceso complicado" marcado por "posiciones de partida distantes". Aun admitiendo la existencia de una labor negociadora ardua, fuentes de Educación prefirieron mostrarse optimistas. "Ha habido voluntad negociadora por las dos partes y disposición a aceptar los otros puntos de vista, y eso es importante. A nosotros nos gustaría poder cerrar el acuerdo en la cita del 8 de junio, pero tampoco descartamos que sean necesarios más encuentros", explicaron.

La deriva de las conversaciones la fijará el documento base que los sindicatos entregarán al Rectorado y al Gobierno el próximo día 2. En este texto, las centrales establecerán las posiciones que deberán ser recogidas en el nuevo proyecto de decreto de complementos. Este nuevo texto se convertiría así, de alcanzarse un acuerdo, en el instrumento para materializar las demandas de los docentes.

En el camino se ha quedado la reivindicación sindical de la inclusión de la subida de sueldos en el sistema retributivo general. La insistencia del Ejecutivo autónomo, a través de Tontxu Campos y de la portavoz, Miren Azkarate, de que los posibles incrementos salariales se circunscribían a sus limites competenciales, ya que la retribución del profesorado universitario compete al Gobierno central, decidió a los sindicatos a dejar a un lado una demanda que, en los primeros momentos de la protesta, habían calificada de "irrenunciable".

El Rectorado de la UPV optó ayer por no pronunciarse de forma pública ante la apertura del proceso negociador y se remitió a las declaraciones hechas por el rector, Juan Ignacio Pérez, durante las últimas semanas, en las que había expresado su "optimismo" y su certeza de que se conseguirá un acuerdo que dignificará las retribuciones de los docentes "en un plazo razonable".

Representantes de los sindicatos llegan a la sede de Educación para la reunión.
Representantes de los sindicatos llegan a la sede de Educación para la reunión.PRADIP J. PHANSE

Un decreto muerto antes de nacer

La defunción del proyecto de decreto de complementos de productividad del profesorado de la UPV quedó clara en la reunión que mantuvieron ayer en Vitoria representantes de la consejería de Educación, el Rectorado y los sindicatos. Cuando parecía a punto de llegar a su fin la demora de más de un año en el cumplimiento de uno de los principales puntos del acuerdo firmado en diciembre de 2004 por la anterior titular de Educación, Anjeles Iztueta, y el rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, el rechazo frontal de los sindicatos, motivado en parte por ese dilatado retraso, y la recuperación del protagonismo de las demandas de subidas salariales generalizadas han determinado que el decreto se haya quedado a las puertas de su sanción por el Gobierno.

Los sindicatos habían calificado el contenido del texto como "inasumible" en reiteradas ocasiones al chocar frontalmente con sus principales reivindicaciones. De hecho, una de las principales, la extensión de los aumentos retributivos a todos los docentes, trabajen a tiempo completo o parcial, sean sustitutos o fijos, funcionarios o contratados laborales, era imposible si se aprobaba el proyecto de decreto. En su artículo 2, el texto limita la opción de complementos al personal docente e investigador funcionario, al profesorado contratado permanente y los investigadores permanentes a tiempo completo y con una antigüedad mínima de cinco años. Este requisito cerraba las posibilidades de optar a estos incentivos a 1.400 profesores, uno de cada tres miembros de la plantilla docente.

Las razones del rechazo al decreto esgrimidas por los sindicatos se extendían también a las limitaciones financieras que establecía el texto a los complementos. El segundo punto de su artículo 9 señala que "en el caso de que la cuantía total de los complementos asignados superase el importe global máximo destinado a tal fin, el Consejo Social de la UPV deberá proceder a un sistema de prorrateo de las cuantías de los tramos correspondientes entre los solicitantes evaluados positivamente, siempre y cuando no se supere" dicho límite.

Para evitar interpretaciones erróneas, el documento fija en el siguiente punto que "en todo caso, la convocatoria deberá recoger expresamente el carácter limitado de los fondos públicos destinados a la asignación de complementos y las consecuencias derivadas de tal circunstancia".

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