ELA acusa al Ejecutivo de apoyar la ley de Dependencia "a cambio de dinero"

El sindicato ELA reiteró ayer su rechazo a la al proyecto de ley de Dependencia del Gobierno central y criticó el acuerdo sobre la materia suscrito por los Ejecutivos de Madrid y Vitoria. ELA aseguró que el Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe ha vendido "su apoyo a un texto inadecuado a cambio de una financiación económica". En la manifestación del Primero de Mayo el secretario general del sindicato, José Elorrieta, ya censuró este pacto que consideró incomprensible dos meses después de que el Ejecutivo autónomo cuestionase el proyecto por invadir competencias propias. Elorrieta aseguró que el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, se estaba equivocando.

Para ELA, el proyecto de ley de Dependencia, al igual que en su momento lo fue el anteproyecto, es "rechazable y criticable" porque no presenta avances sociales, ni reconoce derechos ni garantiza una cobertura universal y pública, y, además, invade las competencias autonómicas. La primera central vasca cree que el Gobierno tripartito, con la firma del acuerdo con el Ejecutivo central, el pasado 20 de abril, dio "el visto bueno" a un proyecto que mantiene los mismos déficits que el anteproyecto. El representante de ELA, Mikel Noval, criticó también que el acuerdo entre ambos gobiernos se enmarca en el esquema pactado previamente por el Ejecutivo de Zapatero con IU-ICV y ERC, "no suponiendo ningún avance respecto a éste".

"ELA rechaza que el Gobierno vasco apoye un proyecto de ley sin avances sociales y con una clara invasión competencial" y critica que "se hace dejación de los derechos sociales y de las competencias a cambio de una financiación futura".

Dinámica "no soberanista"

Finalmente, ELA subrayó que estas actuaciones son "incompatibles con una política que mejore el bienestar social, así como con una línea que impulse un proceso soberanista". Para Noval, la normativa preparada en Madrid responde a "mucha propaganda", pero no supone avances en el terreno de los derechos sociales, por lo que no ha dudado en tachar de "vergonzoso" que el Gobierno vasco se sume a esta dinámica.

El acuerdo firmado por Madrazo y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reconoce las competencias exclusivas de Euskadi y el especial papel de las diputaciones y los ayuntamientos en la atención social. El acuerdo especifica que la financiación de las prestaciones mínimas fijadas por el Ejecutivo serán pagadas en toda España con cargo a los Presupuestos Generales, si bien su aplicación en Euskadi atenderá a lo dispuesto en el Concierto. En Euskadi cerca de 50.000 personas, según las estimaciones, podrían beneficiarse de la norma. El ministerio destinará este año nueve millones de euros para que el País Vasco desarrolle programas sociales y planes piloto dirigidos a la atención a las personas dependendientes.