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Tribuna:

La Bolivia de Evo Morales

En estos próximos meses de 2006 la Bolivia de Evo Morales tendrá que hacer frente a dos grandes asuntos que estaban ya en el programa electoral del MAS: la nacionalización de los principales recursos energéticos del país y la configuración de una Asamblea Constituyente que concluirá en la redacción de una nueva Constitución. El vicepresidente Álvaro García Linera ha avanzado ya algunos de los principios y criterios que orientarán la política gubernamental: habrá nacionalizaciones sin expropiación y se tenderá a la constitución de un Estado multinacional que ponga fin a la exclusión secular de las naciones indias.

Por lo que yo sé, ésta es la primera vez en la historia de América Latina en que se abordan conjunta y simultáneamente, y además desde el punto de vista de los de abajo, los dos grandes problemas de aquel mundo: el problema económico-social (marcado por las desigualdades y la existencia de importantes franjas de pobreza) y el problema nacional, o sea, la articulación alternativa, con criterios igualitarios y solidarios, de las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas. El hecho de que Evo Morales haya sido al mismo tiempo un dirigente cocalero con experiencia sindical y un aymara perteneciente a la cultura hoy mayoritaria en el país, pero tradicionalmente minorizada o excluida de la esfera pública, tiene mucho que ver con esta novedad histórica. Pero, siendo el hecho importante, no es lo determinante del proceso en curso.

Lo determinante en el proceso boliviano ha sido la gran movilización sociopolítica y sociocultural que ha tenido lugar en el país en los últimos tiempos, la conjunción de las reivindicaciones de sectores sociales y étnicos muy heterogéneos que, por fin, confluyeron en un programa alternativo y razonable del que Evo Morales resultó portavoz principal. Fue la protesta de amplísimos sectores sociales, en una sociedad tan abigarrada como corroída por la corrupción, lo que puso fin a la hegemonía de los partidos políticos tradicionales y ha dado al MAS y a Evo Morales la oportunidad de cambiar de abajo arriba las relaciones socioculturales y la forma de hacer política durante décadas. Lo que empieza a llamarse evismo es una consecuencia de esto. Y por ello no puede ser identificado en absoluto con otros procesos latinoamericanos próximos al cesarismo o al caudillismo.

Una de las cosas llamativas de lo que uno ve allí es la alta participación en el proceso sociopolítico. Pero aún más fascinante es el tipo de participación en este proceso: la claridad y precisión con que un porcentaje notabilísimo de quienes participan formulan sus demandas, preguntas y propuestas sobre nacionalizaciones, sobre multiculturalidad y multiculturalismo, sobre las distintas versiones del nacionalismo y del federalismo en el mundo actual y sobre la relación entre las reivindicaciones socioeconómicas y la cuestión nacional. Esto está teniendo su reflejo también en la forma que han tomando las demandas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales en el proceso constituyente boliviano.

La Constitución que se perfila en Bolivia, si el Gobierno de Evo Morales y los movimientos indígenas y sociopolíticos que le apoyan logran superar las injerencias de la Compañía del Gran Poder y los intentos de desestabilización de las fuerzas sociopolíticas tradicionales y corporativas, tendrá mucho de novedad histórica, incluso cuando se la evalúe con los acostumbrados criterios del análisis político europeo, mayormente liberales. Pues lo que está apuntando ahí, en las demandas escritas de los movimientos que apoyan el proyecto de Evo Morales, es una república social y democrática de derecho, plural, participativa y representativa como no hay otra conocida hasta ahora.

Ninguna otra Carta Magna combina y compone como ésta, en proyecto, la fraternidad republicana en el tratamiento de las diferencias lingüísticas, culturales y étnicas con la intención medioambientalista al abordar las contradicciones y ambigüedades del llamado desarrollo económico y con el respeto recíproco, en el plano jurídico-político, a los usos y costumbres de los distintos pueblos indígenas y de la sociedad civil en general.

Si este proyecto de Estado multicultural, que se quiere uno y diverso, que nace del reconocimiento del valor de la diversidad para la vida pública en común, sale adelante, los descendientes de los colonizadores europeos aún tendremos ocasión de contemplar algo original, algo que no pudieron (ni quisieron) contemplar los ilustrados: cómo la soberanía estatal sobre los recursos naturales es compatible con el reconocimiento de soberanías múltiples y con el pluralismo político; cómo el fomento de las lenguas aymara y quechua es compatible con el uso no hegemónico del castellano; cómo el reconocimiento de los ayllus y la potenciación de la economía comunitaria y de otras formas de economía familiar es compatible, en un sistema de economía social mixta, con lo que llamamos desarrollo sostenible y con la distribución equitativa de la riqueza.

Para que los más lleguemos a ver eso, que sin duda valdrá la pena, también España y la Unión Europea habrían de poner su granito de arena. En principio, no se nos exige mucho. Simplemente no poner zancadillas al proceso jurídico-político que conduciría al reconocimiento constitucional de un Estado pluricultural, plurinacional y multiétnico y facilitar a los bolivianos el usufructo público y soberano de sus principales recursos. O sea: más o menos dar forma, nueva forma, al viejo grito de Bartolomé de las Casas a favor del respeto y la restitución.

Francisco Fernández Buey es catedrático de Filosofía de la Universidad Pompeu Fabra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de abril de 2006