Descendientes de Ossorio y Gallardo reclaman los bienes confiscados al político republicano
Tres descendientes del jurista Ángel Ossorio y Gallardo, ministro de Alfonso XIII y diputado y embajador de la Segunda República en los años de la Guerra Civil, han formulado una reclamación para que se les reconozca el derecho a ser indemnizados por los bienes confiscados a la familia por el régimen de Franco. Ossorio y Gallardo, presidente del Ateneo, decano del Colegio de Abogados de Madrid, diputado constituyente en 1931 y Embajador de la República en Francia, Bélgica y Argentina, falleció en el exilio en Buenos Aires en 1946. Antes de que acabara la guerra, los militares franquistas le sancionaron con la pérdida de todos sus bienes en junio de 1938, por su "desafección" al régimen.
Los descendientes del político, que residen en Buenos Aires, reclaman ahora una compensación por una finca de 6.500 metros sita en la calle del Sagrado Corazón 21, de Cubas de la Sagra (Madrid), y el dinero que el embajador de la República tenía en sus cuentas corrientes. La finca fue adjudicada al Estado en 1949 al dictado de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, y el dinero, 29.178,91 pesetas de la época, fueron entregadas al Banco de España.
La reclamación ha sido formulada por los abogados Juan Carlos Talavera Lapeña y José Miguel Sebastián Carrero en nombre de Rosalía, Álvaro y María Isabel Ossorio, y asegura que los bienes de Ossorio y Gallardo fueron objeto de una "incautación ilegal y nula de pleno derecho" al constituir "actos represivos de la dictadura del general Franco".
Militares y falangistas
Los demandantes explican que las responsabilidades fueron decididas por tribunales de la época integrados por falangistas y militares, por "contribuir a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España" o por "oponerse al Movimiento Nacional por actos concretos o con pasividad grave".
Los Ossorio creen que es de justicia una reparación moral por el daño patrimonial padecido, pero han calculado la indemnización sobre el "valor oficial" dado actualmente al inmueble arrebatado, y no sobre "su valor de mercado", que sólo habría de satisfacer "el beneficiario directo de la incautación". Un criterio de valoración que, según los abogados, podría sostenerse en la futura Ley de Memoria Histórica. La reclamación, formulada ante el Ministerio de Economía por el "valor mínimo de referencia" de la finca la cifran en 220.941 euros, y el valor actualizado de las 29.178,91 pesetas de las cuentas bancarias las cuantifican en otros 27.186,75 euros, aplicando el IPC acumulado desde 1940.
