El Congreso aprueba la Ley de Educación con el voto en contra del PP y la abstención de CiU

La nueva ley educativa se aprobó ayer definitivamente en el Congreso. En su trámite final se registraron en contra los votos del PP (133) y 12 abstenciones, las de los diputados de CiU y tres del grupo mixto. Hubo 181 votos a favor. Esta ley deroga todas las anteriores (Ley General de Educación de 1970, LOGSE, LOPEG y LOCE) salvo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985.

CiU, que había votado sí cuando se aprobó la ley en el Congreso en diciembre, modificó su voto por una sola enmienda, la que obliga a los colegios concertados a incluir a un concejal en sus consejos escolares, igual que ocurre en los públicos. El portavoz catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, no explicó su rechazo a que haya concejales en los centros escolares, simplemente justificó su voto en contra "porque no se ha cumplido la palabra dada" por el Partido Socialista. Sin embargo, dijo, en su grupo se sienten "responsables" y "copartícipes" de esta nueva ley "que permite la coexistencia de un modelo educativo entre lo público y lo privado". Por tanto, mostraron su "satisfacción".

Justo lo contrario de IU, que ayer cambio sus tres abstenciones de diciembre por tres votos a favor. Lo hicieron, explicaron, para que pudieran salir adelante algunos cambios conseguidos en el Senado y ante el temor de que eso no ocurriera si finalmente se abstenían los nacionalistas catalanes y vascos. El resto del grupo, los dos diputados de Iniciativa per Catalunya, votaron sí, entonces y ahora, y manifestaron su "alegría". Acusaron a CiU de "desleal" por haber llegado a acuerdos con el PP en el Senado.

"Satisfacción" también en las filas de ERC, porque esta ley "consigue una distribución equilibrada del alumnado" entre los centros públicos y concertados, porque "prioriza" la creación de escuelas públicas y deja la etapa infantil "completamente educativa, no sólo asistencial". Para ERC la participación de un concejal en los centros concertados "es importante pero no fundamental".

Las críticas llegaron desde el PP. La responsable de política social, Ana Pastor, consideró que la LOE está "absolutamente escorada a la izquierda y sólo cuenta con el apoyo del 52% de la Cámara". "Va en contra de la libertad, deja a España con 17 sistemas educativos distintos, se podrá pasar de curso con suspensos e introduce una nueva asignatura -educación para la ciudadanía- cuyo contenido no se conoce, pero será de adoctrinamiento, y deja que los alumnos hagan novillos", lamentó Pastor.

Como ocurrió con la ley educativa que redactó el PP, esta de los socialistas tampoco cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición. A pesar de ello, el portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, opinó ayer que será una ley "de estabilidad que no será zarandeada por los cambios políticos. Será para muchos, muchos años", aseguró. "El PP no ha querido sumarse; oportunidades ha tenido", afirmó. En esto último coincidieron otros portavoces políticos. Rubalcaba lamentó que CiU no se sumara finalmente por un solo artículo "poco importante para el conjunto de la ley". "Nos hubiera gustado", dijo.

La LOE es una ley que conserva parte de la LOGSE -lo que ha ocasionado no pocas críticas del PP- y recoge algunos extremos de la Ley de Calidad aprobada por los populares y Coalición Canaria. La comunidad educativa comenzó a debatirla en septiembre de 2004, una vez que el PSOE, ya en el gobierno, había paralizado la Ley de Calidad, de la que apenas habían entrado un par de cosas en vigor. Antes de que la ley se aprobara en el Congreso el PP, la Iglesia y la escuela concertada decidieron salir a la calle en una multitudinaria manifestación celebrada en Madrid. Tras las reuniones con los manifestantes, la escuela concertada arrancó varios acuerdos a su favor y dio por satisfechas la mayoría de sus peticiones. No así el PP ni una serie de organizaciones conservadoras que han mantenido su oposición hasta el final.

Los titulares mayoritarios de los centros concertados, la FERE, mostraron ayer su disgusto por que se haya admitido finalmente la presencia de un concejal en los consejos escolares de sus centros.

Con algunas reticencias, la ley ha conseguido apoyos en los sectores mayoritarios de la comunidad educativa, sindicatos de profesores -con los que se han firmado numeros acuerdos, el último sobre convivencia escolar- y padres, en aras, dicen, de la "estabilidad del sistema". Apoyos que ayer agradeció la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, que recordó que es una ley en la que "caben todos y que no está hecha en contra de nadie".

En la izquierda se ha valorado especialmente la financiación de la ley, más 7.000 millones de euros hasta el 2010. La LOE concede autonomía a los centros escolares para que organicen programas de atención a los alumnos con problemas educativos (desde inmigrantes a superdotados) y garantiza recursos para ello. Prevé controles para que la admisión de alumnos en centros públicos y concertados sea equilibrada, y se otorga poder ejecutivo a los directores para mantener la disciplina en los centros.