El alcalde y el secretario de Ormaiztegi se culpan mutuamente de acoso

El alcalde de Ormaiztegi, Iñaki Maiora, y el secretario-interventor del Ayuntamiento, Zeles Otamendi, mantienen desde hace cinco años una despiadada disputa personal que ha desembocado en el despido del funcionario de su puesto de trabajo, aunque una juez acaba de suspender de forma cautelar la expulsión acordada por la corporación. Ambos se declaran víctimas de una campaña de acoso y persecución.

El alcalde y el secretario-interventor sólo se ven las caras en los juzgados. No se dirigen la palabra desde el mes de septiembre de 2001. Si tienen algo que decirse, lo dejan escrito en el Libro de Comunicaciones del Ayuntamiento. Ambos andan a la greña con acusaciones mutuas de acoso y persecución, denuncias varias en los tribunales y un permanente intercambio de descalificaciones.

El último episodio de esta irreconciliable disputa se dio el pasado 10 de febrero. Ese día el pleno municipal de Ormaiztegi aprobó sancionar al secretario con la suspensión de sus funciones durante seis meses por "bajo rendimiento en su trabajo", así como la pérdida del puesto laboral por "una serie de irregularidades" en la elaboración de los presupuestos de 2004. El despido de Otamendi fue respaldado por los ocho ediles del grupo independiente OHT, que encabeza el regidor, y rechazado por el único representante del PNV-EA, Javier Muguruza.

El secretario ha recurrido ante los tribunales los acuerdos del pleno. Esta misma semana, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián ha suspendido de forma cautelar el despido mientras resuelve el recurso. Por contra, ha rechazado adoptar la misma medida cautelar respecto a la suspensión de funciones durante seis meses decidida por la corporación.

Se ha llegado a este grado de enfrentamiento personal tras cinco años de continuas desavenencias entre uno y otro. Para el secretario Zeles Otamendi, todo arranca de febrero de 2000, cuando él y la arquitecta Pilar Amenabar no se doblegaron a la orden expresa del alcalde de "no emitir informes negativos" de los expedientes que eran susceptibles de serlo. Sin embargo, la afirmación de que esto fue lo sucedido es algo que Iñaki Maiora niega en rotundo. El secretario aduce "amenazas constantes" por parte del máximo responsable municipal tras aquel acto de "insumisión". Las "represalias" se han sustanciado en un "desprecio absoluto a mi labor como secretario", el "vaciado de mis funciones" o la "privación del despacho", enumera. Todo con la intención de "desembarazarse de mí", denuncia Otamendi, quien está de baja desde mayo de 2005.

Además del "hostigamiento, ninguneo y acoso" al que asegura que se ha visto sometido por el alcalde, Zeles Otamendi sostiene que también ha recibido una propuesta para abandonar el puesto de trabajo "a cambio de una indemnización económica a cuenta del presupuesto municipal".

"Irregularidades palpables"

El secretario de Ormaiztegi puso estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo en diciembre de 2004 y denunció por "coacciones" al regidor, a quien la Fiscalía imputa "un delito contra la administración de justicia". Por esto, el fiscal reclama tres años de prisión, y además por otro delito de coacciones pide dos años.

Iñaki Maiora niega las acusaciones y se declara víctima de una "campaña de humillaciones y persecución" por parte del secretario y del único edil peneuvista de la localidad, Javier Muguruza, fallecido el pasado 12 de febrero. El alcalde explica que, ante lo que considera "irregularidades palpables" de Otamendi -bajo rendimiento, ocultación de información y desacato a la corporación, según cita Maiora-, decidió abrirle tres expedientes disciplinarios. Además, solicitó que un funcionario nombrado por el Ministerio de Administraciones Públicas instruyera el procedimiento.

En uno de los tres expedientes abiertos, el instructor observó una "falta de rendimiento" laboral del secretario municipal y propuso sancionarle con seis meses de suspensión. El alcalde presentó en el último pleno una resolución para despedirle del puesto de trabajo, que resultó aprobada por amplia mayoría. Otamendi, por su parte, considera este acuerdo "nulo de pleno derecho" y vaticina que será rechazado por el ministerio.