La Comunidad aprueba un programa para facilitar el alquiler a los inmigrantes

Paliar la discriminación que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar o comprar una casa es el objetivo del Programa de Acceso a la Vivienda específico para ellos, que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre. El proyecto, que saldrá a concurso con un presupuesto de más de 1,3 millones de euros, pondrá en marcha un fondo de garantía para el propietario en caso de que se produzcan irregularidades, tales como que el arrendatario no pague el alquiler o cause desperfectos en el piso.

"Todos los programas que potenciamos tienen como objetivo la integración", aseguró ayer la consejera de Inmigración, Lucía Figar, que subrayó que ese objetivo se consigue a través de la educación, del empleo y de "una vivienda digna".

En la región residen ya 900.000 extranjeros, un 15% de la población de la Comunidad de Madrid, de los que el grupo más numeroso son los ecuatorianos, según los datos que maneja la Consejería de Inmigración. "Nosotros hemos detectado a través de los Ayuntamientos y de los Centros de Atención Social al Inmigrante (CASI), quejas recurrentes sobre los obstáculos para lograr una vivienda. Los inmigrantes se sienten discriminados", explicó Figar.

La iniciativa de la consejería parte de la experiencia obtenida a través de un convenio piloto que puso en marcha el año pasado, con un presupuesto de 179.993 euros. A través de éste fue facilitado el alquiler de 665 personas, en las que se alojaron 2.272 personas. "Sabemos que el sistema ha funcionado", afirmó ayer la consejera.

Según Figar, el programa que será aprobado hoy tiene dos partes, una de mediación y otra de asesoría. La primera, destinada únicamente al alquiler, consiste en que la empresa adjudicataria sea una intermediaria entre los dueños de los pisos y los inmigrantes y ponga en marcha un fondo de garantía, cuyo importe saldrá de parte del presupuesto de 1.381.169 euros del programa y lo fijará el ganador del concurso.

Durante un año la adjudicataria garantizará al propietario en caso de impago de la renta, suministros, desperfectos o cualquier obligación derivada del contrato de alquiler que durará un año. Transcurrido este plazo, la Dirección General de Inmigración estudiará el caso y decidirá si lo prolonga "excepcionalmente".

Una de las obligaciones de la empresa que finalmente ponga en marcha el programa será la de hacer un seguimiento de los contratos de arrendamiento, para evitar situaciones como el mal uso del inmueble o la sobreocupación del mismo.

Los pisos que sean contratados a través de este sistema estarán cubiertos por una póliza multirriesgo de hogar y la adjudicataria del programa será la encargada de buscar las viviendas susceptibles de ser arrendadas, así como de hacer el inventario de su contenido, informar a los usuarios, seleccionar los candidatos y hacer el seguimiento de los programas.

La segunda parte del programa contemplará, junto al arrendamiento de vivienda, la compraventa. "Aunque son menos los inmigrantes que pueden afrontar la compra de un piso", aclaró Figar. En este caso, la empresa facilitará asesoría jurídica sobre el arrendamiento, la constitución de una hipoteca, la fiscalidad, los préstamos, los planes de vivienda o las promociones públicas.