El Gobierno argentino se blinda con una nueva ley de secretos

El Parlamento argentino ha comenzado a tramitar un polémico proyecto de ley sobre secretos oficiales que de resultar aprobado permitirá al Gobierno que preside Néstor Kirchner declarar como información reservada una amplia gama de decisiones que en la actualidad son públicas, quitará el control de esta información al Congreso y la pondrá bajo el Ejecutivo e impedirá a la prensa divulgarla.

El miércoles, cuatro senadores próximos a Kirchner presentaron un proyecto para elaborar una nueva ley de secretos oficiales que, entre otros puntos, establece tres condiciones por las cuales el Gobierno podrá ocultar, por un espacio de 10 años, actos y decisiones del Ejecutivo cuando éste considere que su difusión puede producir daños a la defensa nacional, a la seguridad interior o a las relaciones internacionales, según publicaba ayer en diario Clarín.

Durante el tiempo en que las informaciones sean secretas, será el Gobierno el encargado de controlarlas, aunque podrá levantar la reserva por decisión parlamentaria o judicial. En la actualidad, únicamente las informaciones relativas a los servicios de inteligencia del Estado se acogen al secreto y es el Congreso argentino el encargado de su custodia.

El proyecto ha creado particular preocupación por tres aspectos. En primer lugar, por la indefinición de las condiciones por las cuales una información puede ser considerada secreta. Expresiones como "daño a las relaciones internacionales" pueden ser ampliamente interpretadas y conducir de hecho a una diplomacia paralela, en el mejor de los casos, o, en el peor, a la desinformación de la sociedad sobre la política exterior que desarrolle el Gobierno. En segundo lugar, porque sea el Gobierno, y en concreto la cartera de jefe del Gabinete, quien controle esta información reservada y reciba de esta manera una competencia que, de manera mucho más limitada, detenta en la actualidad el Congreso. El tercer punto de preocupación afecta directamente a la prensa y es la prohibición de difusión de estas informaciones en un país en el que en la actualidad no hay secretos de Estado.

Decretos de emergencia

No es la primera vez que el Gobierno de Kirchner trata de extender sus competencias sobre otros poderes del Estado. Destacados miembros de la Corte Suprema han expresado su preocupación por la excesiva utilización que el mandatario hace de los decretos de emergencia. Firma uno cada cinco días y, además, éstos no son ratificados por el Congreso, como establece la Constitución argentina.

La Corte Suprema prepara un fallo en cuyos razonamientos se recuerda a Kirchner la excepcionalidad de la medida y la obligación constitucional de que sea aprobada por diputados y senadores. Ahora, aunque el Ejecutivo no haya presentado de manera directa el proyecto, la importancia de tres de los senadores que lo han presentado -el jefe del bloque peronista en el Senado, la presidenta de la Comisión de Defensa y el presidente de la Comisión de Inteligencia- da a entender el apoyo de la Casa Rosada.

En la práctica, cuando un ministro o secretario de Estado considere que una información no debe conocerse deberá enviar un memorándum, también secreto, al jefe del Gabinete del presidente -en la actualidad, Alberto Fernández-, quien decidirá finalmente si es secreto o no. Se supone que consultará o comunicará su decisión al jefe del Estado, pero esto no queda claro. Además, la facultad de declarar un secreto podrá ser delegada en otras instancias, como por ejemplo los distintos cuerpos de policía. Según el rotativo porteño, la compra de material antidisturbios podría hacerse en secreto, sin que el público tuviera acceso a su conocimiento, y la prensa debería forzosamente guardar silencio sobre ello.

Ni siquiera la propia ley está exenta del secreto. Según establece el proyecto, en el caso de que pase el trámite parlamentario, para lo que debe ser aprobada por las dos Cámaras, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado podrán decretar el secreto sobre todo lo referido "a lo que afecte a los principios de la ley". Algunos constitucionalistas ya han advertido de que las leyes, sus tramitaciones y referencias a ellas en el Congreso deben ser públicas, porque de lo contrario se corre el riesgo de entrar en la senda de las leyes secretas.