Las comunidades más necesitadas son las gobernadas por el PP

Las negociaciones con cada autonomía sobre la financiación de la sanidad pueden empezar el 29 de agosto y darán paso a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte del vicepresidente económico, Pedro Solbes. El 2 de septiembre es una fecha que se maneja para esa reunión que, a su vez, dará paso a la Conferencia de Presidentes convocada por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Con este proceso en cascada se pretende que la conferencia sea el lugar donde se ratifique el acuerdo y no el foro donde se produzcan enfrentamientos.

Así las cosas, en las reuniones bilaterales se adelantará el trabajo al conocer Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda, qué demanda cada comunidad autónoma. Desde luego, éstas también sabrán lo que ofrece el Gobierno.

En las reuniones bilaterales y en la del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordará cuánto corresponde a cada comunidad autónoma, en base a criterios como el aumento de población experimentado, o su dispersión y envejecimiento.

¿Y quién tiene más problemas? Madrid, Baleares, Valencia, Cataluña y Canarias son las comunidades autónomas en las que la situación es realmente grave, aunque se da por supuesto que casi todas están en posición poco boyante, habida cuenta de que los cálculos que llevaron al acuerdo de 2001, ahora vigente, han quedado superados por la realidad de las necesidades sanitarias de las comunidades.

En medios gubernamentales se llama la atención sobre el hecho de que, a excepción de Cataluña y Canarias, el resto de las comunidades que necesitan financiación extraordinaria están gobernadas por el PP. "En realidad, es una operación para solucionar los problemas al PP", bromea una fuente gubernamental.

"Yo invito y tú pagas"

Pero el Gobierno considera que ya es tiempo de poner fin a la práctica del "yo invito y tú pagas". A su juicio, las comunidades autónomas reclaman sin parar recursos al Gobierno central en tanto que bajan los impuestos a sus habitantes. Ahora se trata de incrementar la denominada corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. O también "compartir la impopularidad que se deriva de cualquier subida de impuestos", indican fuentes gubernamentales. Además, el Ejecutivo quiere dar margen de maniobra a las comunidades autónomas en otras figuras tributarias, además de aumentar su capacidad impositiva sobre el alcohol y el tabaco.

En los últimos años se ha puesto en marcha el céntimo sanitario. Se trata de un gravamen sobre los carburantes que aplican Madrid, Cataluña, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana, precisamente para financiar la sanidad.