El Libro Blanco de la electricidad aboga por subir tarifas y limitar el poder empresarial

El Ministerio de Industria hizo público ayer el Libro Blanco de la generación eléctrica, encargado en noviembre de 2004 al catedrático Ignacio Pérez Arriaga. El trabajo, cuyas conclusiones no son vinculantes para el Gobierno, gira sobre una idea: la liberalización de 1997 no ha sido un éxito y son necesarias reformas urgentes. Con ese fin propone revisar el sistema de tarifas para que reflejen los costes reales, limitar el poder de mercado de las grandes empresas (Endesa e Iberdrola), dar más poder a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que calcularía las tarifas, y penalizar los fallos de las centrales.

El prolijo estudio, de 591 páginas, elaborado por el equipo dirigido por el catedrático Ignacio Pérez Arriaga asume que el sistema eléctrico español no funciona, pese al proceso de liberalización iniciado en 1997 y, teóricamente, culminado en enero de 2003 (cuando se dio posibilidad de elegir suministrador eléctrico a todos los consumidores). Además, el mercado está distorsionado por elementos como las ayudas a la competencia que cobran las eléctricas (los famosos CTC) e influido por las cuotas de mercado de las grandes empresas (Endesa e Iberdrola, fundamentalmente) que manejan a su antojo los precios, según se han acusado mutua y públicamente ambas compañías.

La receta fundamental de Pérez Arriaga para resolver la situación es animar la competencia. Pero sin poner contra las cuerdas a un sector vital para la buena marcha del país.

Para el bolsillo del común de los consumidores eléctricos (22,8 millones, de los cuales poco más del millón están en el mercado libre), la medida más importante del Libro Blanco de la generación eléctrica es la necesidad de revisar el sistema de fijación de tarifas. La propuesta base es que éstas reflejen y asuman los costes reales de la producción. En la práctica, ello equivale a defender que las tarifas deben subir sustancialmente para evitar que se conviertan en un refugio masivo de usuarios, domésticos e industriales, que impide el desarrollo del libre mercado y la competencia.

Desaparición progresiva

Pérez Arriaga, partidario de la desaparición progresiva de las tarifas, precisa además que mientras se mantengan deben ser calculadas y revisadas (cada año, al trimestre o cuando haya importantes oscilaciones de costes) por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y no por el Gobierno, como ahora sucede. La CNE fijaría el método de cálculo y propondría la tarifa al Gobierno para su aprobación. Una frase del Libro Blanco resume la filosofía de las nuevas tarifas: "Se debe romper el mito de que el éxito de una reforma regulatoria es que el precio de la electricidad baje indefectiblemente".

Junto al importante asunto de las tarifas, el Libro Blanco aborda otro tema especialmente sensible para el sector eléctrico: el poder de las grandes compañías para manipular los precios del mercado mayorista, donde cada día se casa oferta y demanda de kilovatios y su precio.

El documento considera vital reducir ese poder de mercado de las grandes compañías. Aunque no las menciona por su nombre, las empresas afectadas son Endesa e Iberdrola, que copan entre ambas tres cuartas partes del mercado eléctrico. Para reducir su poder y la posibilidad de manipular los precios, Pérez Arriaga propone limitar la capacidad de generación (centrales) con la que las empresas pueden negociar en el mercado libre. Es decir, las compañías podrían producir la electricidad que desearan, pero sólo podrían negociar una parte determinada en el mercado libre. Las empresas podrían ajustarse a la limitación que decida el Gobierno vendiendo activos, pero como reconoce el documento, nadie puede imponer ventas a una empresa privada. Por ello, entre otras fórmulas, Pérez Arriaga recuerda que la Ley del Sector Eléctrico (LSE) de 1997 contempla la posibilidad de que las empresas realicen subastas de energía. Así, la energía producida fuera de cuota por las grandes empresas podría ser comercializada por nuevas empresas competidoras en el mercado español.

Penalizar los fallos

Para las empresas, que en las últimas semanas no han ocultado su preocupación por el contenido del documento, cualquier propuesta de limitación es una mala noticia. También lo es otra destacada medida que defienden los autores del Libro Blanco: penalizar los fallos ("indisponibilidad", en la jerga del sector) que reiteradamente afectan a determinadas centrales.

Y es que, en estos momentos, las empresas cobran por un concepto, denominado "garantía de potencia", que teóricamente cubre su esfuerzo por tener en perfecto orden de revista todas sus plantas. El problema es que cuando se necesita la producción de una determinada planta y ésta está fuera de uso, la compañía deja de cobrar por ese tiempo de indisposición. Luego vuelve a cobrar. Sin más. Frente a esta situación, Pérez Arriaga propone "fuertes penalizaciones" a las empresas: si una planta no produce cuando se la necesita, no cobraría garantía de potencia en todo un año. Un estímulo para la inversión en mantenimiento y la eficiencia.

Respecto a la energía nuclear, y sin entrar en controversia, el Libro Blanco aboga por establecer un régimen económico especial para las centrales nucleares. El propósito es que este tipo de instalaciones (existen siete en España, con nueve reactores de agua ligera que producen el 23% de la electricidad del país) no tengan, como ahora sucede, incentivos para producir el máximo de tiempo y a plena carga. Y ello porque incentivar el uso de estas centrales (de altos costes de instalación, pero con costes variables bajos) conlleva "riesgo de relajación de las condiciones de seguridad".

El recetario entregado ayer al Ministerio de Industria incluye otra serie de medidas obvias como la necesidad de aumentar las interconexiones con Francia, incentivar las energías renovables, armonizar la normativa con Portugal para constituir el Mercado Eléctrico Ibérico (Mibel) o cumplir con el Protocolo de Kioto.