Caturla niega al PSPV el acceso a Ciegsa hasta el día 19

El secretario autonómico rechaza darles información hasta el día 19

Valencia - 08 jul 2005 - 00:00CEST

"Nos vamos sin saber en qué se gastan el dinero, dónde está la desviación de las adjudicaciones de las obras ni por qué se han concedido a los más caros", se quejó ayer el parlamentario socialista Andrés Perelló, minutos después de la acalorada discusión en la sede de Ciegsa con el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, que, acompañado de un notario, se negó a darles información sobre la empresa pública hasta la cita del próximo día 19.

Los portavoces adjuntos en las Cortes Andrés Perelló e Isabel Escudero, la coordinadora de Educación Ana Noguera y el secretario de Economía del PSPV, Enrique Villarreal, se personaron ayer en las oficinas de Ciegsa -sociedad encargada de la construcción de colegios públicos- para saber por qué en decenas de adjudicaciones realizadas por Ciegsa se han otorgado las obras a las constructoras que presentaban las ofertas más caras. Además el PP había rechazado días antes en la Junta de Portavoces del Parlamento tres peticiones de comparecencia del secretario autonómico de Educación, a petición de los socialistas, para que explicase las funciones del gerente de Ciegsa, el incendio registrado en un almacén de esta empresa pública y el robo denunciado en las oficinas centrales.

El secretario autonómico Máximo Caturla, que conocía desde hacía 10 días la intención de los socialistas -que enviaron un fax a la sociedad y a la consejería- de presentarse en la empresa, esperaba a los parlamentarios de la oposición acompañado de un notario, que levantó acta de esta especie de combate dialéctico en que acabó convirtiéndose el encuentro. Las declaraciones del día anterior, donde Caturla calificó la visita de los socialistas de "asalto" y se refirió a ellos como "pistoleros informativos", caldeó más el ambiente.

En torno a las once de la mañana, los cuatro políticos socialistas, seguidos de una veintena de medios de comunicación, franqueaban las dependencias de Ciegsa, donde les esperaba además de Caturla y el notario, el director de Relaciones Institucionales de la sociedad, Miguel Barranca.

Perelló pidió información sobre las últimas adjudicaciones a Caturla, quien les conminó a volver el próximo 19 de julio a las doce del mediodía y a "respetar el Reglamento de las Cortes". "Hemos venido porque tú nos dijiste que podíamos venir cuando quisiéramos, nos invitaste a venir y nosotros hemos aceptado la invitación", le espetó Escudero, aludiendo a unas declaraciones hechas por Caturla.

Perelló apeló a su condición de ciudadano y preguntó al secretario autonómico si trataba igual a las empresas o a las asociaciones de padres cuando se acercaban a Ciegsa en busca de información. "¿Podemos verlas o no?", volvió a espetarle Perelló. "No estás respetando el Reglamento. Vienes a montar un show ante la televisión", replicó Caturla. Para entonces el notario intentaba dar por acabada la reunión y los empleados de Ciegsa habían salido de sus despachos para seguir el episodio.

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Ante las constantes referencias por parte de Caturla al cauce reglamentario, Noguera dijo que habían anunciado en tiempo y forma la visita y acusó a la consejería de utilizar el reglamento "para bloquear los derechos parlamentarios y ocultar información sobre las cuentas de Ciegsa". Al término de la discusión, Perelló dijo: "Ciegsa, Caturla y el PP se deslizan peligrosamente por la rampa de lo no permitido". Para el secretario autonómico de Educación, "la entrada del PSOE en Ciegsa evidencia el talante prepotente de la izquierda".

Denuncias sobre mala gestión

Ciegsa se creó en julio de 2000 durante el gobierno del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, para acelerar la construcción de colegios e institutos públicos. Desde el principio Ciegsa, encargada de completar el mapa escolar, se convirtió en una de las sociedades con más necesidades presupuestarias.

El progresivo endeudamiento de la Generalitat Valenciana, agravado a partir de 2002, complica la situación de empresas públicas como Ciegsa, que subsisten gracias a su capacidad de endeudamiento y al recurso a modelos de pago como el alemán. A partir de 2003, la situación económica de la empresa pública empezó a dar signos de alarma. Los socialistas pedían a finales de ese año una auditoría que aclarase el desfase existente entre las inversiones de Ciegsa y las obras terminadas.

"En 2004 se habrán gastado 1.032 millones, prácticamente el presupuesto total del proyecto, pero sólo estará terminado el 53% del Mapa Escolar", alertaba entonces la socialista Ana Noguera.

Unos días después, el Consell de Francisco Camps hacía cambios en la dirección, pero las denuncias sobre mala gestión por parte de la oposición se multiplicaron: las nóminas de los directivos, los honorarios profesionales, los sobrecostes de los colegios y la proliferación de barracones escolares. Incluso la Sindicatura de Comptes afirmaba en la memoria presentada en 2003 que "en todas las obras examinadas [de Ciegsa], los presupuestos de adjudicación son superiores a los de licitación, sin que se conozca a qué obedece".

La oposición ha pedido varias veces una auditoría y una comisión de investigación en torno a Ciegsa, en primera plana estos días tras conocerse algunas de las facturas de la sociedad, con gastos, por ejemplo, de 25.000 euros sólo en comidas.