El tripartito catalán elimina la mayoría de elementos inconstitucionales del Estatuto

El tripartito catalán eliminó ayer los elementos del nuevo Estatuto que entorpecían el acuerdo. En la recta final de las negociaciones para redactar el informe de la ponencia, el tripartito propuso eliminar el calificativo "excluyente" de la definición de la competencia exclusiva de la Generalitat. Éste era uno de los empeños de los socialistas y el PP ya en la primera lectura. En cambio, el Gobierno catalán ya ha comunicado al central que no piensa tocar "ni una coma" de su propuesta de financiación. El PP anunció su voto en contra de todo el texto.

La ponencia que elabora el Estatuto finalizó anoche sus trabajos tras una maratoniana sesión en la que el tripartito se esforzó para eliminar todo rastro de inconstitucionalidad del articulado. Convergència i Unió mantuvo la fórmula "íntegra y excluyente" en la definición de la tipología de la competencia exclusiva de la Generalitat, como figuraba en el primer borrador. Quedó sólo como "íntegra". El ponente de CiU calificó el cambio como la caída de una pieza esencial en el blindaje de las competencias. En cambio, el republicano Joan Ridao afirmó que el concepto "excluyente" es en realidad una redundancia innecesaria.

El Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) alertó en un reciente informe de que utilizar el concepto "excluyente" al definir esta tipología de competencia requería añadir la coletilla "sin prejuicio de que el Estado garantiza la igualdad de todos los ciudadanos" (CE 159.1.1). De no incluir esta salvaguarda podría interpretarse que se niega al Estado cualquier posibilidad de intervenir en las materias reguladas por las competencias de la Generalitat, lo que sería inconstitucional.

Tanto el PSC como el PP habían advertido de su rechazo al concepto "excluyente". Pero no fue hasta ayer que Esquerra e Iniciativa lo asumieron. En realidad, se trata de la aplicación de uno de los acuerdos alcanzados el domingo en la reunión de los representantes del tripartito.

Sin embargo, los socialistas fueron derrotados en su intento de modificar la definición de las competencias compartidas adoptada en la primera lectura. ERC no dio su brazo a torcer y se impuso la posición de CiU y ERC, según la cual se entiende que el Estado desarrollará la legislación básica sólo como "principios y directrices" y lo hará por ley.

Otro de los riesgos de inconstitucionalidad eliminados fue la definición como "compartida" de la competencia de la Generalitat sobre aguas y obras hidráulicas, en vez de exclusiva, como decía el primer borrador. También hubo acuerdo sobre uno de los asuntos conflictivos que afecta a la Administración del Estado. Se definió como "determinante" en vez de "vinculante" el carácter del acuerdo a tomar por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat sobre una serie de materias, como obras hidráulicas, las declaradas de interés general a cargo del Estado en Cataluña y las grandes infraestructuras de transporte. Para limar otras posibles inconstitucionalidades, los ponentes han adoptado un nuevo documento de trabajo del IEA sobre cultura y educación.

Uno de los puntos del Estatuto en los que el tripartito sigue dividido es el tratamiento a dar a la Administración local. ERC y CiU derrotaron la pretensión de PSC e ICV para que el Estatuto aplicara a las competencias de los ayuntamientos un blindaje al estilo del creado para las competencias de la Generalitat.

No hubo más desacuerdo que el del PP en la revisión del título preliminar que incluye la definición de Cataluña como nación. Esta afirmación se complementa con la declaración de que se constituye como comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto por la Constitución. A la definición del catalán como lengua propia y oficial de Cataluña se añadió la de "lengua común", gracias a la mayoría de ERC y CiU.

Pero mientras desaparecen las inconstitucionalidades, otro elemento de discrepancia con el Gobierno central se mantiene sin retoques. La propuesta de financiación del Gobierno catalán sigue en el texto. Fuentes del Ejecutivo de Maragall aseguraron que así lo han comunicado al Ejecutivo central. "No cambiaremos ni una coma de la propuesta de financiación" en este momento. "El Gobierno central lo sabe", aunque algunos dirigentes del PSOE "quieran hacer ver lo contrario para presionar, pero se equivocan", afirman.

Los mensajes procedentes del Gobierno en el sentido de poner limitaciones a la reforma estatutaria motivaron ayer el rechazo del consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura. "No admitiremos ninguna interferencia", afirmó. Tras recordar que el tripartito comenzó el proceso de reforma estatutaria "antes de que el PSOE ganara las elecciones", Saura dijo que todo el procedimiento se ha realizado "de acuerdo con lo previsto en la Constitución y el Estatuto". "La línea roja ya la tiene situada el tripartito y el IEA".