El Congreso aprueba que la CNMV controle las Sicav

Tras muchas maniobras, todos los grupos parlamentarios, menos IU, aprobaron que sea la CNMV la que controle si las sociedades de capital variable (Sicav), usadas por las grandes fortunas para gestionar su patrimonio, pueden o no tributar al 1%. CiU retiró la petición de suspender las actas abiertas por Hacienda, si bien la organización Inspectores de Hacienda del Estado cree que la ley permite "la amnistía fiscal".

Ante un reducido número de parlamentarios (el 10% de los que estaban presentes para votar la modificación del Código Civil que permitirá contraer matrimonio a parejas del mismo sexo), el Congreso tomó posición definitiva sobre el futuro de las Sicav. El Parlamento aprobó una enmienda de CiU en la que se refuerza el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo determinará si una Sicav cumple con los requisitos exigidos como tal, por lo que puede acogerse al régimen fiscal especial, lo que supone tributar al 1%, o tiene que hacerlo al 35% general. El marco escogido fue el proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.

La enmienda es fruto de negociaciones de última hora, sobre todo entre CiU y el PSOE, a las que se sumaron las demás fuerzas políticas, excepto IU. Josep Sánchez Llibre, portavoz de Economía de Convergencia, aclaró desde la tribuna: "Casi se podía haber sacado adelante esta enmienda sin el Partido Socialista, como se vio en la Comisión de Economía, pero hemos considerado que la situación no hubiera sido buena".

En la iniciativa se señala que cuando los inspectores fiscales detecten que alguna Sicav no cumple con los requisitos exigidos, será la Comisión de Valores quien debe pronunciarse sobre la improcedencia de incoar expediente de revocación o suspensión y dictará la suspensión o revocación en el plazo de seis meses desde que la Agencia Tributaria le informe. En el transcurso de dicho plazo sin que la CNMV se pronuncie, el órgano regulador habilitará a la Administración Tributaria para dictar el acto de liquidación que proceda, si bien las calificaciones que lo motiven sólo tendrán efectos tributarios, mientras que todas las revocaciones o suspensiones acordadas por la Comisión deben ser comunicadas a Hacienda. Además, las Sicav que incumplan los requisitos, no tributarán al 1%, sino al 35%.

El objetivo de la enmienda es "aclarar la situación actual y evitar las disfunciones entre la Agencia Tributaria y la CNMV, que provocan inseguridad jurídica", según Sánchez Llibre. Ricardo Torres (PSOE) coincidió con este argumento y reconoció que se había creado "inquietud" entre las Sicav -unas 3.000 que gestionan 24.000 millones de euros- y añadió que "la Agencia Tributaria mantiene todas sus facultades intactas". Para Ángel Pérez (IU) la iniciativa supone una "amnistía fiscal" para las Sicav, que canalizan las inversiones de las grandes fortunas, además de suponer "una tomadura de pelo" para los demás contribuyentes.

La asociación Inspectores de Hacienda del Estado coincide con esta postura y aseguró ayer que esta enmienda ha demostrado que no existía un problema de competencias entre la CNMV y la Agencia Tributaria, sino que se ha buscado la "fórmula más idónea" para otorgar una "amnistía fiscal" a estas sociedades que hayan incumplido los requisitos para tributar al 1% por no tener los cien socios exigidos. La clave, según José María Peláez, presidente de la asociación, "es que no podrán prosperar las actas abiertas, más de 200, porque la ley no considera que la falta de cien socios es un motivo suficientemente grave para que la CNMV repruebe a una Sicav. Si no se reprueba, no se podrá eliminar la tributación al 1% porque la norma aprobada ayer se aplicaría con carácter retroactivo al resultar más beneficiosa", añadió.