El imprevisible 'caso Turismo'

Pues al final será que sí. Siete años después de producirse la primera denuncia, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona empezará a juzgar el próximo martes el llamado caso Turismo, una malversación de poco más de un millón de euros de las arcas del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1993 y 1995. Dicho así, parece un asunto anecdótico comparado con las estafas millonarias que acaban ante los tribunales, pero en este caso el tamaño no es lo que importa.

El caso Turismo es uno de los pocos episodios de supuesta corrupción durante la época de CiU que ha acabado en juicio y no se ha terminado con una decisión judicial que lo evite (caso Casinos) o topado con dificultades para encontrar pruebas (como el caso de los avales de la Caric), pese a la existencia de "aromas de corrupción", una locuaz expresión del ex fiscal general del Estado Eligio Hernández.

En el caso Turismo, la forma de cometer el supuesto delito era tan clásica como sencilla, según se expone en el escrito de acusación del fiscal: adjudicar de forma directa y sin concurso ciertos trabajos a amigos para beneficiarlos, aunque los trabajos fuesen burdas copias de otros informes y de nula utilidad. ¿Y algo más que amigos? Sí, les unía también su militancia en Unió. Al menos a 10 de los 12 acusados que se sentarán en el banquillo. El fiscal Fernando Rodríguez Rey les acusa de falsedad y malversación, y reclama para ellos penas que oscilan entre cinco y nueve años de cárcel.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que lo que se debatirá en el juicio no es más que la punta del iceberg, pero los juristas se refugian en los tópicos forenses y uno de los más recurrentes señala que "lo que no está en los autos no está en el mundo". Y en los autos podría haber mucho más si, por ejemplo, no hubieran desaparecido los 2.800 expedientes de contratación de entre los años 1990 y 1991 y su documentación contable. O si no se hubiesen arrancado las hojas que no interesaba conservar de otros 76 expedientes. Esta destrucción de pruebas ocurrió sin que se depurasen responsabilidades ni se tomase ninguna medida. Su desaparición impide conocer los beneficiarios de estos expedientes y si éstos tenían relevancia en el poder político catalán.

Esos informes estaban depositados en el sótano segundo del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat y su desaparición fue advertida en septiembre de 1998, meses después de que la fiscalía empezase a investigar a partir de una denuncia de Comisiones Obreras e ICV.

Durante los cinco años que ha durado la investigación judicial, el magistrado Francisco González Maillo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, intentó también seguir la pista de decenas de cheques, pero tampoco se supo su destino, porque se cobraron por ventanilla y la entidad bancaria no pudo concretar quién lo hizo.

Así las cosas, el martes se inica un juicio que se prolongará hasta junio porque el tribunal sólo ha señalado dos sesiones por semana. Todo indica que al menos la mitad de los acusados podrían declararse culpables y reconocer que se beneficiaron de un dinero que ya han devuelto para conseguir una pena menor en caso de condena.

Pero una vez declarado muerto el principal inculpado, Joan Cogul, el director del Consorcio de Turismo durante cuyo mandato se produjo la supuesta malversación, resulta más fácil que alguno de los acusados pueda explicar lo que sabe, si el tribunal lo permite. En cualquier caso, el martes se inicia un juicio con un final imprevisible, especialmente con la actual coyuntura política catalana. Y es que hace tan sólo dos semanas estuvo a punto de cerrarse un pacto para evitar el juicio. Pero la Generalitat dijo que no.