La fiscalía pide al juez que cite como imputado al alcalde de Majadahonda

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que investiga la supuesta trama urbanística de Majadahonda que cite en calidad de imputados al actual alcalde de esta localidad, Narciso de Foxá, del PP, a los consejeros delegados de las constructoras Afar-4 y Promotora San Roque y a las también adjudicatarias de suelo de Majadahonda Mercedes Velasco Bravo e Isabel Sanz Millán. El anterior alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, dimitió el pasado enero y fue sustituido por De Foxá. Tras la dimisión, se hizo pública la grabación de una conversación entre Ortega y De Foxá en la que el primero alude a una supuesta injerencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el concurso.

El Juzgado de Instrucción 3 de Majadahonda investiga una denuncia del PSOE, avalada por la fiscalía, que pone de manifiesto cesiones de suelo público -o de derechos de edificación sobre él- por parte del Ayuntamiento a empresas privadas. Este juzgado investiga, entre otras cosas, si el Ayuntamiento majariego ha enajenado derechos de edificación de casas de precio libre a menos de un tercio de su valor; y, paralelamente, ha asumido las obligaciones que tenían constructoras privadas de levantar casas de protección pública. La mitad de las casas que se hagan en Majadahonda tienen que ser públicas por imperativo del planeamiento urbanístico. Lógicamente, las viviendas de protección pública tienen un precio de venta limitado, y las de precio libre, no.

La fiscalía pide que el Ayuntamiento aporte al juzgado toda la documentación que posea sobre sus operaciones de transferencia de derechos sobre el suelo que haya efectuado entre julio de 1999 y el mismo mes de 2004. La idea es averiguar si, por un lado, el Ayuntamiento ha hecho las casas de protección pública que debía levantar, según obliga el planeamiento urbanístico de Majadahonda y, por otro, por qué el Consistorio cedió a constructoras derechos de construcción de viviendas de precio libre a menos de un tercio del valor real. El actual alcalde de Majadahonda era en septiembre de 2003, además de primer teniente de alcalde, presidente de la empresa Pammasa, de titularidad municipal. A través de Pammasa viene efectuando el Ayuntamiento todas las cesiones de derechos de edificabilidad sobre el suelo público.Las constructoras cuyos directivos pide el fiscal que sean citados como imputados son las beneficiarias de una parte de las adjudicaciones de suelo o cesiones de derechos de edificación efectuadas por el Ayuntamiento en los últimos cuatro años.

El fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, ha presentado en el Juzgado de Instrucción 3 de Majadahonda un informe en el que solicita del juez que otorgue "un plazo improrrogable de 10 días" al Ayuntamiento para que aporte "toda la documentación que posea sobre todas las operaciones de venta de patrimonio municipal de parcelas". Asimismo, reclama la documentación "sobre transferencia o ausencia de obligaciones en cuanto a deberes de construcción de un porcentaje obligatorio de viviendas de protección pública o de precio tasado habidas entre el 2 de julio de 1999 y el 2 de julio de 2004".

El planeamiento urbanístico de Majadahonda impone la mitad de las casas que se acometan deben ser públicas. Por eso, la fiscalía quiere saber si se han hecho esas casas y si el Ayuntamiento ha cumplido con su obligación de hacerlas, puesto que ha asumido obligaciones de este tipo con constructores privados a los que ha vendido derechos municipales para hacer casas de precio libre. Las casas protegidas tienen un precio limitado de venta; las libres se pueden enajenar por el doble o el triple del precio que una protegida.

Servicios técnicos

El fiscal reclama también que el Ayuntamiento aporte "los informes existentes de los servicios técnicos y jurídicos" sobre tales operaciones; en concreto, los que hayan emitido "el interventor, el secretario municipal y los arquitectos" sobre esas operaciones urbanísticas y los beneficios y perjuicios que pudo sufrir el Consistorio.

El PSOE presentó recientemente una ampliación de la denuncia que interpuso el año pasado en este juzgado sobre la trama urbanística de Majadahonda. En esa ampliación, denuncia la cesión por parte del Ayuntamiento de derechos de edificabilidad de casas de precio libre relativo a tres parcelas que ocupan 30.000 metros cuadrados.

El metro cuadrado se vendió a 330 euros el metro cuadrado, cuando un informe del arquitecto municipal tasaba el metro cuadrado en más de 1.600 euros. Gran parte de esos derechos de edificación se vendieron a la firma Afar-4, cuyo dueño es Antonio Cubo, amigo personal del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo rómero de Tejada.

Por este motivo, pide la fiscalía que se aporten los informes y tasaciones de los técnicos municipales, y por eso quiere saber qué opinó de estas transferencias de derechos y obligaciones el interventor del Ayuntamiento de la localidad de Majadahonda.

En la documentación que aportó el PSOE al juez al ampliar su denuncia se observa que cuatro empresas ofrecen la misma y exacta cantidad de dinero -330,48 euros por metro cuadrado- por los derechos de edificabilidad de casas libres en las tres parcelas que el municipio enajenó en 2003 a empresas privadas; entre ellas, Afar-4. La fiscalía quiere saber quiénes componía la mesa en la que se hizo esta compraventa de derechos y las actas de las reuniones. Le llama la atención que cuatro de las seis empresas que acudieron al concurso presentasen idénticas ofertas. Ponerse de acuerdo en el contenido de las plicas vulnera el espíritu de un concurso-subasta y puede ser constitutivo de delito, según fuentes jurídicas.

La denuncia inicial del PSOE tiene que ver, asimismo, con la urbanización del solar sobre el que se va a levantar el hospital de Majadahonda. La operación se hizo, como todas, a través de la firma municipal Pammasa, de la que el actual alcalde de Majadahonda era entonces presidente. Urbanizar estos terrenos costó a las arcas municipales, tras las gestiones de Pammasa, tres veces más de lo previsto inicialmente por el Ayuntamiento. El Consistorio cedió derechos de edificabilidad a promotores privados para que éstos urbanizasen el solar. El fiscal pide que el secretario del Ayuntamiento aporte "el testimonio del acuerdo municipal de constitución de Pammasa" y de los cometidos estatutarios de esta firma municipal. También le llama la ateción que Pammasa, cuya misión es hacer casas públicas, disponga y negocie con derechos sobre solares en lo que se pueden hacer casas de precio libre.