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lunes, 28 de febrero de 2005
Tribuna:

De lenguas, sendas, mercados y derechos

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Cuando caminamos por un bosque buscamos aquella senda que otros han transitado antes que nosotros. Puede que existan diversos caminos desbrozados, pero, si queremos llegar a nuestro destino con rapidez, escogemos el hollado por más caminantes. Con ello contribuimos a que otros, que vendrán después, puedan caminar con más facilidad. Nadie nos impide coger cualquier otro camino o abrir uno nuevo. Pero no podemos obligar a los otros a escoger nuestra ruta para que nosotros podamos caminar más cómodamente. Lo importante es que a nadie le impidan caminar por donde quiera y que a nadie le obliguen a transitar por donde no quiera.

Según los economistas, lo mismo sucede cuando utilizamos una tarjeta de crédito, un sistema de vídeo, una moneda, un sistema métrico, una compañía de teléfonos o un ordenador. Y una lengua. En tales casos se dan economías de red: se tienden a consolidar los sistemas con más usuarios. Estos procesos, como tales, nada tienen que ver con el mercado o el capitalismo, la competencia perfecta o los monopolios. Actúan del mismo modo el campesino que opta por un sistema de pesas y medidas, el que rotula su comercio o sus productos en una lengua, la multinacional que hace uso del correo electrónico o nosotros cuando compramos un reproductor de vídeo o un ordenador. En eso, tenderos, monopolios y consumidores no difieren del caminante. Lo único que aspiran es a acceder a aquella red que dispone de más usuarios. Con ello, sin pretenderlo, contribuyen a reforzar la red y a facilitar la llegada de otros. Quienes optan por otros sistemas ven limitadas sus opciones, pero no pueden reprochar nada a quienes no siguen su camino. Es cierto que sus dificultades tienen que ver con las elecciones de los otros, pero nadie les ha impuesto nada, ni nadie ha hecho nada con la intención de perjudicarles. Cada cual ha escogido libremente su camino y, como resultado de esas elecciones, sus posibilidades quedan limitadas.

Sin duda, las lenguas presentan aspectos especiales. Pero no estoy seguro de que sean los que con frecuencia se alegan. Desde luego, la idea de que la lengua es algo más que un instrumento de comunicación no es un argumento que justifique interferir tales procesos. Si con ello se quiere decir que la lengua condiciona nuestro mundo de experiencias, la idea es sencillamente falsa. Que tú y yo utilicemos palabras distintas para designar el dolor de cabeza, o incluso que en mi lengua no exista una palabra para designar ese dolor, no quiere decir que nuestra experiencia sea distinta. Si sólo se quiere decir que la lengua es algo más que comunicación, la idea es trivial. Todo proceso material presenta diversos aspectos. Una comida es un proceso metabólico, pero también puede ser un acto social. Ahora bien, si deja de ser un proceso metabólico deja de ser una comida. Aunque puede dejar de ser un acto social sin dejar de ser una comida. En el mismo sentido, una lengua es, fundamentalmente, un vehículo de comunicación. En algunos casos puede comprometer dimensiones cognitivas. Pero ni siquiera es seguro que en ese sentido las lenguas resulten excepcionales. Basta con pensar en las monedas. Cuántos de nosotros andamos traduciendo a pesetas nuestros intercambios diarios.

Para valorar la situación resulta decisivo saber cómo ha sido el proceso. Si en una fiesta todos se van emparejando y, al final, sólo quedan un par de personas que no tienen otra opción que emparejarse, éstos podrán lamentar su situación, pero no tendrán razones para culpar a los demás, por más que sea resultado de sus acciones. No es lo mismo que a Anna no le quede otro remedio que casarse con Juan que el que se le imponga casarse con Juan. El procedimiento cuenta. En un caso se respetan los derechos, en el otro, no.

Desde el punto de vista normativo, lo que importa es que, en esos procesos, en esas elecciones, se respeten los derechos. Si a una persona se le impide expresarse en su lengua, abrir un periódico, o escribir un libro, su libertad está siendo cercenada. Lo que resulta más discutible es que le tengan que asegurar unos interlocutores o lectores. Entre otras razones, porque eso supondría obligar a otros a leer o a escribir en su lengua. Supondría limitar los derechos de los demás. Obligarles a caminar por las sendas que no desean. Anna tiene derecho a casarse, pero no tiene derecho a casarse con quien quiera. Entre otras razones, porque también Juan tiene que poder escoger y quizá Anna no le guste.

Hablar de derechos no es decir mucho en tiempos en los que toda reclamación se formula en términos de derechos. De hecho, cuando se producen procesos como los descritos, que tienden a reforzar unas lenguas y debilitar otras, no es infrecuente escuchar apelaciones a los derechos "de las culturas" que se verían minados. Por ello, en el caso de las lenguas conviene precisar qué derechos, en dónde y de quién. Por lo pronto, los derechos que cuentan son los de las personas. Las culturas o las lenguas, como tales, no son sujetos de derecho. Los que sufren, aman y sueñan son las personas, no las culturas. La diferencia es importante. Si uno cree que hay un derecho de las culturas, para preservar la lengua cherokee, que sólo hablan el 8% de los cherokees, habría que convertirla en obligatoria en la enseñanza y, seguramente, dado el escaso número de cherokees, extenderla más allá de sus territorios. Si lo que nos preocupan son los cherokees, hay que darles la oportunidad de que estudien cherokee si lo desean y también la oportunidad de estudiar el inglés, la lengua que habla el 92% de ellos, la lengua de facto de la mayoría de ellos. La lógica de los caminos invita a pensar que los cherokees que deseen ampliar sus opciones vitales, estar informados, conocer otras gentes, viajar o intentar nuevos oficios, preferirán el inglés. Mientras cada cual pueda escoger su camino, que vaya por donde quiera.

También es importante enmarcar el ámbito territorial de aplicación. Basta con pensar en ese impreciso valor del "reconocimiento" que a veces se invoca en España o en Europa. Se puede entender en un sentido puramente simbólico, pero eso, en la práctica, no quiere decir nada, apenas unos cuantos documentos que, en el mejor de los casos, intercambian las administraciones. Cuando se formula con mayor exigencia, parece exigirse que las instituciones estén en condiciones de atender y de reflejar los usos lingüísticos de todos los ciudadanos en todos los lugares. Si así fuera, los cherokees deberían poder ser atendidos en cherokee en cualquier comisaría de Estados Unidos o podríamos reclamar en castellano a un Ayuntamiento polaco por una multa de tráfico o a uno de un pueblo de Córdoba en catalán. Eso y no otra cosa significa, en la práctica, que una lengua sea oficialmente reconocida. No estoy seguro de que resulte una aspiración razonable mientras los recursos no sean infinitos.

Finalmente, los derechos, en el ámbito territorial de aplicación, han de valer para todos, es decir, para cada uno. Aquí también se percibe el contraste entre los derechos de las personas y los de "los pueblos". El ejemplo de Québec, que pocas veces se recuerda en todos los datos, resulta revelador. Allí la lengua -"la cultura"- mayoritaria es el francés. En ese sentido, la defensa de "la cultura" de la comunidad no se aleja en exceso de la defensa de los derechos de cada uno. Pero no por ello deja de ser una dictadura de la mayoría. Si en España se aplicase el mismo criterio, y en cada una de las autonomías, por ejemplo, la enseñanza se impartiese en la lengua mayoritaria, el castellano sería la lengua exclusiva de la enseñanza. Una propuesta que violaría los derechos de muchas personas, a las que se les impediría escoger su propio camino. Con más razón, pero por el mismo principio, resulta discutible la política aplicada en las comunidades autónomas "dotadas de identidad propia".

En el caminar de las lenguas, mientras se respeten los derechos, no hay nada que lamentar. Algo que no sucedió durante la dictadura, cuando se obligó a todos a caminar por la senda del castellano, sin que pudieran escoger su propio camino. Con todo, eso no impide reconocer que la expansión del castellano en España tiene menos que ver con la dictadura que con el mecanismo de las sendas. En el siglo XV, Castilla, que incluía Galicia, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, tenía 4,5 millones de habitantes, y la Corona de Aragón, 850.000. En esas condiciones no resulta extraño que el castellano se extendiera y se mantuviera como lengua común y que prácticamente desde el siglo XVI la utilizaran el 80% de los peninsulares. Los flujos económicos, los movimientos de poblaciones, el transitar por los mismos caminos, han acabado por producir un entramado de "identidades" que hace imposibles las tareas purificadoras. Todos somos mestizos de pura cepa. La investigación empírica fiable, la existente y la que hay en curso, confirma que el barro con el que estamos amasados los españoles -y la pista de los apellidos resulta muy elocuente- no presenta muchas variaciones. En realidad, cuando las cosas se miran y se miden en serio, Lugo y Huesca son las provincias con una identidad cultural más alejada de la media española, las de mayor "identidad propia". En esas condiciones, las invocaciones a la identidad de los pueblos, que poco se parecen a la identidad de los ciudadanos, sólo se pueden hacer a costa de socavar los derechos de los ciudadanos, de meterlos en vereda. A ellos y a unas poblaciones emigrantes que, bien por su cultura de origen, bien por su razonable disposición a desenvolverse en lenguas laboralmente francas, refuerzan día a día las sendas más transitadas.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.

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