Un tortuoso camino hacia el nuevo Tratado
Los 25 países miembros de la Unión disponen de dos años a partir de hoy para aprobar la Constitución europea a través de referendos o en los Parlamentos nacionales
El Tratado constitucional que hoy firman los 25 jefes de Estado y de Gobierno de la Unió Europea tendrá que superar un largo y tortuoso camino antes de que pueda entrar en vigor. El principal obstáculo se encuentra en que la Constitución se considerará definitivamente aprobada cuando sea ratificada por cada uno de los 25 países de la UE, en unos casos a través de referendos y en otros a través de los Parlamentos nacionales. El proceso de ratificación se prolongará dos años a partir de hoy. España, con una consulta popular prevista el 20 de febrero, será el primer país en ratificar la Carta Magna por esa vía.
Hasta el momento, son ocho países los que han anunciado referendos para superar ese trámite. Se trata de Reino Unido, Francia, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Portugal, Luxemburgo y República Checa, además de España. Hay otros países que se inclinan por hacerlo pero aún no lo han decidido formalmente, como es el caso de Polonia. Un caso especial es el de Alemania, que hoy no puede hacer ese tipo de consultas porque lo prohíbe su Constitución, pero el Gobierno del canciller Gerhard Schröder ha anunciado que estudiará al respecto una posible reforma de su ley fundamental.
España será el país que primero somete a referéndum el texto constitucional
El proceso se puede enturbiar si un gran país de la Unión rechaza el tratado
Mientras España, como ha dicho el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intenta señalar el camino al adelantarse en la celebración del referéndum con la confianza de que el resultado será afirmativo, en otros países se plantean serias dudas. Sobre todo en el Reino Unido, donde el primer ministro británico, Tony Blair, tendrá que hacer frente a la creciente fuerza de euroescépticos y a los que, incluso en las filas laboristas, siguen resistiéndose a cualquier avance supranacional en Europa.
Aunque su entrada en vigor requiere la ratificación por unanimidad, la propia Constitución señala en uno de sus artículos que si cuatro quintas partes de los países lo aprueban (20 en este caso) y algún otro no lo hace, "el Consejo Europeo tomará conocimiento de la cuestión". Es decir, decidirá qué hacer.
Los redactores del nuevo Tratado dejaron así abierta la posibilidad de que se opte por una u otra solución dependiendo del país que no ratifique, si es que hay alguno. Uno de ellos, el español Íñigo Méndez de Vigo, siempre ha comentado al respecto que "la UE no es una prisión" y que, por tanto, el que no acepte las reglas fundamentales puede irse. Se da la circunstancia de que el Tratado constitucional es el primero que precisamente recoge en un artículo la fórmula para que un país socio pueda abandonar la Unión.
El todavía actual presidente de la Comisión, Romano Prodi, y el comisario de la Competencia, Mario Monti, se han mostrado esta misma semana partidarios de que, en efecto, el país que no ratifique el Tratado constitucional debiera abandonar la UE.
En cualquier caso, todo dependerá de cuál sea ese país. Si fuera un país pequeño, se le podría invitar a repetir el trámite (se hizo en Irlanda con el vigente Tratado de Niza) o a salirse del club. Si fuera el Reino Unido, todos los expertos señalan que cabría la posibilidad de negociar con Londres un estatuto especial para que siguiera unido a la UE, aunque sólo fuera en el mercado interior y en algunas otras áreas. Al respecto, no obstante, se precisa que en algunos terrenos básicos, como el de la defensa, no es creíble una política común de seguridad y defensa sin la participación del Reino Unido. El ministro francés de Exteriores, Michel Barnier, propone que, en caso de rechazo británico, el resto de países de la Unión apliquen el Tratado por su cuenta.
El problema sería mucho más grave, sin solución posible, si fuera Francia, país fundador de la Unión, el que rechazara la Carta Magna en la consulta prevista a finales del año que viene. Encuestas realizadas en septiembre indican que el 65% de los franceses apoyan el texto, pero el 47% aún están indecisos. La izquierda francesa está absolutamente dividida. Mientras el líder de los socialistas, François Hollande, o los ex primeros ministros Michel Rocard y Lionel Jospin apoyan sin reservas el Tratado, el también ex primer ministro Lionel Jospin lo rechaza aduciendo que carece de contenido social.
El hecho de que el proceso de ratificación se mezcle con el debate sobre la entrada de Turquía en la UE puede enrarecer el ambiente político precisamente en Francia, uno de los países donde se registra un mayor rechazo al ingreso de Ankara en el club europeo.
Con fechas diferentes para los referendos o las ratificaciones en los Parlamentos, el proceso se puede enturbiar si un gran país rechaza el texto cuando aún faltan numerosos países por superar el trámite y sus Gobiernos o ciudadanos se preguntan por la utilidad de seguir el procedimiento. Para evitarlo, el Parlamento Europeo propuso concentrar todos los trámites en dos o tres días de mayo próximo, pero el proyecto no fue aceptado por los líderes.
En todo caso, y si el proceso de ratificación no culmina en un éxito, la UE seguirá funcionando con el actual Tratado de Niza. Eso sí, nadie duda de que la Unión habrá echado el mayor freno posible al proyecto de construcción europea.
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