Más de cien políticos de Brasil, investigados por evadir 30.000 millones

En vísperas de las elecciones municipales, miembros de la comisión de investigación del Senado creada para depurar responsabilidades por la evasión de 30.000 millones de dólares entre 1996 y 1999 han filtrado a la prensa que 137 políticos, 411 funcionarios, además de banqueros, artistas y futbolistas brasileños, están involucrados en el caso. El Gobierno y la oposición pretenden que la investigación termine cuanto antes para evitar que el escándalo les salpique.

El que podría ser el mayor escándalo de corrupción en una década representa una cuarta parte de la deuda externa del país.

La imponente evasión fiscal se realizó haciendo uso de la ley que permitía a empresas y brasileños con residencia en el exterior tener la famosa cuenta CC-5 en dólares, pero que exigía ser declarada a Hacienda. Sirviéndose de ese subterfugio comenzaron a salir un río de divisas ilegalmente del país a través del Banco Banestado de Pará, un banco público que enviaba el dinero a cuentas en Nueva York y de allí a varios paraísos fiscales.

La comisión de investigación es la más polémica que ha conocido el Parlamento de este país. Nadie, ni Gobierno ni oposición, hubiese querido la creación de tal comisión, ya que sabían que iba a levantar ampollas indiscriminadamente. Por eso, cuando en 2001 la Policía Federal descubrió que existía dicha evasión ilegal de divisas, el Senado hizo todo lo posible para que no se crease una comisión de investigación. Pero el joven presidente de la Cámara, João Paulo Cunha, del partido de los Trabajadores (PT), del Presidente Luiz Inácio da Silva, decidió abrirla en 2003. Se creó una comisión mixta del Senado y de la Cámara compuesta por 16 senadores y 16 diputados, presidida por Antero Paes de Barros, del PSDB, partido de la oposición y cuyo relator, José Mentor, es del PT.

La comisión ha producido ya 900 cajas de documentos, ha escuchado a 200 testigos y ha levantado el secreto bancario a 1.700 personas, entre ellas de 29 importantes banqueros y del presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, y del Director General del mismo banco, Luiz Augusto Candiota, que ha preferido dejar el cargo.

Según un balance hecho público por el equipo de fiscales y policías que, paralelamente y en colaboración con la comisión del Banestado han trabajado en el escándalo, por lo menos 137 políticos y 411 funcionarios, más un número importante de banqueros, empresarios, artistas y futbolistas famosos, están involucrados.

Aún no se conocen los nombres de la fatídica lista, aunque según las filtraciones a la prensa se encuentran involucrados nombres como el de Jorge Bornhausen, el presidente del PFL, el partido más duro de la oposición, y Gustavo Franco, presidente del Banco Central durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Desde las filas del Gobierno y de la oposición se acusa a fiscales y miembros de la Comisión de filtrar resultados de la investigación "con fines electorales" e instrumentalizar políticamente dicha investigación. El caso más evidente fueron las filtraciones de las presuntas irregularidades fiscales del presidente del Banco Central, Meirelles, brazo derecho de Lula.

El Gobierno y la oposición acusan además a la Comisión de haberse extralimitado en sus funciones y de haber, por ejemplo, violado el secreto bancario de cientos de personas a la vez, sin tener pruebas concretas de presuntas irregularidades. El presidente de la Comisión tendrá que rendir cuentas al Parlamento en los próximos días de tales acusaciones. Lo que pretenden unos y otros es quitarle fuerza para que acabe sus trabajos antes de finales de año. Los mayores acusados por el Gobierno de filtraciones a la prensa son los fiscales, cuyo poder, así como el de los medios de comunicación, desearía retocar el Ejecutivo de Lula por considerarlos excesivos.