La deuda oculta
El dato más relevante de la auditoría sobre la situación financiera de la Generalitat de Cataluña que dejó el último Gobierno de Pujol es la afloración de una impresionante bolsa de deuda. El informe elaborado por el interventor general junto a un equipo de expertos independientes cifra en 17.364 millones de euros (casi tres billones de pesetas) la deuda viva de la Generalitat a finales de 2003: el 12,6% del PIB de Cataluña. La cuantía que manejaba el Gobierno nacionalista era de 9.672 millones de euros, un 7,1% del PIB.
La diferencia es consecuencia de añadir a la deuda del sector público en sentido estricto la que soportan otras entidades dependientes del Gobierno (4.197 millones de euros) y la de otros compromisos: censos, confirming, pagos a terceros, titulizaciones y créditos del Instituto Catalán de Finanzas (3.495 millones de euros). Esta última partida supone una panoplia de instrumentos totalmente atípicos, propios de lo que se ha venido en llamar ingeniería financiera, que encubrían la realidad de las cuentas autonómicas.
Los auditores han puesto también de relieve que el pasado ejercicio no se cerró con un superávit de 284 millones de euros, según una primera liquidación provisional, sino con un déficit de 1.177 millones, tras la inclusión de 627 millones de gastos que se habían "desplazado" a otros ejercicios. Este concepto (gastos efectuados en un ejercicio y diferidos a otros) es uno de los aspectos más inquietantes del informe. Las acumulaciones por este concepto ascienden a casi 3.000 millones, la mayor parte correspondientes a sanidad. El Gobierno catalán deberá afrontar este año unos 2.000 millones de este gasto "aplazado".
La financiación de esta pesada herencia va a suponer una gravosa hipoteca para la política económica del tripartito. Los presupuestos de 2004 quedarán condicionados por la necesidad de absorber los 2.000 millones de gastos del pasado y establecer un plan de financiación de esta nueva bolsa de deuda aflorada.
La triple iniciativa del consejero de Finanzas, Antoni Castells, de poner el contador a cero, acabar con los desplazamientos y centrifugaciones del déficit a otras empresas y organismos y aplicar un recargo a los carburantes puede transmitir la confianza y rigor necesarios que compensen la mala imagen que supondrá la afloración de las nuevas cifras de deuda y déficit. Sin embargo, se echa en falta una explicación más detallada por parte de los auditores sobre las causas que han conducido a este desequilibrio financiero. Las cuentas claras son la primera condición para afrontar con rigor el debate de la financiación autonómica.
