Economía investiga anomalías en la Mutua de Abogados
Los compromisos con los mutualistas peligran si no hay cambio de rumbo, según la inspección
La Generalitat ha detectado varias irregularidades, una de ellas "muy grave", en las cuentas de la Mutua de Abogados de Cataluña que, si no se corrigen de inmediato, podrían derivar en la imposición de sanciones administrativas y la adopción de medidas de control especial, según fuentes del Departamento de Economía. Las mismas fuentes y actuarios consultados coinciden en señalar que, aunque la situación no es "preocupante", si no se endereza, la entidad podría dejar de estar en condiciones de garantizar todos los compromisos contraídos con sus mutualistas.
Mutua de Abogados de Cataluña, que se contituyó en 1840 y representa a los 14 colegios de abogados de Cataluña, cuenta con 15.000 socios y unos ingresos superiores a 14 millones de euros en 2002.
Como consecuencia de una inspección llevada a cabo en diciembre pasado por el anterior Ejecutivo de CiU y a la que ha tenido acceso este diario, los inspectores de la Generalitat han hallado tres tipos de anomalías en el cuadro de solvencia de la entidades, que han motivado las alegaciones de la dirección de la mutua. El Gobierno catalán tiene un mes para presentar una resolución final.
La primera irregularidad advertida es una "insuficiencia en la cobertura de provisiones técnicas superior al 10%", algo que está tipificado por la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (LOSSP) como una infracción muy grave y que puede ser causa para la adopción de medidas de control especial.
La explicación es la siguiente: además de las reservas comunes de cualquier tipo de empresas, las entidades aseguradoras deben constituir unas provisiones específicas de su actividad (las provisiones técnicas). Con ellas se garantiza el cumplimento de los compromisos contraído con los asegurados. Estas provisiones reflejan el dinero que está en juego después de que la compañía se haya comprometido a dar cobertura a una serie de clientes.
El balance de la Mutua a 30 de septiembre de 2003, sobre el cual se basa la inspección, refleja unas provisiones técnicas de 9,28 millones de euros, y no todas ellas están cubiertas.
El director general de la entidad, Josep Fermí Pinyol, replica que el informe de "la inspección es erróneo, porque sólo considera los expedientes vivos en el momento de la inspección y omite los cerrados. Nuestros estudios actuariales señalan un déficit muy inferior".
No obstante, los inspectores de la Generalitat subrayan la posibilidad de rebajar el déficit de las provisiones de más del 10% hasta el 1,6% -entonces la ley lo consideraría como infracción leve-, siempre que se puedan incluir los inmuebles de la entidad en la cobertura de dichas provisiones. La mutua ha aportado ya estos inmuebles, indican fuentes de Economía. Los actuarios consultados por este diario recuerdan que la normativa sólo permite que los inmuebles aportados computen como máximo hasta el 10% de las provisiones técnicas que se debe cubrir.
Hay una segunda anomalía. Los inspectores han realizado un cálculo estimativo de las provisiones por prestaciones "del que se deduce un déficit superior al 15%". "En el caso de que este cálculo se confirme de acuerdo con los datos definitivos de la Mutualidad" -añaden los inspectores- también "sería causa de posible adopción de medidas de control especial".
Estas provisiones por prestaciones, de 487.000 euros en el caso de la Mutua de Abogados, representan el importe total de las obligaciones pendientes del asegurador por los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio.
La inspección afirma que este déficit supone unas "pérdidas del ejercicio, a 30 de septiembre de 2003, de 550.713 euros, cantidad superior al 25% del fondo mutual de la entidad", que es de un millón de euros. "En la medida que estas pérdidas se mantengan a final del ejercicio y no se aplicaran, se daría el supuesto de pérdidas acumuladas por una cantidad superior al 25% del fondo mutual", causa de medidas de control de control especial.
A mediados de noviembre de 2003 y a raíz de informaciones que alertaban de la existencia de un déficit en la cobertura de las provisiones matemáticas, Pinyol, Joan de Palol (entonces presidente de la entidad) y el propio Departamento de Economía aseguraron que "no existía ningún problema, ni económico ni financiero".
