Reacciones desmesuradas

Conviene recordar a la vista de las reacciones que se han producido tanto dentro como fuera de Andalucía a la presentación por el presidente de la Junta de las Bases para la reforma del Estatuto de Autonomía, que fue en el debate sobre el estado de la comunidad de 2001 cuando el presidente puso en circulación como posibilidad la idea de reformar el Estatuto. Dicha posibilidad figuraba en el discurso como una posible consecuencia de la propuesta de la "segunda modernización" en la que se centró el discurso presidencial en dicho debate. En el caso de que el análisis de la situación de la comunidad autónoma condujera a la conclusión de que es conveniente la reforma del Estatuto, se debería proceder a dicha reforma. En esos términos se planteó.

Nada tiene que ver, pues, el resultado de las elecciones en Cataluña y la designación de Pascual Maragall como presidente de la Generalitat con la reforma estatutaria andaluza. Desde que la idea se puso en circulación hace dos años y medio ha habido un trabajo incesante en nuestra comunidad sobre la segunda modernización y en conexión con el mismo también se ha reflexionado bastante sobre la reforma del Estatuto. Mucho antes, por tanto, de las elecciones catalanas y de la composición del Gobierno tripartito.

Quiere decirse, pues, que la propuesta de reforma del Estatuto andaluz tiene que ser valorada en sí misma, desvinculándola por completo de la propuesta Ibarretxe o de la que eventualmente pueda aprobarse por el Parlamento de Cataluña. Intentar hacer lo contrario únicamente puede explicarse o desde el desconocimiento cuando se hace desde fuera o desde la mala fe cuando se hace desde dentro.

Las bases presentadas el martes por el presidente son deliberadamente modestas. No contienen una propuesta de reforma estatutaria. Lo único que con ellas se pretende es indicar que se va a abrir formalmente el debate al principio de la próxima legislatura con la finalidad de que a lo largo de la misma pueda ser aprobada. Eso es todo.

El presidente de la Junta lleva demasiados años en política como para no saber que si presenta una propuesta de reforma del texto estatutario, dicha propuesta estaría condenada al fracaso de entrada, ya que sería imposible alcanzar el consenso que una operación de reforma exige. Ninguna fuerza política se va a sumar a una reforma que ha sido propuesta por otra. Esta es una ley que no está escrita en ninguna parte, pero que es de cumplimiento inexorable. En consecuencia, la apertura del debate sobre la reforma exige que se deje el terreno abierto para que los distintos partidos puedan confrontar sus propuestas y a través de dicho contraste puedan alcanzar un acuerdo, en el que no sea visible la paternidad de ninguno.

Las bases presentadas lo dejan todo abierto. No hay en ellas ninguna propuesta de reforma digna de tal nombre. Es simplemente una invitación al debate. Hasta que no se designe una ponencia por el Parlamento de Andalucía en la que estén representados todos los grupos parlamentarios, no empezará propiamente la operación de reforma. Una propuesta de reforma antes de ese momento conduciría a que ni siquiera fuera tomada en consideración.

Ese es el reproche que se le ha hecho a Ibarretxe: que ha puesto encima de la mesa un texto articulado sin haber hablado antes con nadie. Y aunque la situación en Andalucía no tiene nada que ver con la del País Vasco, si el presidente de la Junta hubiera procedido como el lehendakari, la respuesta que habría tenido por parte de los partidos de la oposición habría sido la misma.

En realidad, esa reacción de rechazo se ha producido respecto de las Bases. Teófila Martínez, Antonio Ortega y Diego Valderas las han descalificado de manera tajante. Lo que ocurre es que la descalificación, precisamente porque no contienen una propuesta de reforma, no impiden que pueda abrirse el debate y que puede llegarse a poner en marcha y culminar la operación de reforma. Al contrario. Obliga a quienes las han descalificado a tener que pensar que en el futuro no les va a servir la pura descalificación sino que van a atener que decir algo en positivo.

La presentación de las bases no puede ser considerada, pues, como la apertura del proceso de reforma, sino como el paso previo para que dicho proceso pueda ponerse en marcha tras las próximas elecciones autonómicas. Y en ese sentido, pienso que las reacciones que la presentación de las bases han suscitado han sido desmesuradas.

Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional en Sevilla y redactor del Estatuto de Andalucía.