"Dentro de dos meses podremos empezar a discutir con las universidades la nueva ley"

Priman los psicólogos en la Dirección General de Universidades. Lo era Carmen Martorell, que ejerció el cargo con anterioridad a Salvador Forner, y lo es quien acaba de recoger el testigo de éste, Julio Seoane, catedrático de Psicología Social en la Universitat de València. Apenas una semana después de su nombramiento, Seoane asegura haber entrado en contacto con todos los rectores de las universidades públicas. También dice verse más "como un negociador" que como un director general.

Inédito en gestión política, Julio Seonae ejerció durante los últimos meses el papel de coordinador de la Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad, creada al amparo de la nueva Ley General de Universidades (LOU). En su primer año, la comisión se dedicó casi en exclusiva a la acreditación del profesorado. El nuevo director general de Universidades (que asegura haber recibido de su predecesor, Salvador Forner "una traspaso ejemplar") fue nombrado coordinador justo cuando cundía el descontento por sospechas de arbitrariedad en la evaluación entre parte del profesorado no declarado apto.

Asegura verse más "como un negociador" que como un director general

Pregunta. Se habló de agravios comparativos, de desconocimiento de baremos, entre otras cosas. ¿Cómo evalúa esas críticas?

Respuesta. Yo creo que se hizo bien, lo que no significa que no haya habido errores o distorsiones en algún momento. Habría que verlo. Las comparaciones que se han hecho entre aptos y no aptos son delicadas, porque la gente que viene a acreditarse lo hace a título personal y sus resultados no se pueden hacer públicos. Las estadísticas generales sí, y las voy a hacer públicas. Pero cada caso individual es confidencial. Dicho esto, cabe recordar que el índice de aprobados fue alto. Pero hay que tener en cuenta la alta sensibilidad del profesorado en esto, porque se juega mucho, y que esta sensibilidad está contaminada por los resultados de la agencia nacional, la ANECA, que ha tenido también sus contestaciones. Nosotros no hemos tenido, ni de lejos, el nivel de problemas de la agencia nacional.

P. ¿Por qué no ha nombrado nuevo coordinador?

R. Porque antes de completar el equipo quiero hacerme cargo de todo. Y hay una nueva competencia que vamos a asumir, que es la investigación, una función muy compleja que implica más gente, más actividad y más dinero.

P. ¿Más dinero para investigación? ¿De dónde?

R. De la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, que se ha reestructurado y una parte viene a la consejería. Yo espero que sea una una cantidad ágil y sustanciosa para atender la investigación.

P. Pero no todas las competencias en investigación dependerán de su Dirección General. ¿Cómo se coordinará todo tras la fragmentación de la Agencia?

R. Está claro que las competencias de investigación que afecten a las universidades e institutos universitarios las llevará esta Dirección General. Por supuesto, en contacto muy estrecho con los rectorados. Aunque a día de hoy no tengo competencias. Eso será en enero.

P. ¿Cómo se van a paliar las distorsiones que se están produciendo en este periodo de transición?

R. No lo sé. Vamos a heredar una situación dada y lo primero que van a hacer en la Dirección General es estudiar cuál es la herencia recibida. ¿Cuál es el volumen de compromisos adquiridos? ¿Qué cosas hay pendientes? ¿Cuánto se debe a la gente etcétera? Es algo que espero saber antes de asumir esas competencias.

P. El actual Plan Plurianual de Financiación de las universidades se extingue este mes sin haber negociado uno nuevo. ¿Va a haber una prórroga sin matices o con modificaciones como pedían algunos rectores?

R. En principio, hay una prórroga y hay que entenderla como tal. Pero el propio modelo de financiación también permite pequeños ajustes para corregir distorsiones. Un ejemplo de ello se ha podido ver recientemente en la financiación por objetivos de calidad, que se ha ajustado al alza.

P. Si la prórroga del plan de financiación se produce sin retoques, es probable que alguna universidad tenga problemas económicos el próximo ejercicio.

R. Está claro, y eso puede producirse en mayor medida cuanto mayor y más antigua sea una universidad; pero yo creo que se solucionará con esos ajustes que el modelo permite.

P. Esos problemas no sólo afectan al funcionamiento ordinario, sino también a las inversiones. ¿Va a haber recursos extra para infraestructuras?

R. La futura Ley General de Universidades Valencianas integrará todo el sistema e incluirá un modelo económico estable de cara al futuro. Quizá ahora no es el mejor momento para activar todo lo que hay pendiente, mientras se piensa ese modelo. Pero tampoco puede haber un parón. Hasta donde yo sé, y teniendo en cuenta que quien lleva más directamente lo relativo a financiación es el secretario autonómico, Máximo Caturla, lo que hay es un compromiso por parte de esta consejería en el sentido de facilitar el inicio de las inversiones más urgentes en infraestructuras que requieran las universidades.

P. ¿Cuándo se presentará la nueva ley de universidades?

R. Hay un plazo teórico marcado por el consejero para que esté lista en dos años. Eso no quiere decir que sean dos años. Ayer mismo [por el jueves pasado], el conseller me dio la instrucción directa de ponerme a trabajar en ello. A partir de ahora he de reunir un equipo de trabajo, recoger otras legislaciones europeas de referencia, recurrir a juristas, establecer un marco formal y luego discutirlo con las universidades.

P. ¿Discutirlo con las universidades a partir de cuándo?

R. Quizá dentro de dos meses. Calculo que será un proceso largo de negociación para que se alcance un consenso generalizado. Pero ese es el deseo del conseller y mi compromiso con él.