El Gobierno vasco estudia sortear el recurso con una propuesta de ley

El Gobierno vasco ha dicho por activa y por pasiva que ni el Gobierno del PP ni el Tribunal Constitucional van a frenar el debate sobre el plan Ibarretxe, y ya ha puesto en marcha la maquinaria para sortear el bloqueo de la tramitación parlamentaria que puede generar el recurso del Gobierno. La fórmula es que los grupos que apoyan al Ejecutivo vasco presenten la reforma del Estatuto como proyecto de ley, y la Mesa lo admita a trámite.

El Ejecutivo de Vitoria tampoco renuncia a que, si finalmente fallan todos los mecanismos, el plan Ibarretxe entre a la Cámara como una iniciativa legislativa impulsada por la propia sociedad y respaldada por miles de firmas. "De lo que se trata es de que una iniciativa legítima y un debate democrático se pueda llevar a cabo", indicaron ayer fuentes del Gobierno vasco.

Las fórmulas alternativas para propiciar ese debate tendrían todavía más garantías, siempre según estas fuentes, para ser debatidas, ya que en ese caso sólo se podría recurrir la decisión de la Mesa de calificarla antes de iniciar el camino en comisión.

En cualquier caso, el Gobierno vasco no cree que el Constitucional vaya a admitir a trámite el recurso, y por lo tanto haya que recurrir a fórmulas alternativas.

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, está convencido de que no prosperará y eso a pesar de la desconfianza que le inspira el presidente del alto tribunal, Manuel Jiménez de Parga. "Su presentación es una barbaridad, y no lo digo sólo yo, lo dice la inmensa mayoría de los catedráticos de Derecho Constitucional, de este país".

Iniciativa temeraria

Para el parlamentario del PNV y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, el recurso interpuesto ayer por el Gobierno de Aznar es una iniciativa jurídica "temeraria, sin ninguna viabilidad".

En su opinión, no existe ninguna posibilidad de que la impugnación prospere a pesar de la campaña encaminada a hacer ver la iniciativa como algo ilegal. Para Olabarria, el Gobierno ha puesto el derecho al servicio de intereses políticos partidistas y eso es "un uso perverso del derecho y supone la negación de la democracia".

Para el parlamentario vasco no existe la figura del recurso previo de inconstitucionalidad desde 1985, año en el que se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se derogó al artículo 179 que contemplaba esa posibilidad, con lo cual sólo las leyes vigentes son susceptibles del control del Constitucional.

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, recordó que hace un año se hundió el Prestige en las costas gallegas gracias a la "inoperancia" del Gobierno del PP, y ahora, "fruto de la prepotencia", quieren hundir todo el sistema de libertades en un Estado de derecho.

El coordinador de Ezker Batua-Izquierda Unida, Javier Madrazo, interpreta que como el PP no se atreve a aplicar el artículo 155 de la Constitución que plantea abiertamente la suspensión de la autonomía vasca lo hace indirectamente a través del 161 "porque en la práctica supone una suspensión de facto de las decisiones que legítimamente vayan a adoptar las instituciones vascas".

En su opinión, "es otro atentado más contra la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca", de cuyo fracaso está absolutamente convencido. Para Madrazo, tanto el plan del Gobierno vasco, es decir la reforma del Estatuto de Autonomía, como la propuesta de Federalismo de Libre Adhesión planteada por EB-IU, acabarán debatiéndose "en la sociedad y en el Parlamento".