UPN se atribuye las competencias principales del pleno de Pamplona
UPN y CDN aprobarán los expedientes esenciales del consistorio sin contar con la oposición
Unión del Pueblo Navarro (UPN) y sus socios de CDN iniciarán el nuevo curso político con más poder y menos transparencia que nunca en el Ayuntamiento de Pamplona, que dirige la regionalista Yolanda Barcina. La decisión de quitar al pleno todas las competencias que le permite la ley ha reforzado hasta extremos nunca antes conocidos el poder de la comisión de gobierno, en la que sólo están presentes ambas formaciones. La decisión ha generado confusión entre los técnicos y el airado rechazo y la protesta de todos los grupos de la oposición municipal.
Ningún grupo opositor duda de la legalidad de la propuesta aprobada recientemente por el consistorio, pero todos coinciden en criticar que el vaciamiento de contenidos que el pleno ha sufrido refleja el talante político de UPN y abre una etapa de opacidad en la gestión.
La comisión de gobierno era hasta ahora un órgano consultivo sin potestad para adoptar acuerdos, que recaían en el consistorio reunido en sesión plenaria. Pero eso es ya historia en Pamplona. Basándose en el artículo 22.4 de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985, que permite al pleno delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y la comisión de gobierno (salvo algunos poderes expresamente previstos), UPN ha sacado adelante una reforma inédita en Navarra.
El poder ejecutivo que ejercerán los regionalistas y sus socios sin tener que someterse a debate abierto con los demás grupos, y sin la presencia de medios de comunicación o del público que habitualmente asiste a los plenos, será casi omnímodo. Forman la comisión con Barcina siete concejales delegados de UPN, uno de CDN y otro edil convergente con voz, pero sin voto.
Las competencias
A partir de ahora, la comisión de gobierno podrá abordar acciones judiciales o administrativas, concertar toda clase de operaciones de crédito, aprobar proyectos de obra y servicios no previstos en los presupuestos, autorizar la adquisición onerosa de bienes muebles e inmuebles cuya adquisición no implique gravar presupuestos de dos o más ejercicios, enajenar o permutar bienes patrimoniales, salvo que su precio exceda del 20% del presupuesto municipal, aprobar deslindes o la utilización onerosa de bienes de dominio público o privado por un plazo menor a cinco años, aprobar los pliegos de condiciones de los contratos que celebre el Ayuntamiento, así como adscribir bienes a determinados usos o servicios, el reconocimiento extrajudicial de créditos o decidir sobre la resolución los recursos de reposición interpuestos contra acuerdos de la propia comisión de gobierno.
En la sesión en que UPN y CDN forzaron al pleno a delegar casi todo su poder, el portavoz regionalista, José Iribas, defendió la constitucionalidad y legalidad del trasvase competencial. Los regionalistas aducen que todos los asuntos deberán pasar por las comisiones informativas, donde está presente la oposición, antes de ser tratados en la comisión de gobierno, pero la oposición rechaza las formas empleadas por UPN para adoptar un cambio tan trascendental.
Al filo de una medianoche de verano, los 15 votos de UPN y CDN lograron imponer su criterio al pleno mientras los dos concejales de Aralar criticaban el "golpe de estado" y abandonaban la sesión y los ediles del PSN, IU y EA-PNV se oponían inútilmente a las pretensiones centralizadoras de la derecha.
Los socialistas reconocen la legalidad de los cambios, pero se opusieron a ellos al estimar que el pleno es "el órgano más democrático y representativo del poder local" y no aceptan las prisas con que UPN tramitó la modificación. Francisco Calvo, portavoz socialista, reconoció que la mayoría de los ediles desconocían las atribuciones plenarias que se iban a delegar y pidió, en vano, tiempo para estudiar el expediente.
Tanto Calvo como Idoia Saralegui, portavoz de IU, han recordado que ni siquiera el tripartito que años atrás gobernó Pamplona (CDN, PSN e IU) se planteó esa modificación pese a su mayor representatividad. Los socialistas sugieren que la decisión puede querer ocultar las más que previsibles diferencias de criterio sobre asuntos de envergadura que enfrenten a UPN y sus socios este cuatrienio. El Gobierno foral ha filtrado que sendas comisiones limitadas de ambos partidos, socios también en el Ejecutivo, estudiarán de forma previa a los consejos de gobierno las cuestiones a tratar para unificar criterios.
El modo de operar de UPN en Pamplona "suscita desconfianza", en palabras de Iñaki Cabasés, portavoz de EA-PNV, para quien es "muy grave" que la vida municipal se vaya a desarrollar al margen de "la luz y los taquígrafos". La coalición nacionalista fue la única formación que presentó enmiendas para reducir las competencias a delegar. Fueron rechazadas y la coalición defendió la idea de modernización como "participación social" advirtiendo que alejar las decisiones del pueblo sólo causará mayor crispación.
Carpetazo a los debates molestos
Si la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona hubiera gozado durante el pasado mandato de Yolnada Barcina del poder que ahora tendrá, UPN se hubiera probablemente evitado el mal trago de tener que debatir y aprobar en las sesiones plenarias expedientes muy polémicos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los relativos a la construcción del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Castillo o la venta del solar de Intendencia para la construcción de un gran centro comercial de El Corte Inglés.
Ambos asuntos hubieran pasado por meras comisiones informativas y después habrían sido aprobados directamente por la comisión de gobierno sin contar con la opinión de ningún partido de la oposición.
Las irregularidades en la tramitación de estas cuestiones puesta de manifiesto incluso por algunas sentencias vinculadas a la Plaza del Castillo ha motivado retrasos en la construcción del aparcamiento durante los dos últimos años, además de provocar tensos debates plenarios en los que la oposición puso en evidencia errores de gestión y denunció sospechas de tráfico de influencias del equipo de gobierno de Barcina.
¿Por qué ha impuesto ahora UPN ese reforzamiento de su poder en el consistorio de la capital navarra, pese a gozar, gracias al pacto cerrado con CDN tras los comicios de mayo, de la ventaja de la mayoría absoluta en el pleno? La explicación, en palabras del portavoz del grupo municipal regionalista, José Iribas, radica en la necesidad de "agilizar la gestión municipal", acortando la duración de los largos plenos.
Iribas agregó que de esta forma se moderniza la gestión del consistorio adecuándola a la nueva normativa en una línea que los ayuntamientos de Madrid y Valencia, ambos regidos por el Partido Popular, ya han iniciado.
