Los héroes del Monumento
Los vecinos de un barrio militar sevillano escrituran sus viviendas tras 13 años de pleitos con Defensa
Cuando Manuel Fernández Silva salió a las 11 de la mañana de ayer al balcón de la notaría de San Juan de Aznalfarache, más de un centenar de personas agolpadas abajo rompieron a entonar el grito de "campeones, campeones". Como si Fernández Silva acabara de ganar la Liga y estuviera brindándosela a la afición.
Fernández Silva es el presidente de la asociación de vecinos Monumento, a la que pertenecen unas 200 familias vinculadas a la Maestranza Aérea sevillana y que llevan 13 años de batalla legal con el Ministerio de Defensa para que les vendieran las viviendas que ocupan desde hace años en régimen de alquiler. El presidente fue el primero de los 31 vecinos que ayer escrituraron su casa en propiedad. El resto lo hará en los próximos días.
"¿Quién iba a pensar que un David tan pequeño iba a ganarle a un Goliat tan enorme como el Ministerio de Defensa?", exclamaba Fernández Silva al salir de la notaría. Los vecinos hicieron estallar cohetes, descorcharon botellas de champán y bailaron, cantaron y se abrazaron para celebrar su triunfo. "Yo he aprendido que hay que recurrirlo todo, pelear cuando sabes que tienes la razón, no asustarse por el que tengas en frente", decía Fernández Silva en referencia a los años de pleitos contra la Administración.
Juan Piedra, jubilado de la Maestranza Aérea desde 1988, es uno de los vecinos más veteranos y ayer esperaba nervioso a las puertas de la notaría a que le llegara su turno para firmar la escritura de la casa en la que vive desde 1954. "Estas casas son el verdadero balcón de Sevilla, se vive muy sanamente", aseguraba. "Por eso nos las querían quitar para hacer viviendas de lujo".
El barrio del Monumento se construyó en los años cuarenta y los vecinos a los que entonces se les concedieron las casas son hoy octogenarios que han esperado durante décadas para tener su vivienda en propiedad. Otros se han quedado en el camino. Algunos por "ley de vida", según explicaba Fernández Silva, y otros porque el proceso legal contra el Ministerio de Defensa ha sido "demasiado duro".
Algunos, la mayoría de ellos militares atemorizados por las amenazas de desahucio, aceptaron comprar las viviendas a precio de renta libre a mediados de los noventa. Los que siguieron batallando han conseguido que Defensa cumpla lo que el Congreso de los Diputados ya aprobó en 1997 en una proposición no de ley: que los vecinos pudieran comprar sus casas a precio de vivienda de protección oficial y teniendo en cuenta que las casas tienen 50 años de antigüedad. Las escrituras de ayer cifraban en 17,43 euros el metro cuadrado.
Uno de los abogados de los vecinos advertía, no obstante, de que antes de dar el proceso por terminado habría que esperar a que la Administración no pretenda reclamarles los alquileres que la mayoría de los inquilinos han dejado de pagar desde que salieron las primeras sentencias favorables a su causa. Además, algunos de los que optaron por comprar la vivienda a precio de mercado esperan ahora que les devuelvan la diferencia.
Fernández Silva, el presidente de los vecinos, quien interpuso una querella contra el ministro de Defensa, Federico Trillo, por negarse a ejecutar las sentencias, tampoco descarta represalias laborales. Él trabaja en el taller de mantenimiento de los motores de aviones Hércules y asegura que ayer ya le dijeron que hoy no vaya a trabajar.
El premio a la constancia
La lucha en los tribunales entre los inquilinos del barrio del Monumento, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y el Ministerio de Defensa ha durado 13 años. Manuel Fernández Silva, el portavoz de los vecinos, recordaba ayer que en 1990 empezaron las primeras movilizaciones, cuando la Administración anunció su intención de desafectar las viviendas.
La medida se llevó a cabo en diciembre de 1994 y Defensa le ofreció los derechos de reversión de las casas a los antiguos propietarios de los terrenos. Los vecinos recurrieron y ganaron su primera batalla.
Desde que les concedieron las casas, los inquilinos, vinculados en su mayoría a la Maestranza Aérea sevillana, pagaban un canon de uso, pero al quedar desafectadas, consideraron que, según la Ley de Arrendamiento Urbano, deberían hacerles un contrato de alquiler. Ante la negativa de la Administración, la mayoría de los vecinos se negaron a seguir pagando.
Iniciaron un contencioso y los jueces advirtieron que la Administración no estaba obligada a ofrecerles el contrato. "Pero si no había contrato nosotros tampoco estábamos obligados a pagar nada", recordaba ayer Fernández Silva para justificar por qué la mayoría de los vecinos se negaron a seguir abonando el canon mensual.
Al final, Defensa aceptó venderles las viviendas, pero pretendía hacerlo a precio de mercado. El tercer contencioso interpuesto por los vecinos tenía como objetivo conseguir que las casas se les ofrecieran a precio de protección oficial. En mayo de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se obligaba a Defensa a venderles las viviendas en un plazo máximo de tres meses; a hacerlo a precio de VPO; y a indemnizar a los vecinos por los perjuicios causados.
Aquella proposición la firmó Federico Trillo como presidente de la Cámara, pero se negó a ejecutarla como ministro de Defensa. "Trillo pretendió que las casas se nos vendieran a precio de mercado", asegura Fernández Silva, quien interpuso entonces una querella por prevaricación contra el ministro que aún está sobre la mesa del tribunal Supremo.
Finalmente, el TSJA reconoció en el año 2000 el derecho de los vecinos a comprar sus casas a precio de protección oficial en una sentencia que volvió a ratificar el pasado año tras desestimar la impugnación de Defensa.
Sobre la firma
