Un juez estima un fraude de 413.125 euros en el mantenimiento de las zonas verdes de Málaga
Dos altos funcionarios municipales, implicados en la trama de cobros irregulares
El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga vuelve a estar bajo sospecha. El titular del Juzgado de Instrucción número 11, Juan Francisco Ramírez Barroso, ha advertido indicios de posibles delitos de falsedad y malversación de caudales públicos en el pago de las certificaciones por el mantenimiento de los parques y jardines, que el Ayuntamiento tiene contratado con las empresas Sando y Urbaser. El juez, que ha levantado el secreto del sumario del caso tras dos años de pesquisas, estima que sólo en el año 2000 el presunto fraude ascendió a 413.125 euros.
En mayo de 2001, el PSOE desveló la existencia de pagos irregulares a las empresas que tienen adjudicadas la contrata del servicio al detectar que se habían abonado certificaciones por zonas que aparecían con más metros cuadrados de las que realmente tenían, que se habían aplicado tarifas inapropiadas, e incluso que algunos de los jardines supuestamente mantenidos ni siquiera existían.
La oposición pidió hasta en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación que el PP negó, aunque el equipo de gobierno si reconoció la existencia de "fallos" e incluso paralizó temporalmente el pago de certificaciones y encargó una auditoría externa que nunca dio a conocer. El otro partido de la oposición denunció el caso en los tribunales en septiembre de 2001, según su portavoz, Rafael Rodríguez, "porque el PP no nos dejó otra salida ya que bloqueó todos los caminos de investigación". El equipo de gobierno, que atribuyó los errores a motivos administrativos, negó siempre que hubiera habido un perjuicio económico para el Ayuntamiento.
Pero tras dos años de investigación, el juez instructor ha detectado indicios de que el Ayuntamiento de Málaga ha sido víctima de presuntos delitos continuados de falsedad y malversación de caudales públicos, y que las dos empresas adjucicatarias del servicio -la UTE Urbaser-Thaler en la zona oeste y norte de la ciudad, y Sando en la este- fueron "beneficiadas con mayor cantidad de dinero que las que les correspondería en virtud del contrato de adjudicación".
El juez relata además cuatro mecanismos utilizados: mediante la alteración de los metros que tienen los jardines o certificando como tipo B jardines que en realidad son de tipo A; por doble certificación en trabajos de conservación general y en los de poda; y mediante la inclusión del tratamiento fitosanitario en las certificaciones de cobro a pesar de estar ya incluidos en el pliego en las tareas de mantenimiento.
Aunque el juez aún no ha formulado ninguna imputación, sí apunta en un auto "indicios de haber participado en los hechos delictivos" de dos altos funcionarios del consistorio, la entonces jefe de sección de Parques y Jardines, Manuel Martínez González, y su esposa, que era directora de obras del mismo departamento, Carmen Muñoz López. Las certificaciones fueron firmadas además por la entonces concejal de Medio Ambiente, Ana Rico, y pos dos directores que tuvo el área en 2000, Jorge López y José Gordo.
El portavoz de IU, Rafael Rodríguez, se mostró ayer "escandalizado" por la dimensión del fraude, pues "estafar al Ayuntamiento es un robo a los malagueños, al erario público", y abogó porque se depuren todas las responsabilidades, "también todas las conexiones políticas porque estamos en un momento especialmente delicado en el que se está tratando de hacer ver que la gestión de lo público va ligada a actitudes corruptas".
Rodríguez, que se preguntó si el PP tiene algún motivo no confesado para no haber querido esclarecer el asunto, pedirá en el próximo pleno municipal que se aparte de cualquier servicio a los dos funcionarios investigados y el rescate del servicio.
