La Generalitat otorgó en 2002 contratos informáticos sin concurso por 107 millones

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) abonó en 2002 un total de 107 millones de euros (17.762 millones de pesetas) a T-Systems, la heredera de la empresa pública de informática que la Generalitat privatizó en 1998 por 18 millones de euros, según datos aportados por el Ejecutivo a preguntas del Partit dels Socialistes (PSC). La mayoría de los contratos fueron adjudicados sin concurso en función del convenio marco suscrito entre la Generalitat y la empresa, que preveía un desembolso tres veces menor. El PSC llevará las contrataciones de T-Systems al pleno del Parlament que se inicia hoy.

El Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información no contestó a los reiterados intentos de este periódico de conocer su versión de los hechos. Presidencia, que coordina la acción de gobierno, tampoco quiso dar su versión y remitió a dicho departamento. Tampoco lo hizo T-Systems, de cuyo consejo asesor forma parte Carles Vilarrubí, empresario próximo al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Fuentes del Gobierno catalán explicaron que la diferencia entre el gasto realizado y el inicialmente previsto se explica por una cláusula en el contrato de T-Systems, que prevé que las cantidades puedan ampliarse en el caso de implicarse en la Administración Abierta de Cataluña.

La privatización, a finales de 1998, del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) provocó un alud de críticas de los grupos de la oposición por el bajo coste de la operación. La alemana Debis ganó el concurso para gestionar la prestación de los servicios informáticos de la Administración catalana por 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros) cuando una consultora internacional había valorado el centro en 4.500 millones de pesetas. En 2001, Debis fue adquirida por Deutsche Telecom, lo que dio origen a T-Systems.

Contrato vigente

Tras la privatización, el Gobierno catalán suscribió con Debis un contrato de prestación de servicios informáticos para la Generalitat que, tras renovarse en octubre de 2002, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2004 para T-Systems. El convenio marco establece los precios que debe abonar el Ejecutivo catalán por los servicios informáticos y va actualizándose según la inflación.

En la práctica, no obstante, el precio abonado por el Ejecutivo ha sido muy superior a las condiciones del convenio marco: según los datos aportados por el Gobierno catalán a la diputada socialista Teresa Serra, el Ejecutivo pagó en 2002 un total de 107 millones de euros, cuando el convenio marco preveía un desembolso de únicamente 31,3 millones de euros.

La espectacular diferencia tiene su origen en un subapartado del contrato, que abre la vía para que cada departamento encargue trabajos a T-Systems. En 2002 la previsión para este subapartado era de 8,47 millones de euros, pero el gasto al término del ejercicio de 2002 por este concepto fue de 87,8 millones, el 1.000% más de lo previsto. Pese a ello, en el convenio para 2003 se fijó de nuevo la cuantía en los niveles teóricos: sólo constan 8,7 millones de euros.

El Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi considera que esta práctica supone "fraude de ley", en palabras de la diputada Teresa Serra, que en el pleno que empieza hoy interpelará sobre la cuestión al consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell. En la práctica, abre la vía para la contratación de esta empresa, sin concurso, amparándose en el convenio marco.

Libre competencia

En la mayoría de los contratos revisados por la diputada del PSC- Ciutadans pel Canvi no hubo concurso público, sino que el contrato se adjudicó directamente a T-Systems alegando la existencia del convenio. Por ejemplo, el Departamento de Sanidad adjudicó entre el 22 de marzo de 2002 y el 18 de diciembre de este año 21 contratos con la empresa por un valor total de 3,7 millones de euros (628 millones de pesetas). Los contratos no se abrieron a la libre competencia como sería preceptivo. "No existen otras ofertas como consecuencia del convenio marco suscrito entre el Gobierno de la Generalitat y la empresa T-Systems", se escribe en las condiciones de contratación.

El PSC encargó un informe jurídico que pone en duda la legalidad del convenio marco suscrito y considera que en la práctica "se convierte en un sistema para evitar que otras empresas puedan licitar". "Un contrato marco de esta naturaleza no se ajusta a derecho porque a partir de una gran indefinición expulsa al resto [de las empresas] del mercado", se afirma en el informe. Y se añade: "El precio puede llegar a cantidades que multipliquen geométricamente las pactadas inicialmente, ya que el objeto del contrato es prácticamente infinito".

Los 107 millones de euros que T-Systems facturó al Gobierno catalán en 2002 supusieron el 51% de la facturación total de la empresa durante el ejercicio.