Registro judicial de las empresas de la supuesta trama urbanística de Aranjuez

Gonzalo Salgado, el juez que investiga por supuesta corrupción al alcalde y otros dos ediles de Aranjuez (PP), ordenó ayer el registro de un grupo de cinco empresas vinculadas a un empresario inmobiliario, Jesús Iglesias Ortega, que fue contratado por el Ayuntamiento como asesor y letrado de Urbanismo y que, supuestamente, ha emitido informes municipales favorables a sus empresas. Las empresas que registró ayer la Unidad Económica de la Brigada Central de Policía Judicial están radicadas en Aranjuez y en la calle de O'Donnell. La firma matriz es Metroges, SA.

El juez Salgado, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez, acordó los registros tras recibir un escrito de ampliación de la querella que interpuso el pasado mes de noviembre la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Consumo del Tribunal Superior de Justicia contra el alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y los dos tenientes de alcalde de este municipio: el concejal de Urbanismo, Javier Ramón Cepeda (hermano del alcalde), y el de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez Orcero.

Según el escrito del fiscal, Metroges, SA, forma parte de "una trama económica vinculada a determinadas empresas constructoras y de gestión urbanística, cuyo núcleo decisor parece estar constituido por el alcalde de Aranjuez, su hermano, Javier Ramón, y Miguel Ángel Gálvez", así como "por el aparejador municipal José Antonio Segade Fraile y el arquitecto José Ángel Lazareno".

Las empresas que registró ayer la Unidad Económica de la Brigada Central de Policía Judicial están radicadas en Aranjuez y en la madrileña calle de O'Donnell, y la firma matriz de todas ellas es Metroges, SA. Los agentes se incautaron de numerosa documentación de la empresa matriz y de su filial Tecnoges, SA, en la que Iglesias Ortega posee un importante paquete accionarial, según el escrito de la Fiscalía de Madrid.

Amañar concursos

El fiscal, Emilio Valerio, asegura en la querella que el Ayuntamiento de Aranjuez ha "amañado" concursos de obras para adjudicar éstas a la firma Metroges y beneficiarla en el marco de este entramado de supuesta corrupción.

La fiscalía sostiene que se amañaron licitaciones "con el único objetivo de conseguir para Metroges" la adjudicación "de la construcción de un número muy importante de viviendas del concurso público" que efectuó el Ayuntamiento "para la concesión a una empresa inmobiliaria de la construcción de 450 viviendas en un solar municipal del antiguo campo municipal de deportes y del colegio público San José de Calasanz".

El juez ha interrogado ya como imputados de supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias a casi todos los querellados, incluidos el alcalde y los concejales. Merced a los interrogatorios de los querellados, la fiscalía "ha constatado" que no sólo se "amañó" el citado concurso para que éste fuese adjudicado a Metroges, sino que además se incumplió el espíritu del mismo para beneficiar a esta firma.

Es decir, en 1998 se celebró un pleno en el Ayuntamiento que acordó que una parte sustancial de las citadas 450 viviendas debían ser de protección pública y precio tasado; sin embargo, y aunque la finalidad era ésa -que una parte de las casas fueran de un precio asequible-, el Ayuntamiento "liberó" a Metroges de esa obligación. Según el fiscal, el Ayuntamiento lo hizo apoyándose "en informes técnicos municipales de los que no se han aportado datos precisos [en los interrogatorios]".

La fiscalía, no obstante, asegura que dispone de documentación según la cual "el favorecimiento a Metroges" y a las "importantísimas operaciones inmobiliarias" que esta firma ha realizado en Aranjuez es fruto de "la designación del consejero delegado de facto de Metroges [Iglesias Ortega]como asesor municipal e informante en todas esas cuestiones urbanísticas".

Es decir, que fue Ortega el técnico municipal que efectuó los informes sobre asuntos relacionados con las obras adjudicadas a sus empresas. Su nombramiento como letrado de Urbanismo lo realizó la comisión de gobierno del Ayuntamiento el 22 de enero del año pasado, "a propuesta de un tribunal calificador presidido por el querellado Javier Cepeda y compuesto, entre otros, por Miguel Ángel Gálvez (concejal de Hacienda) y algunos otros ediles imputados". A Iglesias Ortega se le nombró "letrado en Urbanismo con carácter de contratación temporal".

Con la documentación que posee, el fiscal no tiene dudas de que Iglesias Ortega, pese a que "registralmente" dejó Metroges en 1996, es el responsable de facto de esta firma y sus afiliadas. Señala la fiscalía que la designación de Iglesias como letrado de Urbanismo de Aranjuez vulnera "la Ley 53/84 de Incompatibilidades" y, además, "adquiere trascendencia penal", ya que éste "ha emitido informes oficiales a favor de la mercantil en la que participa".

Por ejemplo, señala el fiscal, fue quien informó en contra de la denuncia que presentaron ante el Ayuntamiento compradores de las citadas 450 viviendas. En la denuncia se quejaban de que no se hubiesen aplicado precios de viviendas protegidas a sus casas. Iglesias hizo un informe, en nombre del Ayuntamiento, que el fiscal califica de "escandaloso". En él se asegura que los denunciantes compraron tales casas "sin que constase en la escritura que estaban sujetas al régimen de VPT (viviendas de precio tasado)", y señaló que la reclamación de los compradores en todo caso era "una cuestión civil que competería a los promotores de las viviendas y en modo alguno al Ayuntamiento".

La fiscalía pide al juez que interrogue y amplíe su querella contra Iglesias y que se registren las oficinas de Metroges (diligencias que fueron practicadas ayer) para estudiar todas las actividades desarrolladas por esta firma en Aranjuez. Dentro de este supuesto entramado, el juez también investiga a las firmas Maconsa, Mafasa, Aldisa y Coprodipesa.