Ingresan en prisión cinco de los detenidos de 'Egunkaria' y otros cuatro salen bajo fianza

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a petición de la fiscal Olga Sánchez, acordó ayer el ingreso en prisión de cinco de los detenidos el pasado jueves en la operación que supuso el cierre del diario Euskaldunon Egunkaria y de las sociedades a las que aparece vinculado, por considerar que constituye un instrumento de ETA. El magistrado, además, dejó en libertad bajo fianza de cuantías que oscilan entre los 12.000 y 30.000 euros a otros cuatro de los implicados. Al menos tres de ellos constituyeron las fianzas antes de las tres de la tarde y quedaron horas más tarde en libertad.

Los cinco imputados en delito de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA y que ingresaron en la prisión de Soto del Real (Madrid) por orden del juez son: Xabier Alegria Loinaz, que ya está procesado en los casos del cierre de Egin y el aparato político etarra Ekin, y al que se considera el enlace entre la dirección de ETA y el periódico; Xabier Oleaga Arrondo, ex subdirector de Euskaldunon Egunkaria y ex director de Egin; Iñaki Uria Manterola, consejero delegado del periódico; Juan María Torrealday Nabea, presidente del consejo de administración y José María Auzmendi Larrarte, integrante del citado consejo.

El juez ha fijado fianza de 30.000 euros para eludir la prisión preventiva para el director de la publicación Martxelo Otamendi Egiguren; de 18.000 euros para Inmaculada Gomila Carro, primera gerente y apoderada del rotativo, y de 12.000 euros para Luis Goya Urrutia, miembro del consejo de administración. Todos ellos fueron conducidos a la prisión de Soto del Real sobre las 14.30 horas, pero a las 17 horas una vez, constituidas las fianzas, fueron puestos en libertad.

El gerente, Fermín Lazcano Pérez, al que también se había fijado libertad bajo fianza de 12.000 euros, permanecía anoche en la prisión de Soto del Real al no haber tenido tiempo la familia para conseguir el importe de la cautela.

El décimo detenido, el ex director del diario, Peio Zubiría, continúa incomunicado en el hospital, ya que aún no ha declarado por no encontrarse en condiciones físicas para hacerlo.

Sin explicación

El auto del juez no explica las razones por las que unos quedan en prisión y otros en libertad, ni individualizan el grado de responsabilidad en los hechos presuntamente delictivos de cada uno de los imputados. Aunque fuentes jurídicas aventuran que las declaraciones realizadas ante el juez han podido ayudar a determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados, éstas no han trascendido debido a que el sumario se encuentra declarado secreto y en las resoluciones judiciales que se conocen hasta ahora nada se apunta en ese sentido.

El magistrado basa su resolución en documentos intervenidos a los dirigentes de ETA José Domingo Aizpurua Aizpuru, Pitxas, en 1991; a José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, en 1992, y a José María Dorronsoro Malaxetxebarria, en 1993. Algunos de estos documentos, especialmente los intervenidos a Dorronsoro en Saint Denis (Francia) sobre "Kodigo Berriak/93" o códigos nuevos, y los titulados "Eneko", "Garikoitz" y "Hontza", ya fueron utilizados por el juez Baltasar Garzón en el cierre del diario Egin. También los documentos intervenidos a Txelis -uno de los tres integrantes de la cúpula de ETA denominada Artapalo, detenida en Bidart en 1992- sobre el Proyecto Udaletxe, han sido reiteradamente utilizados por Garzón en los sumarios contra las estructuras legales y alegales de ETA.

En estos documentos el denominado Garikoitz, que parece responder a la identidad de Xabier Alegria, consulta a la dirección de ETA sobre las posibilidades para la designación de director, así como la sustitución de consejeros.

En uno de los documentos intervenidos a Txelis y fechado en 1990 se menciona "la trascendencia y pronta culminación del proyecto de periódico en euskara Egunkaria Sortzen", de donde el juez deduce que Euskaldunon Egunkaria fue creado e instrumentalizado por ETA.

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial expresó ayer su rechazo a los insultos y descalificaciones personales emitidos contra el magistrado Juan del Olmo, especialmente los que proceden de responsables políticos.