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Editorial:

Ayuda a bien morir

Los herederos de Ramón Sampedro, el tetrapléjico español que durante años demandó sin éxito ayuda médica al Estado para morir dignamente, siguen reclamando a las instancias jurídicas internacionales el derecho a una muerte digna en situaciones terminales o extremas de la existencia, en las que la vida deja de asimilarse al concepto de vida humana.

En la queja contra España por supuesta vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tiene sobre su mesa el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los herederos del tetrapléjico español fallecido en 1998 han aportado como prueba el vídeo de su agonía angustiosa, falta de una adecuada asistencia médica y sanitaria, convertido en un alegato a favor de la despenalización de la eutanasia en determinadas circunstancias y bajo garantías tasadas. En contra de lo que alega el abogado del Estado español, tiene sentido reclamar ante la ONU "el derecho a morir dignamente", pues Sampedro no murió dignamente, conforme era su deseo, sino a escondidas y a la desesperada, con el concurso de una mano amiga pero inexperta y no con el de la ciencia médica.

En las sociedades envejecidas de Occidente, en las que la vida se alarga con grave riesgo de su degradación progresiva, los Gobiernos no pueden quedarse quietos, por prejuicios o cálculos electorales, ante las demandas de quienes piden ayuda médica para poner fin voluntariamente a una vida degradada y sin esperanza. Casos como el de Sampedro, o recientemente el del tetrapléjico británico que viajó a Suiza para poder morir sin causar problemas legales a los médicos que le ayudaron, urgen a dar una respuesta legal y humanitaria a situaciones que, con diversos matices, son frecuentes hoy día y lo serán cada vez más en el futuro. Por eso tiene importancia el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso Sampedro. Si fuera favorable, los Estados, y en primer término el español, tendrían menos pretextos para seguir dando largas a una regulación legal de la eutanasia que, con todas las precauciones y garantías exigibles, reconozca el derecho del paciente a decidir cómo debe ser su tránsito de la vida a la muerte. En línea con lo que ya sucede en Holanda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de febrero de 2003