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DEBATE SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT PARA 2003

El Gobierno catalán invierte en transporte público apenas el 55% de lo presupuestado

El retraso de las inversiones del Gobierno catalán en materia de transporte público es peor que grave: pone en peligro el conjunto de los acuerdos alcanzados para formalizar el Plan Director de Infraestructuras de 2001 a 2010. Así lo afirmó ayer el diputado Manel Nadal (PSC). Nadal desgranó las cifras anunciadas y las comparó con las que figuran en los presupuestos, para concluir que hay un retraso del 45% o, si se prefiere en positivo, que las inversiones apenas alcanzan el 55% de lo comprometido. Ante la falta de inversión, denunció, se acude al endeudamiento.

El Plan Director de Infraestructuras prevé una inversión total de 7.295 millones de euros. Pero buena parte de este dinero está en el aire, si es que está en alguna parte. Un total de 1.226 millones fueron presupuestados pensando que los aportaría el Gobierno central para los trenes de Cercanías. De momento, la Administración central no ha dado respuesta ni positiva ni negativa a esta sugerencia. Es decir, el dinero no existe.

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Sin fondos de cohesión

Tampoco los presupuestos del Gobierno catalán incluyen un solo euro para el pago de los 2.138 millones que costará la línea 9 del metro. Se supone que se incluirán en los presupuestos de 2004 y siguientes (con elecciones autonómicas de por medio). A estas dos cantidades hay que añadir los fondos de cohesión (566 millones previstos). El Gobierno central ya ha comunicado que no se debe contar con ellos, aduciendo que el tramo de este dinero a disposición del Gobierno catalán ha sido destinado a otros menesteres y que no se va a ampliar la partida.

El convenio de infraestructuras preveía un total de 1.912 millones de euros en 10 años (2001-2010). El Gobierno catalán ha dividido el periodo en dos partes iguales, pero no las partidas. Para los años 2001-2005 ha previsto apenas un tercio de esa cantidad: 683 millones de pesetas. Esta aportación debe ser hecha por el Gobierno central (un tercio) y el catalán (los dos tercios restantes). Pero si se analizan las cantidades establecidas en los presupuestos, no salen las cuentas. Este año, la Administración central debería haber previsto 45 millones de euros, pero ha presupuestado 26,9; es decir, 18 millones menos. Lo mismo ocurre con el Gobierno catalán, que hubiera debido destinar 91 millones y sólo ha consignado 64; es decir, 27 millones menos de los necesarios. Estas cantidades no incluyen la línea 9, que se financia por el método alemán, por lo que el Gobierno central deja de aportar el tercio que le correspondería. Para paliarlo, el Gobierno catalán ha previsto cobrar un canon al operador por el uso de las vías.

Esta situación de falta de dinero se reproduce en las cifras previstas para el contrato programa, de donde sale el dinero destinado a mantenimiento y mejoras de los servicios del transporte público y que financian las tres administraciones. Las aportaciones al mismo de las administraciones son inferiores en 60 millones de euros a lo inicialmente previsto.

La escasez económica es de tal calibre que para asumir los compromisos contraídos la ATM (Autoridad del Transporte Metropolitano) ha recurrido al endeudamiento y en estos momentos debe ya 86 millones de euros, todos ellos destinados a gasto corriente y mejoras en los servicios de transporte, según datos del PSC.

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