La defensa de Matías González niega la entidad penal del contrato a Budía
Declara el delegado de Personal de la Diputación de Córdoba
Rafael Sarazá, abogado defensor del ex presidente de la Diputación de Córdoba Matías González, dijo ayer que el caso de la contratación de María Ángeles Budía, la supuesta ex amante de su cliente, que se investiga en vía judicial, "carece de entidad penal", afirmación con la que coincidió el letrado del delegado de Personal de la institución provincial, José Antonio Albañir, que ayer declaró como imputado en este asunto.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba tiene abiertas diligencias previas por presunta prevaricación cometida por Matías González por la contratación de María Ángeles Budía, con la que se le atribuyó una relación sentimental. En este mismo procedimiento aparecen como imputados Albañir y los dos jefes de gabinete que tuvo González desde 1999 hasta que dimitió en agosto de 2002, Juan Díaz y Santiago Aranda.
Aranda declaró también ayer ante la juez que instruye el caso, Ana María Relaño. En sus manifestaciones dijo que al poco tiempo de ser nombrado jefe de gabinete de Matías González, lo que sucedió el 8 de enero de 2001, propuso la contratación de María Ángeles Budía para que colaborara en la terminación del séptimo tomo del catálogo histórico-artístico, propuesta que envió a la mesa de contratación de la institución provincial tras comprobar que caducaba el contrato que mantenía a Budía como administrativa en el área de presidencia de la Diputación de Córdoba.
En la declaración judicial efectuada por Matías González el pasado 30 de septiembre, éste indicó que había manifestado a su jefe de gabinete que "tenía interés" en que la joven fuese contratada por razones sociales y que fue más tarde la mesa de contratación la que decidió incluirla en la nómina de la Diputación.
José Antonio Albañir rehusó hacer declaraciones a la salida de su comparecencia ante la juez porque, según dijo, "se manipulan y utilizan de forma no correcta" y para evitar "juicios paralelos mediáticos, ya que ahora le corresponde resolver a la autoridad judicial".
Los letrados defensores de González y Albañir secundaron esta opinión y no se pronunciaron salvo para afirmar que el asunto "carece de entidad penal". La juez había citado igualmente al primer jefe de gabinete que tuvo Matías González, Juan Díaz, pero éste no pudo acudir a la cita judicial al estar convaleciente de una reciente intervención quirúrgica.
El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Abad, acompañó a Albañir en su comparecencia y dijo que la institución provincial colaborará con la juez en todo lo que disponga para que el asunto se resuelva lo antes posible. Abad señaló que el gobierno provincial respeta el procedimiento, pero se resistió a comentar si la mesa de contratación actuó dentro de la legalidad en la contratación de Budía. A este respecto, el secretario general de la Corporación, Cristóbal Toledo, dijo en su declaración que la inclusión como empleada de la amiga de Matías González se había hecho sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y publicidad.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba investiga también la contratación de otros cinco casos de supuesta contratación irregular en la Diputación de Córdoba. De los cinco casos, tres corresponden a Izquierda Unida por la contratación de Enrique Centella, Dulcenombre Rodríguez y José Manuel Mariscal como secretarios de los delegados de Cultura y Medio Ambiente desde el 16 de octubre de 1999 al 15 de octubre de 2000. Otro caso afecta al dirigente de Juventudes Socialistas de Hinojosa del Duque (Córdoba), Gregorio Barbancho, contratado como periodista desde el 17 de octubre de 2000. El quinto caso se refiere al presidente de del Consejo de Participación Ciudadana, José Antonio Rodríguez Borrego, dado de alta desde el 15 de mayo al 31 de diciembre del 2001 como coordinador de instalaciones deportivas en la Delegación de Juventud y Deportes.
