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Reportaje:

Las viudas del amianto

35 familias de trabajadores portuarios con cáncer piden el reconocimiento de enfermedad laboral

Barcelona
Más de 30 familias de ex trabajadores del puerto de Barcelona, muertos o enfermos de cáncer a causa de haber manipulado amianto en el pasado, inician acciones judiciales para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina les reconozcan como enfermedad laboral el daño sufrido. Se trata de operarios empleados en las décadas de los sesenta y los setenta por la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP). Medio siglo más tarde, cuando estos casos salen a la luz, muchos estibadores han pasado por la asbestosis (fibrosis pulmonar por inhalación de polvo de amianto), han enfermado de cáncer de pulmón o de pleura y se enfrentan a la muerte. Sus familiares denuncian los hechos.

Manipularon amianto procedente de Canadá y Suráfrica durante más de 20 años en el puerto de Barcelona. No fueron sometidos a las revisiones médicas semestrales porque entonces la ley para los trabajos de riesgo no incluía el amianto, pero las empresas los obligaban a tomar leche para disminuir los posibles efectos de esta sustancia tóxica. Se trata de decenas de trabajadores portuarios que, casi medio siglo después, con la baja por enfermedad o ya jubilados, han enfermado de cáncer de pulmón o pleura y sufren asbestosis (fibrosis pulmonar).

Muchos han muerto en los últimos años sin conocer el origen de su enfermedad. Hoy 35 familias buscan resarcimiento y exigen que se reconozcan estas muertes como el desenlace de una enfermedad profesional. Pero el tiempo transcurrido desde que los perjudicados eran trabajadores en activo juega en su contra.

Algunos familiares de víctimas se plantean iniciar un juicio contra el Estado

'Nos sorprendió que tanto tiempo después enfermara por haber trabajado en el puerto'

Mayte Fortanete, viuda de Antonio García González, perdió a su marido en noviembre de 1999, tras una pelea que duró 14 meses contra un cáncer de pulmón causado por amianto en el puerto de Barcelona en la década de 1970. García González se retiró tras sufrir un infarto. Meses después, en un chequeo de rutina, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. La quimioterapia le alargó la vida apenas 14 meses. 'Fue todo muy rápido y nos sorprendió que tanto tiempo después enfermara a causa de haber trabajado en el puerto', afirma Mayte Fortanete.

Después de dos años, un Juzgado de lo Social reconoció que la muerte de García González se debió a una enfermedad profesional. Su viuda cobra hoy una pensión de 643 euros y la hija menor, de 21 años, una pensión de horfandad de 144 euros. De cara al futuro, se plantean iniciar un juicio en lo contencioso administrativo por daños y perjuicios conta el Estado, responsable en aquellos años de la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP).

'El Gobierno habla mucho siempre de indemnizar a los trabajadores que han manipulado amianto, pero la realidad es que ni siquiera se respeta la letra de la ley', afirma Jaume Cortés Izquierdo, del bufete de abogados Colectivo Ronda, que sigue los 35 expedientes. El amianto, una sustancia tremendamente tóxica, ha sido prohibido definitivamente este año. España ha sido el último país de la UE en desterrar su uso.

En la década de 1960, los portuarios trabajaban para la OTP, que estaba en la órbita del Ministerio de Trabajo. En 1985, esta sociedad pública se transformó en mixta y se convirtió en Estibarna, de la cual el Estado sólo tiene una participación del 50%. El otro 50% corresponde a empresas estibadoras. En cualquier caso, los hechos que ahora están en los juzgados no tienen que ver con Estibarna, ya que son anteriores a la gestión de esta empresa.

El problema al que se enfrentan las familias de los estibadores es doble. Por un lado, resulta casi absurdo reclamar el recargo previsto por ley para los casos de muerte por accidente laboral, ya que este recargo debería darse de oficio, y además, 'la Inspección de Trabajo debería cursar un expediente en contra del Ministerio, es decir, contra el propio Estado, y eso no ocurrirá', destacan los juristas del Colectivo Ronda.

Por otro lado, la ley prevé la vía penal, es decir los juicios por daños y perjuicios. Sin embargo, transcurridos muchos años, la acción de las familias de las víctimas por esta vía es complicada y no siempre ofrece resultado esperado.

El primer obstáculo que varias de estas familias han sorteado es la obtención de un resarcimiento a través de pensiones más elevadas, de unos 600 euros más que las ordinarias por muerte natural o invalidez. Pero muy pocas han obtenido la indemnización de seis mensualidades por enfermedad profesional que debe abonar la mutua correspondiente. 'De los casos que llevamos, muy poco han ganado el juicio', señala Cortés Izquierdo. Para obtener este beneficio las familias de las víctimas tienen que realizar una petición a la Seguridad Social y, de ser denegada, iniciar juicio laboral.

El estibador Manuel Sebastián Calvo murió en 1999 y su viuda, Maria Antònia Sánchez García, recurrió a los tribunales de lo social, que resolvieron satisfactoriamente, pero la aplicación depende ahora del auto en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Otro caso mortal es el de Jordi Cabos Casabon, cuya viuda, María Rosa Castells, espera sentencia del Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona y con ella el reconocimiento de que su marido sufría una enfermedad laboral.

Ana e Isabel Moya, huérfanas de Manuel Moya García, fueron unas de las primeras en ganar un pleito por indemnización. Su padre era un trabajador del puerto de Barcelona. En 1997 fue a un ambulatorio porque 'se ahogaba', y ya no salió. Los ahogos eran producto de un cáncer de pleura que puso fin a su vida poco después de cumplir los 60 años.

Jaume Pla, de 70, también portuario, está enfermo de cáncer por culpa del amianto. Era empleado de la fábrica Uralita, en Cerdanyola. No le han autorizado todavía el cobro de la viudedad, ni tiene la invalidez absoluta. Aunque, en la actualidad la fábrica de Cerdanyola está cerrada, un portavoz de esta empresa explica que 'transportar material que se haya tratado con amianto no entraña en si mismo ningún problema'.

También hay casos con más fortuna. Nemesio Matamoros Carbonell, de 66 años, enfermó de cáncer a causa del amianto. Pero la extracción del pulmón afectado, dos años atrás, le permitió seguir con vida. 'Me canso, no puedo caminar mucho, pero vivo', dice. Hoy cobra una jubilación de 180.000 pesetas, pero ha iniciado un juicio para que le reconozcan la invalidez absoluta por enfermedad profesional, que duplicaría su pensión actual.

Pleitos millonarios en EE UU

Las reclamaciones de las enfermedades causadas por el amianto han abocado a la crisis a grandes corporaciones norteamericanas. 250 compañías de gran volumen de Estados Unidos se enfrentan a un total de 8.000 demandas de familiaresa de trabajadores del amianto.

Las demandas rondan un importe global de 200.000 millones de euros (32 billones de pesetas), cantidad a la que las compañías deberían hacer frente a lo largo de los próximos 20 años. La mayoría de las corporaciones afectadas no han realizado aún las dotaciones necesarias para cubrir las indemnizaciones. La situación es, cuanto menos contablemente, de bancarrota para algunas empresas, segúnlos cálculos actuariales aparecidos en diversas publicaciones.

En EE UU, el escenario de la abestosis y el cancer de pleura y de pulmón que se derivan se dilucida casi siempre en las cortes de justicia. Detrás de muchos pleitos, está el legítimo resarcimiento de los daños y algunos intereses, como escenificó la película Erin Brockovich, protagonizada por Julia Roberts.

El primer caso de la historia de la fibrosis pulmonar provocada por el amianto se produjo en Inglatera en 1906. En 1973, la industria norteamerciana manipulaba un total de 800.000 toneladas de amianto y diez años más tarde un total de 27 millones de ciudadanos estaban expuestos a la enfermedad. En 2001 se descubrió que, por lo menos, 100 millones de personas han estado expuestos al abestos a lo largo del último siglo.

Un material que mata

La Asociación de Enfermos por Amianto ha acusado en los últimos meses al INSS de obstaculizar la concesión de pensiones por invalidez profesional a operarios enfermos de asbestosis. En algunos casos, el instituto público alega que se trata de trabajadores jubilados.

Pese a que la asbestosis está declarada enfermedad profesional, son en muchos casos los tribunales médicos los que no corroboran los resultados de los informes de las revisiones, y en otros casos el propio INSS se encarga de negar las pensiones a familiares o enfermos.

En los últimos meses, los fabricantes de cementos, tejidos ignífugos, y otros productos que podrían contener amianto han tenido que encontrar otras fibra para sustituir este resistente material.

El Ministerio de Sanidad ha aplicado la trasposición de una directiva de la Comisón Europea correspondiente a 1999. Sin embargo, la prohibición de uso del amianto no impedirá la muerte en los próximos 30 años de unos 50.000 trabajadores en España (500.000 en toda Europa), que han estado en contacto con este material, según los cálculos facilitados por los sindicatos. Ello es debido a que el amianto actúa por acumulación. Las fibras de pequeño tamaño, lo que los expertos denominan la fracción respirable, llegan al pulmón y allí se acumulan en los alveolos y producen los fibromas.

Las personas con mayor riesgo de contraer asbestosis son las que han estado respirando estas partículas durante mucho tiempo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de septiembre de 2002

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