El Gobierno ofrece al PSOE pactar medidas para combatir el aumento de la criminalidad

El PP quiso conocer ayer qué planes tiene el presidente del Gobierno, José María Aznar, para combatir el aumento de la delincuencia, imparable en el último año y medio. Aznar insistió en la contratación de 20.000 nuevos policías y guardias civiles en los próximos tres años y en una serie de reformas legales que hoy presentarán tres ministros. El mismo día, el titular de Interior, Ángel Acebes, tendió la mano a la oposición para pactar las medidas contra la delincuencia. "Les ofrezco que pongan sobre la mesa sus alternativas para negociarlas", le dijo al senador Juan Barranco.

Acebes recogió el guante que le tendió en el Senado el socialista Juan Barranco, que había interpelado al ministro sobre el aumento de la criminalidad en la Comunidad de Madrid. Barranco había conminado poco antes al Gobierno a plantear y negociar con ayuntamientos, comunidades autónomas, sindicatos y partidos 'medidas sociales y de prevención' para combatir el aumento de los delitos. 'Porque si de la escoba que esgrime el Gobierno para combatir la delincuencia sólo utilizan el palo, todos sus planes fracasarán', dijo el ex alcalde de Madrid.

A ultima hora, en el cierre de su última intervención, Acebes hizo su oferta de diálogo al PSOE y otras entidades: 'Les ofrezco que, si les parece bien, pongan sobre la mesa qué otras medidas, qué alternativas creen necesarias para combatir la criminalidad, y si hace falta las negociaremos con ustedes y con otras organizaciones y asociaciones. Estoy de acuerdo en estudiar las alternativas que planteen'. Ahí se quedó la cosa, porque el resto, en el Senado y por la tarde en el Congreso, fue discusión y contraposición de cifras.

El PSOE no cree en los números que ofrece el Gobierno sobre nuevas dotaciones policiales que llegarán en los próximos tres años al estimar que sólo cubrirán las vacantes y jubilaciones, en tanto que han aumentado de forma espectacular las empresas de seguridad privada. Los socialistas resaltan el nombramiento de tres ministros del Interior en 30 meses: Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes. 'Se ha tomado ese ministerio como una pasarela de candidatos', señaló el diputado socialista madrileño Jaime Lissavetzky

El ministro del Interior, Ángel Acebes, respondió ayer a la oposición tanto en el Senado como en el Congreso. El diputado del Partido Andalucista José Núñez se interesó por el incremento de la delincuencia en Sevilla y el madrileño Lissavetzky por la de esa comunidad. La mano tendida de Acebes por la mañana se convirtió horas después en el Congreso en respuestas duras ante la insistencia de la oposición de rebatir esa cifra de 20.000 nuevos efectivos, que no estarán al completo en las calles hasta, al menos 2007. El ministro reprochó a los socialistas 'su catastrofismo respaldado en la nada y con datos que no se corresponden con la realidad'. En el plan que hoy presentará 'habrá más dotación policial, nuevas medidas legislativas con los juicios rápidos, más seguridad para todos'.

Por su parte, Aznar reconoció ayer que en 2001 hubo un crecimiento 'desgraciadamente' significativo de la delincuencia pero que 'se ralentiza en 2002'. El presidente reiteró que está dispuesto a poner todos los medios personales y materiales en los ministerios del Interior y Justicia para 'hacer que las calles sean más seguras'. Las líneas generales del plan contra la delincuencia fueron explicadas por Aznar en el debate sobre el estado de la nación del pasado julio. Los datos los deja para hoy. Son las que siguen:

20.000 nuevas plazas. 'Convocatoria entre 2002 y 2004 de más de 20.000 plazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se va a reforzar la presencia policial en la calle. Vamos a desarrollar planes específicos para sectores especialmente vulnerables, como el de los comerciantes. Trabajamos en una mayor coordinación con las policías locales. Nos proponemos incrementar los medios en la lucha contra el tráfico de droga y especialmente combatir su venta a los jóvenes'.

Juicios rápidos. 'Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se da prioridad a los juicios rápidos. Con esta iniciativa, las faltas podrán enjuiciarse inmediatamente y los delitos en menos de 15 días. Para su implantación está prevista la creación de 53 nuevos órganos judiciales penales, fundamentalmente juzgados de guardia'.

Prisión provisional. 'Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que responde a una fuerte demanda social: que el presunto delincuente no pueda volver a delinquir mientras espera sentencia firme. Es necesario revisar el sistema de prisión provisional dentro de los criterios establecidos por el Constitucional. Un imputado que en anteriores ocasiones haya dejado de acudir al llamamiento de un juez o tribunal ya ha demostrado que es capaz de eludir la justicia, y en ese caso, la prisión provisional es una medida legítima y justificada'.

Reforma del Código Penal. 'Es preciso reformarlo. El Gobierno se propone enviar a la Cámara, entre otras, las siguientes modificaciones de nuestro sistema penal: impedir que se pueda acceder al tercer grado penitenciario desde el primer día de condena, como ahora sucede. Parece lógico exigir que en penas superiores a cinco años se precise tener cumplida al menos la mitad de la condena. Ampliar el ámbito y la duración de la prohibición al agresor de acercarse a la víctima en casos de violencia doméstica u otros delitos. Parece evidente que alguna respuesta jurídica ha de buscarse cuando el 65% de las personas detenidas por el Cuerpo Nacional de Policía ya lo habían sido anteriormente'.

Expulsión de extranjeros. 'Sería razonable fijar como regla general la expulsión del extranjero en situación irregular inculpado por un delito para el que la ley prevea una pena inferior a seis años, salvo que el juez lo deniegue justificadamente. Con esto se eliminará el contrasentido de que delinquir es una forma de dificultar o de impedir la expulsión'.

Internamiento de extranjeros. 'Proponemos ampliar los casos de internamiento para los extranjeros con historial delictivo cuando no proceda la prisión preventiva y exista reincidencia. A la vez, proponemos reformar el Código Penal de manera que las penas inferiores a seis años sean sustituidas, salvo casos excepcionales, por la expulsión del territorio nacional, y si la pena fuera superior, cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes'.