El proceso de ampliación de la UE entra en crisis

La de Sevilla había sido concebida hace medio año como una cumbre clave para dar el penúltimo impulso a la ampliación de la UE al Este, pero, en cambio, reflejará la crisis en la que ha entrado este histórico proceso al debatir su coste financiero. En la capital andaluza, los líderes europeos darán luz verde a un informe sobre la situación de cada uno de los candidatos, a la mayoría de los cuales piden un mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción o el fraude y un mayor control de sus fronteras. A la vez, reconocerán que quedan postergados al otoño o invierno próximo capítulos financieros clave que debieron cerrarse este semestre. 'La ampliación no es parte del problema; es parte de la solución', ha dicho la semana pasada el comisario alemán Günter Verheugen, encargado de supervisar el proceso. Se refería así a los temores que despierta entre los políticos y ciudadanos un fenómeno que supondrá la inclusión en la UE de 12 países con un PIB per cápita que no llega al 45% de la media en la Unión.

Holanda y Alemania han bloqueado los capítulos financieros para la adhesión

'La ampliación no es parte del problema; es parte de la solución'

En el reciente Eurobarómetro de primavera, el 67% de los encuestados en toda la UE reconoce que la ampliación asegura la paz en el Continente, pero sólo uno de cada dos están a favor del proceso. Según el Eurobarómetro del año pasado, sólo cuatro de cada diez franceses la apoyaban, y el porcentaje no llegaba al 50% en el Reino Unido, Austria o Alemania. Sólo en España, Grecia, Suecia y Dinamarca se superaba el 60%. Eso sí, ocho de cada diez europeos se siente poco informado de qué supone la ampliación. Por eso, los líderes aprobarán en Sevilla un segundo documento a favor de campañas de información en todos los países.

El miedo a la invasión de mano de obra barata, a la pérdida de empleos, a la entrada de productos agrícolas más baratos y a la factura que habrá que pagar en fondos y ayudas ha hecho estragos. Los máximos dirigentes de los Estados contribuyentes netos, como Holanda y Alemania, han bloqueado los capítulos financieros en los que los Quince debieran haberse puesto de acuerdo este semestre según el calendario de negociaciones que pactaron en Niza en diciembre de 2000. Para salvar la cara y evitar un mensaje tan negativo hacia los candidatos, los Quince darán su bendición a un documento de mínimos en el que se comprometen, sin fecha, a llegar a un acuerdo sobre los pagos directos a los agricultores, el tema que más ampollas ha levantado en las últimas semanas.. El año pasado, los Quince también se comprometieron a finalizar antes del próximo diciembre las negociaciones para poder acoger a un máximo de diez países (todos menos Bulgaria y Rumania) en 2004. En Sevilla reafirmarán su palabra, pese a ser conscientes de que los capítulos dejados en el camino harán realmente muy difícil llegar a una solución que sólo podrá encararse una vez pasadas las elecciones alemanas de septiembre.

De los 31 capítulos que se negocian (desde libre circulación de personas a industria o pesca pasando por impuestos y política regional o medio ambiente), se han cerrado una media de 26 por país, pero quedan los más espinosos, los que cuestan dinero, como el de la agricultura. En síntesis, la valoración que hace Bruselas sobre la actual situación en cada uno de los países candidatos es la siguiente:

- Estonia. Sólo el 33% de los 1,4 millones de estonios apoyan su ingreso en la UE, pese a ser uno de los candidatos con menos problemas. La profunda modernización de la administración de Estado, como de los sectores energético y agrícola, explica el escaso nivel de corrupción. Las únicas lagunas son la escasa protección legal de la minoría rusa y el paro (11,7% total) de larga duración. Casi el 70% de sus exportaciones se dirigen a la UE, sobre todo a los países nórdicos.

- Letonia. Bruselas ha constatado progresos en la administración de la justicia y en la lucha contra la corrupción, pero exige más. Ha modernizado su agricultura, pero aún debe reformar más el sector energético y el de telecomunicaciones, además de controlar su elevada tasa de paro (13,7%). Como en Estonia, sólo el 33% de los 2,4 millones de letones apoyan estar en la UE, el porcentaje más bajo de todos los candidatos.

- Lituania. La Comisión Europea exige a los lituanos una mejor adaptación democrática de su sistema judicial y de la lucha contra la corrupción, junto a unas profundas reformas del sector agrícola para adaptarlo a una economía de mercado. El 10,2% de paro en una población de 3,6 millones es otro dato preocupante.

- Polonia. Con 38,6 millones de habitantes, Polonia es el principal país de la ampliación y, por tanto, el que más la condiciona. Pese a los problemas de retraso que arrastra en las negociaciones, los Quince han optado por mirar hacia otro lado porque nadie quiere poner en duda que los polacos, la mitad de los cuales apuesta por la adhesión, deben estar en la primera oleada. La restricción de siete años a la libertad de movimientos de trabajadores de países candidatos se ha hecho pensando en Polonia, que ahora exige una moratoria superior para impedir a los actuales ciudadanos de la UE la compra de tierras en Polonia. Uno de cada cinco polacos trabaja en la agricultura, que sin embargo sólo supone en 5% de los 172.000 millones de euros de su PIB. Por eso, los países ricos de la UE quieren limitar al máximo las ayudas agrícolas que corresponderían a los polacos. Bruselas exige a Varsovia una estrategia agrícola y profundas reformas de su mercado laboral y de sus infraestructuras, así como mayor atención al paro (12,3%).

- República Checa. Es uno de los candidatos mejor preparados para ingresar sin sobresaltos en la UE, pero aún debe reforzar la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de inmigrantes, así como mejorar las condiciones de la minoría gitana. La UE ha presionado a Praga, hasta ahora sin éxito, para que derogue los decretos Benes, aporbados tras la II Guerra Mundial para expulsar del país a centenares de miles de alemanes. Sus 10,2 millones de habitantes reaccionaron con dureza cuando Austria amenazó en 2001 con bloquear su acceso a la Unión Europea si no se cerraba antes la central nuclear de Temelin, a 30 kilómetros de la frontera. Bruselas le exige una mayor transparencia del sistema financiero y mayor respeto al medio ambiente.

- Eslovaquia. Bruselas cree que los 5,3 millones de eslovacos deben contar con una policía más democrática y unos jueces más independientes. Y además tienen que contar con la minoría gitana para que esté más integrada y luchar más intensamente contra la corrupción. El ex primer ministro Vladimir Meciar, en alza, es muy crítico con la adhesión a la UE.

- Hungría. Uno de los candidatos mejor preparados. Alabada por su lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude o la inserción de la minoría gitana, Budapest necesita una gran reforma del sector agrícola, el energético y el ferroviario. En junio de 2001 aprobó una ley sobre beneficios y ventajas para ciudadanos húngaros residentes en otros países de la UE, lo que originó críticas de sus vecinos. Bruselas reprueba la elevada inflación (6,9%) y el excesivo gasto público.

- Eslovenia. Superados los efectos de la guerra, Eslovenia se ha convertido en uno de los candidatos más prósperos (9.400 euros de renta per cápita), aunque Bruselas le exige rebajar el peso del Estado en sectores como la banca, privatizada en buena parte, o los seguros, y controlar mejor la inflación (7,3%) y las finanzas públicas. Entre las lagunas, también destaca el bajo control fronterizo frente a la inmigración ilegal.

- Rumania. Junto con Bulgaria, ha sido eliminado de la primera oleada de adhesión, apoyada por ocho de cada diez rumanos (22,4 millones de habitantes). Una débil administración pública que favorece la corrupción y la falta de independencia judicial, junto a la dramática situación de miles de niños en centros de acogida, la discriminación a los gitanos o el elevado tráfico de inmigrantes reflejan una Rumania no equiparable hoy a la UE. Su bajo nivel de renta per cápita (1.500 euros al año) y un sector agrícola estancado hace décadas son también síntomas de la incapacidad rumana para equipararse a un mercado único europeo.

- Bulgaria. Eliminada el año pasado de la primera ola de incorporaciones, Bulgaria sufre una corrupción endémica al lado de una judicatura distante del comportamiento democrático. Pese a sus encomiables esfuerzos legales y económicos para no perder el tren, Sofia no ha sido capaz ni siquiera de invertir los fondos que dedica la UE al proceso de preadhesión. Su renta per cápita anual (1.400 euros) es la más baja de todos los candidatos y el paro (17%), el más elevado. Como a Rumania, la UE animará a Bulgaria a proseguir los esfuerzos y, a fin de año, aprobará un plan de etapas para su futura adhesión.

- Malta. Con sólo 300.000 habitantes, Malta es un país perfectamente equiparable a la media actual de la UE. Con una renta per cápita de 8.800 euros, Malta forma parte desde hace 30 años de la zona de libre comercio con la UE. Sólo 38 de cada 100 malteses apoyan la entrada en la UE, contra la que predica el Partido Laborista, el principal de la oposición.

- Chipre. Constituye el caso políticamente más complicado por la división en dos partes (el norte bajo control turco) de la isla, cuando la adhesión está abierta a un solo Estado. Las negociaciones abiertas este año por los líderes de ambos lados han sufrido un parón ante el disgusto de Bruselas, aunque ya parecen más que superadas la amenaza turca de apropiarse de la República Chipriota del Norte si el resto de la isla entra en la UE, o la griega de bloquear toda adhesión si Chipre no se incluía en la primera oleada.

- Turquía. Precandidato hace más de tres décadas, este país (65 millones de habitantes) aún no ha iniciado las negociaciones de adhesión porque la UE considera que su nivel democrático no es suficiente incluso tras los progresos de la nueva Constitución aprobada el año pasado que ya contempla, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. El excesivo peso del Ejército, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la minoría kurda o los graves conflictos en las cárceles son sólo algunos capítulos destacados por Bruselas, que reconoce pese a todo los progresos registrados. La crisis económica del año pasado, que hundió la bolsa y disparó la inflación, o su posición en el contencioso chipriota han sido nuevos lastres para abrir las negociaciones.