Dinamarca limita la inmigración y recorta las ayudas a los refugiados

El Parlamento danés aprobó ayer una polémica y largamente debatida ley de inmigración que restringe el acceso de demandantes de asilo, impone nuevas condiciones para la adquisición de nacionalidad y la reagrupación familiar y aplaza siete años las ayudas gubernamentales a los inmigrantes. El Gobierno de centroderecha danés, que contó con los votos del antiinmigrante Partido Popular Danés (PPD) para la aprobación de estas medidas, pretende que la ley sirva de modelo para la próxima cumbre de Sevilla, en la que la UE tratará de armonizar sus políticas de inmigración.

La aprobación de esta ley, criticada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y por grupos defensores de los derechos humanos, se produce días después de que Francia y Alemania apelaran conjuntamente a un endurecimiento de las políticas de inmigración europeas, y a tan sólo un mes de que Dinamarca asuma la presidencia de turno de la UE.

El Gobierno de coalición de centroderecha danés, con el primer ministro, Anders Fogh Rasmussen, al frente defiende, sin embargo, que tan sólo tratan de 'igualarse' a sus socios europeos y sale al paso de las acusaciones de alineamiento con la extrema derecha del Partido Popular -la tercera fuerza política en el país, con 22 de los 179 escaños- alegando que las medidas aprobadas ayer 'son las mismas que propusimos hace 10 años', indicó el ministro danés de Inmigración, Bertel Haarder. Con estas medidas, el Gobierno de Rasmussen da cumplimiento a su promesa electoral del pasado mes de noviembre de endurecer su política de inmigración.

Dinamarca, donde los inmigrantes constituyen un 5% de una población de 5,3 millones, ha sido tradicionalmente uno de los mayores defensores de los derechos de los refugiados y fue el primer país firmante de la convención de refugiados de Naciones Unidas en 1951. Durante los tres primeros meses de este año llegaron a Dinamarca menos de la mitad de refugiados que durante los mismos meses de 2001.

La línea dura del Ejecutivo danés ha sido una fuente de conflictos con sus vecinos suecos, cuyo Gobierno ha acusado al de Copenhague en las últimas semanas de falta de solidaridad por 'exportar' inmigrantes en su dirección. En el primer trimestre de este año la entrada de inmigrantes en Dinamarca ha descendido un 38%, mientras que subieron un 67% en Suecia. Más leyes danesas restrictivas sólo agravarán el problema.

Suecia cuenta con el 10% de inmigrantes de una población cercana a los nueve millones de habitantes y existe un amplio consenso social sobre la necesidad de abrirles las puertas para sostener el Estado de bienestar. Los suecos consideran que su país está vacunado contra explosiones xenófobas tras vivir en la primera mitad de los noventa el ascenso y caída del partido ultra Nueva Democracia. Hoy no hay ningún partido que defienda el mensaje de 'Suecia para los suecos'. La ministra sueca de Exteriores, Anna Lindh, añade que 'la hostilidad hacia los inmigrantes es un fenómeno nuevo y amenazador que pone en peligro el proyecto europeo'.

La nueva ley danesa contempla las siguientes medidas:

- La residencia permanente se otorgará tras siete años de vivir en el país, en lugar de los tres años que contemplaba la anterior legislación.

- Se suprime el derecho automático de reagrupación familiar y se eleva la edad de 18 a 24 años para los inmigrantes que quieran reunirse con su cónyuge en Dinamarca.

- Los inmigrantes no se beneficiarán de las ayudas gubernamentales hasta después de siete años de residencia en el país, con el objetivo de incentivar el acceso al mercado laboral de los inmigrantes.

- Se devolverá a los refugiados políticos que vivan en Dinamarca cuando cambie la situación de sus países de origen y los refugiados dejen de considerarse perseguidos.

- Los extranjeros que quieran obtener la nacionalidad deberán pasar un examen de danés y otro de ciudadanía.

- A los inmigrantes clandestinos se les negará el derecho a que sus solicitudes sean tramitadas.

- Los extranjeros a los que les sea denegada la entrada en el país serán expulsados de inmediato, en lugar del plazo de 15 días contemplado en la anterior legislación.

Rasmussen pretende hacer de estas medidas un modelo para sus socios europeos, que el próximo 21 de junio se reunirán en Sevilla para tratar de unificar las políticas europeas de inmigración y asilo.