España incumple el protocolo de lucha contra los abusos a menores

A un mes vista de la cumbre mundial sobre la erradicación de los abusos a menores, España todavía no ha cumplido los compromisos que suscribió hace cinco años en la reunión de Estocolmo. El Gobierno español aún no ha aprobado el plan nacional contra la explotación sexual de menores, una medida largamente reivindicada por las organizaciones que luchan contra la explotación infantil.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, anunció esta semana que el Gobierno está ultimando dicho plan, aunque todavía no se conocen medidas concretas ni existe ninguna partida económica para erradicar el problema. Sin embargo, el Gobierno mantiene la promesa de presentar el plan durante la próxima cumbre internacional de Yokohama (Japón), que se celebrará en diciembre.

El retraso del Gobierno español mantiene en vilo a las ONG que trabajan en este sector. Ecpat España, que agrupa cinco entidades que luchan contra la explotación sexual de niños, teme que la precipitación en elaborar el plan español vaya en detrimento de su utilidad y 'comprometa el contenido del documento'. Los responsables de Ecpat también denuncian que el plan que está elaborando el Gobierno se está haciendo de espaldas a los grupos parlamentarios de la oposición.

El Gobierno considera que el principal problema a la hora de luchar contra los abusos a menores es la baja cantidad de denuncias que se producen. En el año 2000 hubo en España 187 denuncias, de las que 103 se referían a corrupción de menores e incapacitados; 56 tenían que ver con pornografía infantil, y 22, con la coacción a prostitución.

Resultados desalentadores

La ONG Ecpat España presentó ayer el balance de las acciones realizadas en todo el mundo cinco años después del congreso realizado en Estocolmo, que reunió a 122 países. Los resultados son desalentadores, ya que sólo un tercio de los países ha cumplido mínimamente con sus compromisos y España no está entre ellos.

Los países participantes en el congreso se comprometieron a reconocer la importancia que han tomado los abusos sexuales a menores y a establecer medidas concretas para evitarlos. Estas medidas debían estar recogidas en un plan nacional que la mayor parte de países todavía no han concluido. Ecpat considera que cada vez será más difícil controlar las redes de explotación de menores y que hace falta mayor coordinación internacional para vigilar a estas organizaciones.

Los organizadores del congreso del próximo mes de diciembre, que evaluará el trabajo realizado los últimos cinco años, tampoco son optimistas. De momento, sólo la mitad de los países que participaron en la anterior cumbre han confirmado su asistencia y sólo cuatro países llegarán a la cita con un nuevo plan de acción bajo el brazo y en pleno funcionamiento.