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Reportaje:Aulas

Las dificultades de sacar el crucifijo del aula

Varios colectivos andaluces luchan por conseguir una educación pública totalmente laica

Javier Arroyo

Algunos crucifijos todavía presiden las aulas. Algunos profesores aún rezan al comenzar la clase. Estas dos situaciones, que muchos ciudadanos de mediana edad en adelante han vivido y recuerdan perfectamente, aún no ha sido totalmente erradicada de los colegios andaluces. Y contra ello, luchan como pueden un puñado de profesores y padres de alumnos agrupados en colectivos cuyo objetivo es conseguir una enseñanza pública verdaderamente laica, de acuerdo a la norma constitucional de aconfesionalidad del Estado y derecho a la libertad religiosa.

La Asociación Pi y Margall por la enseñanza pública y laica nació en Motril (Granada) a finales de 1999, a partir de la iniciativa de algunos padres sorprendidos por el auge de la religión en el colegio público Virgen de la Cabeza de la ciudad. Niños no bautizados e incluso alumnos de familias musulmanas asistían puntualmente a las clases de religión católica. Lo que en realidad estaba ocurriendo, según los miembros del colectivo, era que el colegio no ofrecía alternativas suficientes para quienes no deseaban dar clases de religión.

No todo es tan sutil como esos entresijos administrativos, más que habituales en numerosos colegios concertados; la última lucha de la treintena de miembros de Pi y Margall es la retirada de todos los símbolos religiosos de las aulas. Este mismo mes de octubre elevaron una queja por la existencia de bustos de santos en la biblioteca del colegio. En marzo de 2000 ya habían enviado un escrito al director de su centro para que retirara un crucifijo que aún quedaba en la pared de un aula, tras recibir la denuncia del padre de uno de los alumnos que estudiaba en esa clase. Como si estuviera pegado con el pegamento más fuerte, la queja pasó por el director, por el Consejo Escolar del centro y por la Delegación Provincial de Educación. El padre no consiguió que retiraran el crucifijo.

Queja al Defensor

A la vista de todo eso, Ángel Ramírez, presidente de la asociación, le preguntó por escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sobre la legalidad o no de la presencia de símbolos religiosos en aulas, pasillos y despachos de los colegios públicos.

Tras una larga reflexión, el propio Chamizo concluye la presencia de símbolos religiosos -e incluso la existencia de salas dedicadas, por ejemplo, a capillas- no vulneran por sí mismos el principio de aconfesionalidad del Estado ni el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, el Defensor del Pueblo andaluz aclara que 'los símbolos religiosos colocados en aulas donde se imparta enseñanza de asistencia obligatoria, en centros docentes públicos, puede vulnerar el derecho a la libertad religiosa de las personas y, por tanto, deben ser retirados cuando así lo solicite alguno de los que se consideren afectados'. Es decir, se pueden poner y, si alguien se queja, entonces habrá que quitarlos.

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Como el grupo de Motril, en Andalucía existen otro puñado de colectivos en defensa de la enseñanza laica. José Luis Barella, médico y padre de alumno, es miembro del Colectivo Galileo de Úbeda (Jaén) y Sebastián Aragón pertenece a otro colectivo, Aspuela, de Chiclana (Cádiz). Ambos opinan que en los colegios se viven una situación de agravio entre quienes dan religión y quienes no, obligados a pasar esas horas en la biblioteca leyendo o perdiendo el tiempo. Antonia Jiménez es maestra y directiva del colegio público Nuestra Señora de la Misericordia de Torreperogil, además de miembro de un grupo de renovación pedagógica. Jiménez reconoce que aún se ven demasiados símbolos religiosos en las aulas, que en el mes de mayo se montan altares para el mes de las flores y que, algunos docentes comienzan sus lecciones cada mañana con un ave maría.

Jiménez insiste en que tienen que luchar con los sutiles vericuetos eclesiásticos: los curas del lugar , según ella, han expandido la idea de que para hacer la comunión (que se hace aproximadamente en 4º de primaria), tienen necesariamente que ir a clase de religión. Ella se ve obligada a recordar continuamente que esa enseñanza se da en las parroquias y no en las aulas públicas.

También en Cádiz ha habido casos problemáticos. En Prado del Rey, un pueblo en el límite entre Cádiz y Sevilla, el colegio público San José celebró el día del santo que le da nombre con una única actividad extraescolar, una misa. Según una denuncia que se presentó al efecto, los alumnos que no acudieran a misa se quedarían 'en clase haciendo fichas', actividad que, finalmente se convirtió en una redacción sobre el día del padre. En esa misma denuncia se añadía que en algunos cursos se seguía rezando. Una de las denunciantes recuerda que la Delegación Provincial les respondió que si no quería, no tenía que ir. 'Para ese viaje no necesitamos alforjas' recuerda ahora una de las afectadas, que culpa a los políticos, sobre todo de izquierdas, de no querer entrar a fondo en el asunto.

Manifiesto de Motril

Ellos están convencidos de que la razón está de su parte. Los defensores de la escuela pública y laica no creen que sea buen camino verse obligados a defender su razón siempre a partir de la queja y las cartas de protesta. El punto de partida de una sociedad civil tolerante y defensora de una verdadera libertad de conciencia, opinan, radica en la neutralidad y la asepsia religiosa. Es decir, los grupos laicos opinan que no debería ser necesario defender sus derechos siempre a partir de la queja, de la necesidad de recordar continuamente que crucifijos, clases de religión o misas en horas escolares son asuntos que, sencillamente, pertenecen a otros estamentos distintos de la escuela. Y para ello, para que a la sociedad civil lleguen sus razones, ya han comenzado a reunirse y debatir el asunto en congresos. El pasado verano, representantes de diversos colectivos celebraron en Motril el primer encuentro nacional Laicidad en España: estado de la cuestión a principios del siglo XXI, en el que debatieron la situación y suscribieron el llamado Manifiesto de Motril, donde expresan su preocupación ante las 'evidencias del aislamiento y retroceso en las libertades civiles y en el progreso en aquellos países que no han implantado una separación real entre el Estado y las distintas confesiones religiosas' y constatan que en la actualidad no se puede hablar de 'una aconfesionalidad real del Estado español', sino de un retroceso en ella por la mayor 'presencia de la Iglesia Católica en los órganos y estructuras del Estado y su cada vez mayor participación en los procesos de toma de decisiones'. A partir de esa preocupación, el manifiesto solicita 'el fortalecimiento de un Estado laico cuyos valores sean la libertad de conciencia y la autonomía de juicio, cultivada gracias a una escuela pública y laica'. Además, otra de las peticiones es que los cargos públicos dejen de sumarse 'a manifestaciones religiosas en el ejercicio de sus funciones' y que se elimine 'cualquier tipo de adoctrinamiento religioso de la infancia en el ámbito escolar'.

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