Libertad-seguridad, una ecuación delicada
Lo de menos es que el viaje en avión sea ya mucho más incómodo y tenso para los estadounidenses, acostumbrados como estaban a abordarlo casi como un taxi. Lo realmente importante es que la alarmante quiebra de los servicios de seguridad y espionaje, que ha hecho posible que la potencia que todo lo ve y todo lo oye no se enterase del secuestro simultáneo de cuatro aeronaves de pasajeros para utilizarlas como misiles, va a pasarles inmediatamente a los ciudadanos una factura que puede afectar decisivamente al equilibrio entre dos de los bienes más preciados: libertad y seguridad. Porque espiar y vigilar más, el inevitable corolario de la tragedia, acarrea por definición vulnerar libertades e intimidad, y no sólo de los supuestos enemigos.
Bush y su Gobierno entienden que, a la vista de lo ocurrido el 11 de septiembre, se impone un acotamiento significativo de las libertades que una democracia como la estadounidense garantiza a sus ciudadanos. Está el hecho evidente de que el FBI, la CIA o la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) han sido ridiculizados por una red de fanáticos resueltos y bien entrenados, pese a contar con todos los medios imaginables, desde satélites que todo lo escudriñan hasta sistemas de rastreo e interceptación capaces de seguir o grabar millones de comunicaciones. Pero Washington prefiere pasar de puntillas sobre la incompetencia mostrada por los servicios secretos mejor dotados del mundo (30.000 millones de dólares anuales en su conjunto), evidentemente adocenados tras haberse quedado hace una década sin el enemigo histórico comunista. Parece que el espionaje estadounidense, embotado por la tecnología, ha ido descuidando alarmantemente los aspectos básicos del oficio, sobre todo para lidiar con el submundo del terror: la capacidad de infiltrarse o el cultivo de los confidentes.
En el toque a rebato provocado por las atrocidades masivas de Nueva York y Washington se pretende levantar a las agencias de seguridad -CIA, FBI, NSA- muchas de las prohibiciones establecidas hace años para preservar el núcleo de las garantías constitucionales de los excesos de unas organizaciones para las que valía todo. Especialmente, los abusos de la CIA en los años setenta y ochenta ilustraron ejemplarmente la tendencia imparable de los Gobiernos y sus cuerpos secretos a violar la ley cuando se consideran comprometidos los intereses nacionales. Las limitaciones que pesan en EE UU sobre los organismos encargados de combatir el terrorismo y otras formas de delincuencia son, sin embargo, menores de lo que se supone; la CIA, por ejemplo, puede reclutar a terroristas como informantes extranjeros.
El ministro de Justicia estadounidense ha comparecido esta semana en el Congreso con una lista de medidas antiterroristas urgentes que tienen implicaciones muy serias. Los legisladores, pese a su predisposición favorable, han considerado tan inquietantes algunas de ellas que han pospuesto su trámite para dar tiempo a los dos grandes partidos a elaborar una plataforma común. John Ashcroft quiere no sólo nuevos poderes para interceptar comunicaciones e investigar cuentas bancarias, quizá las peticiones más inofensivas del paquete legislativo, sino también capacidad, en circunstancias especiales, de detener indefinidamente a inmigrantes o deportarlos sin pruebas y que la policía pueda registrar domicilios sin permiso del juez.
Prevenir atentados catastróficos no se va a hacer sin costes, ni en EE UU ni en el resto de Occidente. La historia, sin embargo, muestra que los instrumentos aprobados en circunstancias excepcionales difícilmente tienen vuelta atrás, sobre todo cuando, como es el caso del terrorismo, es tan difícil certificar la extinción de la amenaza que los originó, amén de que pueden ser utilizados por poderes poco escrupulosos contra personas inocentes. Los legisladores estadounidenses deberán hilar fino para establecer el límite aceptable al inevitable recorte de garantías que se avecina en un país que se creía invulnerable. Si es imprescindible el combate a ultranza contra un terror abisal, también lo es preservar un sistema de convicciones que incluye el respeto escrupuloso de las libertades básicas.
Presumiblemente, los ciudadanos no tendrán inconveniente en renunciar a parcelas de su intimidad que daban por garantizadas a cambio de sentirse mejor protegidos de un enemigo tan letal como enigmático. Pero EE UU se haría un flaco favor si, en la urgencia y la inevitable emoción del momento, el precio a pagar para atajar las carencias trágicamente constatadas el 11 de septiembre fuese erosionar gravemente los minuciosos mecanismos que protegen sus derechos fundamentales y el orden constitucional democrático.
