Empleo ha abierto 1.341 expedientes por incumplir la ley de salud laboral

La Dirección General de Trabajo, organismo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, ha abierto en el primer cuatrimestre de este año 1.341 expedientes sancionadores a empresas que han incumplido algún aspecto de la normativa de seguridad y salud laboral, según explicó ayer su director, Javier Vallejo. Las multas propuestas suman 803 millones de pesetas.

De los expedientes iniciados, 106 corresponden a accidentes laborales, y las multas ascienden a 141 millones de pesetas. Por incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo se han abierto 1.061 expedientes, lo que supone unos 562 millones de sanción. El resto tiene que ver con ilegalidad en las relaciones laborales u obstrucción a los inspectores de trabajo.

En todo el año pasado la Dirección General de Trabajo abrió 3.200 expedientes sancionadores, que sumaron en total 1.600 millones de pesetas en multas. De esa cantidad, la Comunidad recaudó 916 millones de pesetas.

La Inspección de Trabajo (dependiente del Gobierno central) informó ayer de que en 2000 propuso sanciones por importe de 1.851 millones de pesetas a empresas de la región que incumplieron la ley, 251 millones más de los que finalmente impuso la Comunidad. La diferencia en estas cifras obedece, según explicó Vallejo a Efe, a que, cuando se reciben los expedientes desde el Ministerio de Trabajo, la Consejería de Economía modifica -normalmente a la baja- o anula alguno de ellos, dependiendo de la información de la que disponga. Según la Inspección, el pasado año se paralizaron 195 obras por 'riesgo inminente y grave de accidente'. En lo que va de este año son 81 los trabajos paralizados, lo que supone un 26,6% más que en el mismo periodo de 2000.

Comisión territorial

Vallejo aportó estas cifras tras la reunión en la que se constituyó la Comisión Territorial de Trabajo, presidida por el consejero de Economía, Luis Blázquez, y de la cual también forma parte el Ministerio de Trabajo. Su objetivo, coordinar las competencias entre ambas administraciones en materia laboral.

El director general informó además de que Economía mantiene suspendidos 300 expedientes sancionadores que se hallan todavía en los juzgados de lo penal o de lo social, lo que impide resolver los procedimientos administrativos contra esas empresas. 'Uno de ellos', precisó, 'es de 1991, cuando no teníamos competencias, y aún está pendiente de juicio'.

Vallejo también salió ayer al paso de las críticas que hizo el pasado martes el PSOE a la idea del Gobierno regional de primar en la concesión de concursos públicos a las empresas con menos accidentes. El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo tachó la propuesta de demagógica, y recordó que en 1999 solicitó a Economía datos sobre empresas sancionadas en materia laboral y no los obtuvo. Según Vallejo, la situación ahora es distinta. 'En estos momentos la consejería puede saber la situación de un expediente sancionador, en qué fase está y cuántos ha tenido o tiene la empresa', aseguró.