Autonomía fiscal
El Gobierno ha desvelado los elementos generales del esquema en el que descansará el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas (CC AA)para el periodo 2002-2006. De lo conocido puede deducirse la voluntad de profundizar en la descentralización asumiendo rasgos propios del federalismo fiscal, siguiendo el sistema que rige en las CC AA de régimen común, y de incorporar un mayor grado de corresponsabilidad fiscal. Y eso es bueno, ya que permite una mayor simetría entre la configuración del ámbito competencial y el ejercicio de la correspondiente autonomía presupuestaria de las CC AA.
La mayor participación en la generación de ingresos garantiza que no sea sólo la más cómoda responsabilidad sobre el gasto la que exhiban los gobiernos regionales. Si se produce la cesión de una cesta de impuestos que incluya los especiales y el IVA (los que han generado una mayor recaudación en el pasado quinquenio), al tiempo que una mayor participación en el IRPF y la disposición de mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos, ello aumentará la capacidad financiera; el ejercicio de autonomía será importante, y es razonable que los contribuyentes perciban esa mayor responsabilidad de sus autoridades más inmediatas, que puedan establecer con mayores elementos de juicio la correspondencia entre esfuerzo tributario y calidad de los servicios.
Sin embargo, hasta ahora las negociaciones se están desarrollando excesivamente en el plano de los criterios generales. Hace falta una mayor transparencia en las cifras que maneja el Gobierno para que todas las partes puedan calibrar mejor sus posiciones. La discusión acerca de las propuestas sobre diferentes porcentajes de participación del IRPF, el IVA u otros impuestos sólo tiene sentido si se conoce su evolución real en la recaudación.
Las comunidades deben tener los recursos suficientes, como el resto de las administraciones del Estado. Si sus competencias principales, como la enseñanza y la sanidad, registran un incremento del gasto más intenso que otros servicios públicos, deberán contar con capacidad fiscal para adecuarse a estas crecientes necesidades. Por tanto, uno de los elementos que probablemente será objeto de discusión es el margen de autonomía de las CC AA para introducir modificaciones normativas en las figuras tributarias cedidas o, lo que es lo mismo, el grado de armonización que al respecto habrá de regir en el conjunto del Estado. El Senado podría ser un instrumento de armonización de esta capacidad normativa de algunos impuestos, como el IVA. Sería conveniente que tres exigencias genéricas presidieran las negociaciones: la voluntad de estabilidad, la de alcanzar el mayor consenso posible y la de lograr a largo plazo la igualdad de recursos entre comunidades respetando las peculiaridades forales.
