El Parlamento de Chile aprueba la abolición de la pena de muerte
Después de 11 años de trámite legislativo y con los votos en contra de la derecha, el Parlamento de Chile resolvió ayer por amplia mayoría abolir la pena capital en el país. La condena a muerte será reemplazada por una de presidio perpetuo calificado, en la que los condenados deberán cumplir 40 años de reclusión efectiva antes de poder solicitar su libertad condicional. El proyecto, que ya había sido aprobado previamente por el Senado, fue ratificado en la Cámara de Diputados con 66 votos a favor y dos en contra.
El proyecto fue ratificado en la Cámara de Diputados con 66 votos a favor -64 de la alianza en el Gobierno y dos de la derecha-, 37 en contra -toda la derecha más dos democratacristianos- y tres abstenciones. Como dos de los artículos no alcanzaron por un voto el quórum que requerían, el proyecto irá a un tercer trámite en el Senado, aunque el Ejecutivo considera segura su aprobación. Pero la norma que abolió la pena capital ya está en condiciones de ser promulgada.
El debate fue áspero en la Cámara Baja. Un diputado del partido de derecha Renovación Nacional, Alberto Espina, sentenció que 'los delicuentes se sentirán más tranquilos y la gente decente se sentirá amedrentada'. El democratacristiano Gutemberg Martínez replicó que, en esta materia, 'se juega si uno cree en la vida o anda buscando votos'. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirmó por su parte que, al terminar la pena de muerte, 'Chile entra a ser un país civilizado dentro del concierto internacional'.
La Iglesia católica acogió con satisfacción una derogación que los obispos ya habían solicitado. En el extremo opuesto, familiares de víctimas de homicidios y violaciones, en especial de casos de niños asesinados, que piden condenas a muerte para los culpables, criticaron la decisión. Un diario que se hizo eco de esta postura tituló: 'Violadores y asesinos ya no arriesgan pena de muerte'.
Con la resolución del Parlamento, Chile se suma a otros 108 países que han terminado con esta práctica, en su legislación o de hecho. Desde que se dictó el actual Código Penal, en 1875, un total de 57 personas han sido ejecutadas mediante fusilamiento, después de ser condenadas por los tribunales.
Los últimos llevados al paredón fueron dos ex carabineros, fusilados en 1985, en pleno régimen de Augusto Pinochet, por cometer 10 asesinatos. Sin embargo, los tres Gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura -los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos- se han opuesto a esta práctica.
Después de la violencia en la dictadura de Pinochet, donde los militares y agentes de seguridad mataron a más de 3.000 opositores, la coalición gubernamental, integrada por democratacristianos y socialistas, incluyó en su programa electoral el final de la pena de muerte como parte de los avances en materia de defensa de los derechos humanos.
Uno de los primeros proyectos de ley que el presidente Patricio Aylwin envió al Parlamento cuando asumió el cargo, en marzo de 1990, fue la derogación de la pena de muerte. Pero en diciembre de ese año los senadores de la derecha y los senadores designados bloquearon la iniciativa, manteniendo esta condena para 37 delitos.
La oposición, que en los años 90 erigió como una de sus banderas la seguridad ciudadana -y cuyo líder, el alcalde Joaquín Lavín, defendió con entusiasmo la idea de la 'tolerancia cero'-, acusó al Gobierno de dar señales de debilidad ante la delincuencia y defendió que se mantuviera la pena capital.
Para los Gobiernos de la Concertación, a su vez, el tema implicaba un costo político: ante una sentencia a muerte dictada por los tribunales, la única forma de evitar que se llevara a cabo era con un indulto presidencial, poco popular ante crímenes atroces.
Aylwin indultó, en 1992, a tres peruanos condenados a muerte por asesinar y violar a una pareja de novios, y, en 1993, a Juan Salvo, conocido como el chacal de Alcohuaz, quien mató a una mujer y sus tres hijos pequeños. Frei lo hizo, en 1996, con el asesino de un niño.
La fórmula de salida, que permitió ganar los pocos votos opositores que requería el elevado quórum de esta ley, fue un proyecto que reemplaza la pena capital por un presidio perpetuo real, en que no hay posibilidad del beneficio de la libertad condicional hasta cumplir 40 años de cárcel.
