Aznar se niega a cambiar la Ley de Extranjería porque la oferta del PSOE es "absurda"

Por si al PSOE y a su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, le quedaba alguna duda de las intenciones del Gobierno sobre el hipotético pacto de Estado de inmigración, ayer salió directamente Aznar a despejarla. El jefe del Ejecutivo señaló, durante una entrevista en la cadena Cope, que 'el Gobierno lo que ha decidido es que la Ley no se modifique'. Y agregó: 'La Ley de Extranjería no se va a modificar ni directa ni indirectamente. Se va a aplicar en los términos actuales. Es la ley [de extranjería] más abierta de Europa. Si alguien tiene una legislación más abierta y más completa en Europa, que la presente'.

Sobre la amenaza del recurso de inconstitucionalidad, Aznar remachó que le parece 'un error grave' que el PSOE promueva ahora esa actuación cuando su ley de 1985 era más restrictiva, cuando llegó a negociar los términos de la actual casi hasta el 90% de su contenido y cuando, al mismo tiempo, se muestra dispuesto a pactar su Reglamento, cuyo borrador entregará hoy Mariano Rajoy a los partidos y agentes sociales.

La respuesta del PSOE, pese a este contundente mensaje de Aznar, sigue siendo de mesura, en la esperanza de que, a última hora, La Moncloa se avenga a negociar su propuesta de siete puntos que le hizo llegar hace diez días en busca de un pacto de Estado. Pero, temiéndose lo peor, el primer partido de la oposición también ha puesto en marcha ya todos los preparativos para registrar antes del día 23 el recurso de inconstitucionalidad, que ya tiene redactado.

De hecho, el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, no ocultó al vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, en la única reunión que han mantenido hasta ahora, la intención de la Ejecutiva Federal del PSOE de promover esta actuación con la firma de 50 de sus parlamentarios si el Ejecutivo se cerraba en banda a la petición de reconocer a los inmigrantes irregulares los derechos de asociación, reunión, huelga y manifestación.

En el documento que Caldera entregó entonces a Rajoy, y que el vicepresidente se comprometió a estudiar y responder en una semana -promesa que ha incumplido-, figuran posibles fórmulas para ese reconocimiento. Una de ellas sería a través de la futura Ley de Asociación.

El Gobierno ha interrumpido estas conversaciones con el argumento de que los socialistas han intentado promover con sus votos o abstenciones diferentes recursos de inconstitucionalidad, como es el caso de Aragón, el País Vasco y Cataluña, y han anunciado otros en Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha. Rajoy considera este comportamiento una deslealtad. Pero Caldera alega que él sólo dio su palabra de que la Ejecutiva Federal no recurriría en caso de alcanzarse el pacto de Estado, y no comprometió las decisiones que pudieran tomar los socialistas en Gobiernos o Parlamentos autonómicos.

Llamada a Rajoy

Cuando ya ha pasado con creces el tiempo en que Rajoy se comprometió a dar respuesta a los siete puntos que le ha presentado el PSOE, los socialistas siguen sin darse por vencidos, al menos en sus declaraciones públicas, ya que continúan haciendo llamadas al acuerdo. Caldera telefoneó ayer mismo al nuevo ministro del Interior, pero no llegó a hablar con él porque estaba de viaje oficial en Bruselas.

Caldera hizo ayer abstracción de las declaraciones un tanto desdeñosas de Aznar y de Rajoy, quien ayer insistía desde la capital comunitaria en sentirse 'traicionado' y 'estafado', y volvió a reclamar a ambos un cambio de actitud para abordar una política de inmigración consensuada.

Los socialistas aguantarán la posibilidad del diálogo hasta el mismo día 23, final del plazo para presentar el recurso ante el Constitucional. No obstante, este asunto será el tema estrella de la reunión que el lunes 19 celebrará en Mérida la Ejecutiva Federal. 'Yo no desespero; todavía confío en que el Gobierno quiera negociar. Y si no lo hace, será una mala noticia para España', dijo Caldera.

Los socialistas han votado a favor del recurso de inconstitucionalidad en Cataluña, previo informe favorable del Consejo Consultivo, así como en Aragón. Se han abstenido en el País Vasco con el argumento de que aún no se había producido ese dictamen. Y anuncian sendos recursos, en caso de ruptura, los Gobiernos de Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estas actitudes supuestamente contradictorias, que Rajoy descalifica como 'una broma', han movido al Gobierno a descartar el acuerdo, porque cree que no se puede negociar un pacto de Estado con un partido nacional que mantiene divergencias en distintos puntos de España.