Bajo la marca de la prevaricación

El cargo de diputado foral de Agricultura en Vizcaya en las tres últimas legislaturas se ha visto salpicado por el escándalo. Sus dos últimos titulares, José Luis Garai (1991-95) y Patxi Sierra-Sesumaga (1995-99 y (desde 1999), ambos del PNV, han sido condenados por los tribunales de justicia por sendos delitos de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). La pena ha sido coincidente -ocho años de inhabilitación- aunque Garai acaba de beneficiarse del indulto a 1.443 personas que concedió el Gobierno central en diciembre pasado.

Las circunstancias y los asuntos han sido, sin embargo, diferentes en cada caso. Garai fue juzgado y condenado por permitir la caza en contrapasa -durante el trayecto de regreso de las aves a sus lugares de cría- durante tres años de su mandato. El Tribunal Superior de Justicia vasco le sentenció a finales de 1998 a ocho años de inhabilitación y el Supremo confirmó un año después esta pena para cualquier cargo público.

El alto tribunal destacó el hecho de que José Luis Garai dictara órdenes forales de autorización de la contrapasa en dos ocasiones diferentes y que las dejara sin efecto después de los recursos presentados por los ecologistas. Estimó que existía una 'conciencia y voluntad del acusado de dictar una resolución sin ser competente y con ilegalidad manifiesta y conocida'. Apenas dos meses después, en febrero de 1999, el Consejo de Gobierno de la Diputación vizcaína pidió al Ejecutivo central el indulto total, que llegó en diciembre. La inhabilitación de Garai no ha cumplido, por tanto, los dos años.

Recurso al Supremo

Su sustituto en el cargo, Patxi Sierra-Sesumaga, ha vivido una situación parecida. Su paso por los tribunales se ha debido a su anterior cargo, el de alcalde de Galdakao, y a un hecho ocurrido hace siete años. Entonces, decidió prorrogar el contrato en el Ayuntamiento de un primo tercero suyo para un puesto de economista, pese a sendos informes advirtiendo de su ilegalidad elaborados por el secretario municipal y el jefe de personal.

En 1997, la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco multó al consistorio con dos millones de pesetas por discriminar al trabajador que ocupaba anteriormente dicha plaza de economista y, ante la negativa de Sierra-Sesumaga de abonarla, su importe se cobró mediante la retirada de una subvención de 1,8 millones de pesetas que iba destinada al plan de prevención de drogodependencias.

El juicio penal se celebró el pasado 4 de diciembre en la Audiencia de Bilbao y la sentencia, dictada el pasado 25 de enero, condena al titular vizcaíno de Agricultura a ocho años de inhabilitación para el cargo de alcalde, por lo que podrá continuar como diputado.

El fallo incide en que la prórroga del contrato de economista se realizó a pesar de 'haber sido advertido de la tacha de ilegalidad por diversas personas' y estima que 'el comportamiento desajustado del alcalde demuestra y revela la obstrucción total y absoluta al cumplimiento de la legalidad en perjuicio del interés objetivo'. Añade que la actuación de Sierra-Sesumaga revela 'una voluntad dirigida a suplantar la voluntad de la ley haciendo primar su propio interés'.

La Audiencia rechaza, en cambio, la existencia de desviación de poder por el parentesco lejano con el contratado al no 'existir prueba alguna sobre esta relación ni, mucho menos, sobre su influencia en la contratación'. La defensa de Sierra-Sesumaga y la acusación han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.