El Senado tramitará la propuesta catalana sobre el 'testamento vital'

La llamada ley de testamento vital, registrada en el Senado con el nombre de Proposición de Ley sobre los Derechos de Información Concerniente a la Salud y la Autonomía de Información del Paciente y la Documentación Clínica, reconoce a los enfermos el derecho a rechazar cualquier terapia médica mediante un documento de voluntad anticipada -conocido como testamento vital y redactado ante notario o ante dos testigos adecuados-, por el que una persona, en previsión de no poder expresar su voluntad porque una enfermedad se lo impida, adelanta la decisión de no acabar sus días sometida a un alargamiento innecesario de la vida por medios desproporcionados. Lógicamente, no podrá incorporar previsiones contrarias al Código Penal.

Sobre la vigente Ley General de Sanidad, promovida en 1986 por el ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA en noviembre pasado, la propuesta de los parlamentarios catalanes refuerza la autonomía del paciente para decidir en función del cuadro clínico establecido por los médicos, y su derecho a recibir información sobre la enfermedad y a rechazar la realización de tratamientos que se le propongan.

En el articulado se recoge expresamente el derecho del paciente a rechazar algún tratamiento -por ejemplo, en el caso de los Testigos de Jehová con las transfusiones de sangre- porque el enfermo entiende que atenta contra su dignidad o voluntad. El mismo precepto deja claro que el rechazo de una prueba concreta no da derecho al médico ni al centro hospitalario a excluir al paciente de otros tratamientos.

Los portavoces de la Entesa Catalana de Progrés, Isidre Molas, y de CiU, Francesc Xavier Marimón, acompañados de los senadores Jaume Cardona (CiU) y Ramón Espasa (PSC), antes de explicar en el Senado el contenido de una propuesta aprobada ya, por consenso, en el Parlamento de Cataluña, expresaron su esperanza de que se produzca ahora la misma unanimidad, mostrándose dispuestos a retirar la proposición del registro del Senado si hay otros grupos que reclamen que ese registro se haga de forma conjunta. Aludían, sin citarlo, a la ausencia en aquel momento del senador autonómico catalán del PP Rafael Luna, cuya firma no figura al pie de la proposición de ley a pesar de que este partido votó favorablemente la norma catalana.

'No es la eutanasia'

La palabra eutanasia, que sigue suscitando gran polémica en la sociedad española, no aparece en la propuesta presentada ayer, pero su fantasma merodeó en las explicaciones posteriores. 'Nada que ver con la eutanasia en todas sus expresiones posibles', proclamaron al presentar la propuesta legal los parlamentarios de Entesa y CiU.

Esta ley 'no es en su espíritu ni en su letra una ley de eutanasia, ni pasiva ni activa'. Si el médico no puede curar al paciente está en el deber de aliviar su dolor, y si la consecuencia de este alivio con dosis de morfina, por ejemplo, es que en vez de vivir un mes vive quince días, 'a esto no se le puede llamar eutanasia', explicaron. De lo que se trata es de que no se 'produzca un ensañamiento terapéutico en contra de la voluntad del paciente', añadió el ponente de la ley, Ramón Espasa, de Entesa. 'Legislamos para todos los españoles, que son muchos más que los obispos', replicó sobre una posible reacción en contra de la jerarquía de la Iglesia católica.

Entre los derechos básicos de los enfermos contenidos en la vigente Ley General de Sanidad, se reafirma el de la autonomía del paciente para decidir tratamientos o pruebas médicas concretas, e incluso para rechazarlos libre y voluntariamente. 'Se refuerza la autonomía de la persona, que ya no sigue ciegamente los dictados del médico, pretendido conocedor absoluto de la verdad, sobre el paciente, sino que él también participa con el médico sobre si ha de ser operado o ser sometido a ésta o aquella otra prueba', resumió Espasa.

La proposición se ha presentado en el Senado -lo habitual es hacerlo en el Congreso- 'de forma intencionada para reforzar la representación territorial de la Cámara alta con la aportación de leyes ya aprobadas en parlamentos autónomos', explicaron sus proponentes.