La oposición pretende cambiar en el Senado la Ley de Extranjería

Compromiso electoral

La oposición parlamentaria mantendrá en el Senado sus enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que se debate esta semana en la Cámara alta. La ponencia inicia mañana el estudio del cambio legislativo, para pasar dos días después a la Comisión Constitucional. El texto se verá en pleno la semana próxima e inmediatamente será remitido de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.Las objeciones de la oposición se centran en la limitación de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga para los inmigrantes en situación irregular que mantiene el actual texto de la reforma, defendido por el PP.

El portavoz del Grupo Socialista, Juan José Laborda, ha manifestado que si el PP mantiene el proyecto tal y como ha llegado al Senado, se plantearán la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Asimismo, Convergència y Unió ya anunció en el último trámite del texto en el Congreso que presentaría en el Senado una enmienda transaccional a una de las disposiciones transitorias para extender el proceso extraordinario de regularización a los extranjeros que se encontraran en territorio español antes de agosto de 2000. Con ello, pretende eliminar el agravio comparativo que se produciría con la redacción actual de la disposición, que prevé la revisión de todos los expedientes denegados en el proceso por no cumplir el requisito de encontrarse en España desde antes del 1 de junio de 1999.

El PP se mantiene firme en su postura de mantener la reforma tal y como la plantearon en el Congreso. La ponente en el Senado, Rosa Vindel, recordó que la ley forma parte de los compromisos electorales del PP. "Hemos cumplido nuestra promesa, y nuestra obligación es defender el proyecto. Aunque estamos deseosos de estudiar las enmiendas, somos partidarios de esta ley por ser la idónea", dijo la senadora.La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) también se plantea, al igual que los socialistas, recurrir al Tribunal Constitucional si el PP no acepta modificaciones sustanciales en el texto. Según su presidente, Fernando Mariño, la propuesta actual de acotar los citados derechos fundamentales "roza los límites de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por España".

Asimismo, indicó que la expulsión de España de cualquier inmigrante irregular en 48 horas -como se prevé en el proyecto de ley- plantea problemas en la tutela judicial y en la petición de asilo y refugio.

Por otra parte, diversas ONG, sindicatos, partidos y asociaciones de inmigrantes tienen previsto concentrarse hoy ante la Delegación del Gobierno en Madrid para protestar contra la reforma de la ley, por considerarla "injusta e innecesaria".