La desigualdad daña la salud de los españoles

Es frecuente referirse al sistema de salud español con satisfacción, optimismo o incluso euforia. Un informe de la OMS, por ejemplo, lo ha calificado recientemente como uno de los mejores del mundo. Sin querer discutir las claras insuficiencias de dicha estimación, no cabe duda de que en las dos últimas décadas la red de atención sanitaria española ha realizado importantes progresos ayudando a la reducción de las históricas diferencias en el uso de los servicios sanitarios entre las clases sociales. Sin embargo, la ampliación y mejora de la atención sanitaria no garantiza que todos los ciudadanos tengan igual accesibilidad y calidad en los servicios sanitarios, ni mucho menos que la salud y calidad de vida de los españoles sea equitativa. Por un lado, porque acceder a un nivel básico de servicios no significa que exista un nivel homogéneo en cuanto a sus prestaciones y calidad; y por otro, porque el nivel de salud del que disfrutan los ciudadanos no depende en gran parte de los servicios sanitarios disponibles.Aunque esta última afirmación pueda resultar paradójica, recordemos que con frecuencia la realidad no es como la vemos a primera vista. Cualquier estudiante de salud pública sabe que el impacto del sistema sanitario de un país sobre la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, aun siendo muy relevante, es relativamente menor en comparación con el conjunto de factores sociales de tipo económico, laboral, ambiental y cultural que afectan a una determinada población.

El informe SESPAS 2000, publicado hace unos días por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ha añadido luz a la afirmación anterior echando un jarro de agua fría sobre la complacencia con la que se suele hablar de la sanidad y la salud de los españoles. Como se verá a continuación, las conclusiones del estudio no invitan precisamente a la satisfacción. España posee una de las incidencias de sida y tuberculosis más altas de la Unión Europea. La elevada prevalencia en el hábito de fumar y especialmente el alarmante aumento del consumo entre las mujeres se refleja en un aumento de carácter epidémico del cáncer de pulmón. El índice de accidentes de tráfico y accidentes laborales de España se encuentra entre los más altos de Europa. Deficiencias de las viviendas como las goteras afectan a uno de cada diez hogares, siendo cuatro veces más frecuentes en los de clases bajas. Otros datos, como el elevado porcentaje de trabajadores precarios, la contaminación del medio ambiente, la violencia doméstica o la falta de recursos para la salud mental tampoco invitan al optimismo.

No obstante, uno de los aspectos más preocupantes puesto de relieve por el informe tiene que ver con el examen de las desigualdades sociales en salud. A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, España no es en comparación con la Unión Europea un país rico ni un país desarrollado socialmente. Nuestro nivel de renta no llega al 80% del promedio europeo, el nivel de protección social apenas si sobrepasa el 60%, las desigualdades de la renta se hallan entre las más elevadas de Europa, y en España viven más de siete millones de pobres, un 20% de los cuales son pobres de solemnidad. Esos promedios esconden, además, desigualdades geográficas de enorme magnitud.

Pues bien, al analizar dónde se refleja esa desigualdad social en la salud, el informe SESPAS 2000 indica lo siguiente: si la mortalidad de las zonas más pobres fuera la misma que la de las zonas más ricas, en España podría evitarse la muerte de más de 35.000 personas cada año. En otras palabras, cada hora mueren como promedio cuatro personas debido a la desigualdad social. El mayor número de zonas de alto riesgo se concentra al sur del paralelo 40, o si afinamos más, al sur de una línea diagonal que cruza desde Lugo hasta Alicante. Por dar otro dato, Andalucía y Extremadura, con sólo una quinta parte de la población española, suman una tercera parte de esas muertes evitables.

El informe, además, también indica en quién se produce la desigualdad, señalando que son las clases sociales más desfavorecidas, y muy en especial las mujeres, quienes mueren antes, enferman más, y tienen con mayor frecuencia hábitos perjudiciales para la salud y peor calidad de vida. Las mujeres de clase social más pobre tienen más del doble de riesgo de sufrir diabetes en comparación con las de clase social más rica. El tiempo de espera para ingresar en los hospitales es cuatro veces mayor entre las personas sin formación en comparación con quienes tienen el mayor nivel educativo. Aún más preocupante que esos datos provenientes de las investigaciones científicas recopiladas en el informe son dos de las características de esas desigualdades. En primer lugar, que las mismas no se concentran en los grupos sociales extremos sino que existen en forma de gradiente, de modo que los problemas de salud aumentan conforme bajamos en la escala social; y segundo, que las desigualdades tienden a aumentar.

Las desigualdades en salud son uno de los mejores indicadores que tenemos para valorar los logros sociales de un país. Desigualdades como las señaladas no llaman precisamente a la euforia. Sin embargo, esos resultados negativos, muchos de los cuales son ya conocidos, no han producido hasta el momento ninguna reacción por parte de las administraciones públicas, ni han abierto un debate social y político que es urgente y necesario.

Dada la consistencia del conocimiento científico, que muestra que las desigualdades sociales dañan nuestra salud, y sabiendo que esos factores sociales son modificables, habremos de convenir que las desigualdades en salud pueden reducirse. Hacen falta recursos pero, sobre todo, una acción política decidida y clara que pueda evaluarse públicamente. El retraso en abrir ese debate y en la aplicación de esas políticas implicará contribuir a que en España los más desfavorecidos sigan pagando con su salud el precio de la desigualdad social.

Joan Benach es profesor de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y uno de los más de 50 coautores del informe SESPAS 2000.