Los archiveros exigen más garantías de acceso a la documentación en la nueva Ley de Archivos

La Asociación de Archiveros de Cataluña (AAC) entregará a todos los partidos políticos con representación en el Parlament y al Departamento de Cultura un extenso informe en el que propone un gran número de enmiendas al proyecto de ley de Archivos y Documentos de Cataluña aprobado esta semana por el Gobierno de la Generaliltat. Las objeciones que pone la asociación al texto elaborado por el equipo del consejero Jordi Vilajoana afectan singularmente a los artículos que regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación. Y abogan también por que sea el Departamento de Presidencia y no el de Cultura el que se sitúe en la cúpula del Sistema de Archivos de Cataluña.

Largamente reivindicada, la elaboración de una nueva Ley de Archivos fue abordada finalmente por el Departamento de Cultura, dirigido entonces por Joan Maria Pujals, en 1997. Una comisión integrada por representantes de la dirección general de Patrimonio Cultural y de la Asociación de Archiveros de Cataluña culminó en noviembre del año siguiente -1998- un anteproyecto de ley que parecía del gusto de todos: un texto avalado por la Generalitat y por los profesionales del sector no debía encontrar en los bancos de la oposición, durante su tramitación parlamentaria, graves objeciones. Participaron en la redacción por parte de la Generalitat, el jefe del servicio de Archivos, Francesc Olivé, y el director del Archivo Nacional de Cataluña, Josep Maria Sans Travé, ambos archiveros. Representaron a la asociación -que agrupa a la práctica totalidad de los profesionales que trabajan en Cataluña- su presidenta, Mariona Corominas, Ramon Alberch y Josep Matas.Una vez en manos de los responsables políticos, el texto comenzó a sufrir modificaciones. La convocatoria de las elecciones autonómicas en octubre de 1999 dejó el proyecto en suspenso hasta que el nuevo titular del departamento, Jordi Vilajoana, se comprometió el pasado mes de marzo, al explicar sus proyectos en el Parlament, a impulsarlo de nuevo. Y, al parecer, lo hizo de espaldas o al menos sin el concurso de la asociación de archiveros, que en una asamblea extraordinaria celebrada el 30 de junio último defendió el texto elaborado a finales de 1998 y denunció la actitud de la Generalitat de impulsar una nueva versión sin ningún tipo de diálogo con el colectivo profesional.

El texto al que finalmente esta semana ha dado luz verde el Gobierno de la Generalitat no es el que provocó las iras de los archiveros, pero tampoco es el que habían pactado con Olivé y con Sans Travé. Existe entre ambos textos una diferencia básica, de concepto, que se expresa al enumerar los órganos que forman parte del llamado Sistema de Archivos de Cataluña. El proyecto aprobado por el Consell Executiu sitúa en la cúpula del mencionado sistema a un "órgano del Departamento de Cultura", mientras que el texto pactado con los archiveros otorgaba este papel a "un órgano de la Generalitat".

Modelo archivístico

La diferencia no es baladí, ya que expresa una distinta concepción del modelo archivístico a aplicar. Los profesionales abogan por un sistema de gestión documental que regule la vida del documento desde el momento mismo de su creación hasta su ingreso -una vez perdida su vigencia jurídica, económica o administrativa- en un archivo histórico. Por este motivo y, dada la diversidad de los archivos que formarán parte del sistema -estará el Archivo Nacional de Cataluña, naturalmente, pero también el del Síndic de Greuges, el del Departamento de Sanidad o el de la loto catalana, por poner algunos ejemplos-, los profesionales creen que el "órgano de la Generalitat" que debe estar al frente del sistema de archivos es el Departamento de Presidencia y no el de Cultura. Para los representantes de la asociación, la propuesta de que sea el departamento que dirige Vilajoana el que dirija el sistema revela que la Generalitat considera la archivística como un sector más vinculado a preservar la memoria histórica que a defender los derechos de las personas y de las instituciones, públicas y privadas.

También cuestionan los archiveros, del proyecto de ley elaborado por el Departamento de Cultura, los artículos que regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación. No tanto por lo que dicen como por lo que omiten en relación al texto consensuado de 1998. Existía en este texto la previsión de constituir una Comisión Nacional de Acceso y Evaluación de Documentos con la misión expresa de promover y garantizar el ejercicio del mencionado derecho. En el proyecto aprobado ahora, la comisión ha perdido, junto al término acceso que figuraba en su denominación, casi todas las competencias en la materia. Y entre ellas, una de especial importancia: "La elaboración de las tablas de acceso a los documentos públicos, que precisarán los grados y plazos de accesibilidad". Ahora todo ello se confía a un reglamento que, se supone, elaborará la Administración.