La guerrilla colombiana mantiene a 500 policías y soldados en un campo de concentración

Los colombianos han visto en televisión, por primera vez, otra cara del conflicto: policías y militares en poder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos llevan encerrados, en lo que parece un campo de concentración, tres años. Parecen sombríos, sin esperanza, amontonados frente a una fría y alta alambrada. Para el Gobierno se trata de "secuestrados"; para la guerrilla, "prisioneros de guerra".

La crudas imágenes y los testimonios presentados por una cadena privada de televisión, que acompañó a dos familiares de los más de 500 capturados en combate, dejaron en evidencia las duras condiciones de detención: "Por no tener derecho a muchas cosas que son fundamentales para sobrevivir con dignidad, considero que están violando nuestros derechos", aseguró un preso.Los generales, la prensa y muchos más hablan de "campos de concentración" o de "jaulas de alambre". El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que "toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad" y exhortó a la guerrilla a permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a los lugares en que "se encuentren personas privadas de la libertad en relación al conflicto".

El dolor de las madres y familiares de los cientos de prisioneros y el asunto del canje de éstos por guerrilleros en prisión, exigido como cuestión prioritaria por las FARC, alcanzó las primeras páginas tras meses de olvido.

El presidente Andrés Pastrana, quien hasta ahora se ha negado a recibir a las madres y esposas de los uniformados, encargó esta tarea al comisionado de paz y anunció que el "canje debe tratarse en la mesa de negociación". Antes puso como condición que se aclare el caso de Arnobio Ramos, un miembro de las FARC canjeable que, aprovechando un traslado para cumplir una cita judicial, secuestró un avión para llegar a la zona desmilitarizada donde aún se encuentra y se celebran las conversaciones de paz.

El proyecto que plantea facultades extraordinarias para el presidente, con el fin de realizar un "intercambio humanitario", se volvió a tratar en el Congreso. "El país está maduro para asumir un debate sensato sobre este asunto", dijo el senador Juan Manuel Ospina, que presentó la iniciativa acompañado de familiares de policías y soldados, quienes vestían camisetas con fotos de sus parientes detenidos.

La iniciativa plantea dificultades legales. "Al presidente no se le pueden dar funciones judiciales", sostienen algunos. El fiscal asegura que sólo pueden ser beneficiados los acusados de delitos políticos, no los detenidos por los llamados delitos atroces, incluido el secuestro.