Gobierno y PSOE negocian mejorar los sueldos de los políticos
Rajoy y Caldera discuten la actualización de los salarios y la financiación de los partidos
El Gobierno y el PSOE están negociando fuera del Congreso la subida del sueldo y de los medios de los parlamentarios y altos cargos, una cuestión sobre la que no hay un acuerdo en profundidad desde hace 12 años. Los dos principales partidos han apartado este tema de la discusión, casi culminada, sobre la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. La mejora de los sueldos forma parte, pues, de las conversaciones iniciadas tras el verano entre Gobierno y PSOE para actualizar la desfasada ley de financiación de los partidos y las retribuciones de los altos cargos.
La financiación de los partidos políticos y los sueldos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno han salido así por ahora del ámbito parlamentario, tras más de cinco años de frustrados intentos de acuerdo en ese foro, para ser objeto de discusión política bilateral entre las cúpulas del PP y del PSOE. El vicepresidente primero del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el portavoz en el Congreso del PSOE, Jesús Caldera, han incluido esas reivindicaciones en un paquete de negociación de grandes proyectos legislativos que incluye también la revisión del reglamento con el que funciona el Congreso. Si en estas reuniones reservadas e impulsadas tras el verano hay alguna aproximación, estas materias volverán al Parlamento, su lugar natural, para someterse a la discusión de todos los grupos y para convertirlas en leyes.Precisamente, los Presupuestos del Estado para 2001 que entraron el viernes en el Congreso han puesto de nuevo de manifiesto las diferencias retributivas del Legislativo y el Ejecutivo en relación, sobre todo, con el Poder Judicial. Mientras el presidente del Gobierno, José María Aznar, recibirá el año que viene 13.059.696 pesetas brutas en 12 pagas (21.340 más al mes que ahora), el presidente del Tribunal Supremo cobrará 20.831.198 pesetas. Un vicepresidente percibirá 12.274.800 pesetas y un ministro, algo más de 11 millones y medio, seis millones menos que un vocal del Consejo General del Poder Judicial.
En el caso de los diputados, un parlamentario por Madrid portavoz de una comisión alcanza al mes netas unas 580.000 pesetas, como un ministro no diputado. Y cobran otras cien mil pesetas más los de otras circunscripciones para pagar el alojamiento y la manutención en la capital y mantener su casa. PP y PSOE precisan que en caso de lograr un acuerdo sólo se producirá "una actualización retributiva muy moderada", que tampoco se apreciaría en breve porque la mejora presupuestada para 2001 no llega al 3%, como la de los funcionarios. Ambos partidos afrontan estas negociaciones con mucha cautela a la vista de los antecedentes.
Unas veces por el PP y otras por el PSOE, durante la pasada legislatura y parte de la anterior, es decir, más de siete años, resultó imposible que las Cámaras abordasen unas reformas que todos los partidos desean y que no se limitan a aumentar el sueldo de los políticos. También se requieren más recursos, asesores y colaboradores, algo que se plasmará en el futuro por escrito en el nuevo Estatuto del Diputado.
Sobre el reclamado incremento de los sueldos de los políticos ha pesado que nadie quiere enfrentarse en solitario a la reacción de la opinión pública. Los distintos presidentes de las Cortes de los últimos 12 años no asumieron la responsabilidad de aparecer como los adalides de la mejora salarial de los parlamentarios. Sus tímidos intentos de proponerlo, arropados por los demás miembros de las mesas de todos los partidos, quedaron siempre sepultados por la voz del Gobierno en sentido contrario.
Al final de la pasada legislatura, el entonces líder del PSOE, Joaquín Almunia, y el ministro de Economía, Rodrigo Rato, hoy vicepresidente económico, amagaron con actualizar esa situación. Pero surgieron otras prioridades y el temor a las críticas.
Hasta ahora, cuando CiU, IU y el PNV aproximaban posiciones sobre la financiación de los partidos o el Reglamento del Congreso, uno de los dos grupos mayoritarios se levantaba de la mesa y rompía la negociación.
En el inicio de esta legislatura, esos dos partidos quieren intentarlo de nuevo, pero sacando esos problemas conflictivos del terrero parlamentario para negociar más discretamente. PP y PSOE creen que si llegan así a un pacto repartirán las responsabilidades entre todos los partidos y políticos de distintas instituciones.
La emprendida reforma de la financiación de los partidos choca, en principio, con concepciones diferentes respecto a las donaciones privadas y a su opacidad. El PSOE, después de salir de las acusaciones y condenas judiciales por financiación ilegal en torno al caso Filesa, decidió radicalizar sus posiciones en esta materia. Algo que ha llevado al resto de los partidos a cuestionar ese exceso de puritanismo que pone en duda la posibilidad de que empresas privadas puedan hacer donaciones y mucho menos, como sugieren el PNV y CiU, que éstas puedan ser anónimas en cantidades no muy altas, aun sujetas a negociación.
En cualquier caso, el grueso de la financiación de los partidos seguirá siendo pública, es decir, procedente de los Presupuestos del Estado, algo respecto a lo que nadie pone objeciones.
Los socialistas, que como los de IU padecen económicamente la merma de votos de las últimas elecciones, han propuesto una nueva asignación de dinero público a los partidos "atendiendo menos a los resultados electorales". De esa forma se entregaría una cantidad fija para los partidos que oscilaría entre el 30% y 40% de los votos y no como ahora, que se paga por cada sufragio recibido.
